Más allá de los ¢100 millones anuales que el gobierno de Costa Rica tendría que gastar en el centro de instrucción que el FBI instalaría en nuestro país, otras cosas deben ser conocidas por la opinión pública nacional. No se trata de una «academia» en el sentido de «sociedad científica, literaria o artística», sino de un lugar donde, según los lineamientos del FBI, se entrenará a oficiales latinoamericanos en labores relacionadas con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, «para minimizar el impacto de las actividades criminales internacionales sobre los Estados Unidos», dice el director del FBI, señor Louis Freeh. Esta «Academia del Sur», se sumaría a las que funcionan en Bostwana, Hungría y Tailandia, formando así una especie de escudo virtual, a distancia, compuesto por los cientos o miles de oficiales «capacitados» para colaborar con los pares estadounidenses. Menor importancia estratégica parece dársele a la que funciona en Nuevo México, pues el idioma inglés supuestamente constituye una barrera infranqueable para los policías y agentes del OIJ, Seguridad Pública y congéneres latinos.
Al tiempo que el congresista Lee Hamilton se ha referido a los programas de asistencia y entrenamiento que el gobierno estadounidense dirige a policías extranjeros, como «un monstruo de muchas cabezas», otros dirigentes norteamericanos se preguntan el porqué se esconden operaciones «contrainsurgentes» bajo el velo de la lucha contra el narcotráfico, como sucede en Colombia. También se critica el hecho de que unidades de policía de Perú, México, Colombia, entrenadas por EE.UU., hayan sido implicadas en actos de corrupción e irrespeto a los derechos humanos, gracias a los millones de dólares así invertidos. Como se ve, no se trata sólo de una discusión limitada al mundillo doméstico costarricense.
Habiéndose iniciado los cursos de la «ILEA South» en Panamá (noviembre 97 y marzo 98) se dice poco del por qué no se siguió con los planes de instalación en ese país. Tampoco se comenta nada en cuanto a que se busca la colaboración de un país latino pues «otra gran preocupación es la habilidad en ofrecer contribuciones significativas (financieras) de forma tal que Estados Unidos no corra con todos los costos», como fue expresado por el funcionario del FBI ante el Congreso norteamericano en 1998. ¿Qué dirá frente a esto el ministro Alberto Dent en vista de su política de austeridad?
En fin, la verdad sobre la ILEA empieza por aclarar que detrás de ese centro de capacitación se encuentra un organismo que como el FBI, ha sido, a través de los años, fuente de corrupción e intolerancia. Que se pretende que funcionarios de una nación irrespetuosa del derecho internacional, jueguen el paradójico papel de maestros en el «cumplimiento de la ley». Que Costa Rica tendrá que cubrir los gastos de mantenimiento, operación y seguridad de las instalaciones, así como del salario del «Director Ejecutivo» responsable de los aspectos administrativos. Que así como antes don Abel dijera que se daría capacitación en el campo ambiental, ahora se dora la píldora señalando que funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, del Poder Judicial y del área de los derechos humanos, serán instructores en ese centro del FBI. Que los oficiales que nos visiten como parte de las actividades de la ILEA, tendrían («previa notificación de los Estados Unidos») inmunidad ante organismos como la Corte Penal Internacional y otros entes jurídicos nacionales y extranjeros, y gozarán de exoneraciones excepcionales de impuestos. Y finalmente, que para hacer «lo que se dice vienen a hacer», no hace falta que se comprometa irreflexivamente el suelo costarricense involucrándonos en el «Plan Colombia» y el combate contrainsurgente, sólo para acceder sumisamente a los deseos de «la Embajada».
