La libertad de expresión pasa por las libertades de prensa y de empresa, y con ellas, en tanto, libertades básicas, no se juega, reclaman Luis Mesalles (La Nación, 11/0415) y Emilio Bruce (La República, 10/04/15), ambos profesores universitarios y miembros de Uccaep, al unísono con el editorial de La Nación del 8/0415, a propósito de la propuesta de Ley de Radio y Televisión presentada por el Micitt.
Según el parecer de ese medio y de tan distinguidos académicos y miembros de las Cámaras Patronales, la iniciativa del proyecto vendría a socavar seriamente las libertades de expresión y de prensa en el país, pero: ¿Qué es esa libertad de expresión por cuya defensa han caído ya dos ministros y un viceministro, y hasta donde ella se funde con las libertades de prensa y de empresa? ¿En qué medida todas ellas constituyen libertades fundamentales al punto de ni siquiera tolerarse que sean objeto de deliberación pública? ¿Y hasta dónde el proyecto de radio y televisión presentado por el Micitt constituye un proyecto mordaza que atenta contra dichas libertades y nuestras tradiciones democráticas?
Al parecer, las respuestas a estas preguntas resultan más que obvias, pues en ningún momento representante alguno del Gobierno, incluidos los funcionarios cesados al respecto, ha puesto en cuestión las sacrosantas verdades expuestas por sus interpeladores, al punto de que no ha aparecido quien fuera responsable de semejante iniciativa.
Sin embargo, creemos que responder a estas preguntas no resulta tan ocioso, y que para formarse una opinión o tomar partido sobre lo que unos denuncian y otros evitan asumir responsabilidad, resulta cuando menos pertinente tener claros los conceptos implicados y las relaciones y compromisos que suponen términos como libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empresa y libertades fundamentales.
Pues bien, cuando hablamos de libertad de expresión, nos referimos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al “derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y expresión, lo que supone” entre otros, «el derecho… de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969, se señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito… o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto”.
En este Pacto se contempla también que no se puede restringir el derecho de expresión por vía o medio oficial o particular alguno encaminado a “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Por otra parte, y a pesar de proclamarse la defensa de la libertad de pensamiento y expresión, no dejan en el Pacto de contemplarse limitaciones a dicha libertad como las de incitar a la violencia bélica “y toda apología del odio nacional, racial o religioso… por ningún motivo”. En fin, si bien un derecho fundamental, el derecho a la libre expresión no resulta absoluto ni ilimitado.
Lo menos que se puede colegir entonces es que no se necesita de ninguna ley mordaza para denunciar que en este país la libertad de expresión ya está seriamente restringida en muchos de sus aspectos, tanto por controles oficiales como particulares, y que si hemos de darles algún crédito a los reclamos de Bruce, Mesalles, La Nación, Canara y otros, ello sería, no por oponerse a este proyecto en particular sino, porque oponiéndose a él, se demuestra y denuncia cómo el mismo viene a reforzar el socavamiento existente de la libertad de expresión en el país, tanto por parte de los controles estatales como de los que ejercen los mismos medios; caso contrario, es claro el sesgo en favor de unas libertades a costa del detrimento de otras que anima tales reclamos.
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