¿Legalicemos la discriminación?

La vida política de Costa Rica se encuentra permeada de contradicciones. Una de las más grandes que he visto es el proyecto 19099, mal

La vida política de Costa Rica se encuentra permeada de contradicciones. Una de las más grandes que he visto es el proyecto 19099, mal llamado “Ley para la libertad religiosa”, que fue convocado por el Ejecutivo y que es avalado por el denominado “grupo cristiano” de legisladores.

Los defensores de este proyecto afirman estar buscando la promoción de la tolerancia y la libertad religiosa; no obstante, el texto de este deja claro que “aplican restricciones”, pues tras una larga diatriba sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la libertad de culto/pensamiento, lo contradice totalmente en su sexto artículo. Cito: Art. 6 Materia excluida. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente ley, las actividades y entidades cuya finalidad esté relacionada con el estudio, la práctica y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, satanismo, ocultismo, panteísmo, astrología, esoterismo, chamanismo, brujería, hechicería, prácticas mágicas y supersticiosas de cualquier tipo, espiritistas u otras análogas, ajenas a la religión.

Si bien tiene sentido excluir a ciertos sectores, como los fraudulentos psíquicos, parapsicólogos y similares, este artículo en particular se excede. ¿Quién definirá qué es y qué no es ocultismo o esoterismo? ¿Podría excluirse al judaísmo porque la Cábala es una de sus tradiciones? ¿O al budismo porque se cree en la reencarnación y la meditación? ¿Y quién decidirá qué se entiende por satanismo, si para algunos  fundamentalistas prácticamente todo lo que no sea su iglesia lo es?

En un ejemplo de racismo, la mención del chamanismo implica que las religiones autóctonas de nuestros pueblos indígenas no podrán acceder a los beneficios, lo mismo que el taoísmo y otros credos orientales panteístas, ni hablar de la religión wiccana internacionalmente reconocida como pacifista y ecológica, que tiene en el país una comunidad muy activa.

No es correcto en un Estado democrático, respetuoso de los convenios de derechos humanos, incluir expresamente a un grupo religioso como sujeto de discriminación. Tal cosa bien podría violar tanto las leyes del país, como tratados internacionales o buscar privarles de los derechos que les da nuestra Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. Una cosa que parecen olvidar estos diputados y el Ejecutivo es que los derechos aplican a todos (as), no sólo a quienes nos caen bien.

Pero, además de los elementos mencionados ya de por sí preocupantes, existen otros en la ley que, de aprobarse, ponen en peligro nuestro sistema de derecho. La obligatoriedad del Estado de proteger la existencia de las iglesias (dice específicamente iglesias, que son templos del cristianismo, no dice sinagogas, pagodas o mezquitas), sin importar si estas cumplen con las regulaciones sobre contaminación sónica, seguridad en edificios con grandes aglomeraciones, etc., da carácter representativo legal a la Alianza Evangélica, la cual ha tenido comportamientos éticamente cuestionables en el pasado (como dar la adhesión a candidatos), establecer un financiamiento con fondos públicos a dichas organizaciones, crear la figura de la objeción de consciencia que implica el derecho a negarse a cumplir la ley si choca con las creencias personales; es decir, un funcionario del IMAS podría negarse a darle una ayuda a una persona homosexual argumentando objeción de consciencia, lo cual se traería al traste todos los esfuerzos del país en materia de lucha contra la homofobia, la discriminación y los DDHH, y otras medidas que no son aceptables en ninguna circunstancia.

Que exista un marco jurídico que regule a las organizaciones religiosas es perfectamente razonable y se da en casi todos los países. No es contradictorio con el Estado laico, pues países famosos por su rigurosa laicidad como México, Estados Unidos y España, tienen leyes similares. El problema es que este proyecto está hecho a la medida para beneficiar solo a las iglesias evangélicas y excluir a las minorías religiosas que no son de su agrado; esto, lejos de promover la igualdad que nos quita el Estado confesional, sólo crea un nuevo abuso.

Es irónico que aquellos que se oponen a otorgarle derechos a la comunidad LGBTI,  argumentando que es una minoría, sí crean que es conveniente apoyar privilegios y beneficios cuando la minoría es la de ellos.

Más preocupante aún resulta la actitud de don Luis Guillermo, que en campaña se comprometió con el Estado laico y participó en actividades ecuménicas alentadoras. Espero que, desde el Legislativo, el PAC haga valer sus compromisos de campaña e ideario ideológico oponiéndose a esta lamentable iniciativa.

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