Afirma el académico y representante de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Emilio Bruce (La República, 10 de abril de 2015), que la libertad de prensa es inconcebible sin la libertad de empresa, ambas, junto con la libertad de expresión, agregan La Nación y el también miembro de Uccaep, Luis Mesalles, presuntamente amenazadas en la propuesta de Ley de Radio y Televisión presentada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya en artículos anteriores poníamos en duda el sentido y alcances de estas denuncias en torno al supuesto socavamiento que de la libertad de expresión conllevaba el proyecto del Micit; igualmente dudábamos de la presunta relación de identidad y consonancia que se proponía entre libertad de expresión y libertad de prensa. Ahora quisiéramos referirnos a esta tercera premisa de que la libertad de expresión y la de prensa resultan inconcebibles sin la libertad de empresa.
Cuando hablamos de libertad de empresa, se acostumbra asociarla con la facultad de cualquier persona para emprender una actividad comercial de venta de productos o servicios a terceros con un fin lucrativo. En el caso que nos toca, la libertad de empresa sería la facultad de cualquier persona para hacer de la libertad de expresión o de prensa una mercancía. Pero, ¿acaso pueden ser compatibles la libertad de expresión y la libertad de prensa con las reglas que rigen la libre circulación de mercancías?
Si la libertad de expresión conlleva la libertad de que goza cualquiera para publicar sus ideas libremente y sin censura previa, ¿acaso no constituye una limitación a dicha libertad el que tales ideas deban satisfacer el sacrosanto principio de la ley del hierro mercantil, esto es, que solo sobrevivirán y merecerán difusión aquellas ideas que resulten rentables o que sean del agrado del consumidor? ¿Desde cuándo entonces la libertad de expresión ha de estar regulada por las inclinaciones del receptor, y quién sabe si no más bien de los criterios de rentabilidad del distribuidor o, peor aún, del anunciante, antes que del libre albedrío del emisor? Y aun más, ¿que la libertad de prensa esté en función del gusto del receptor, cuando no de las conveniencia del distribuidor o del anunciante, en vez de las oportunidades de acceso y la satisfacción de necesidades informativas de la sociedad?
¿Por qué el mercado, regulado por la máxima del lucro, iba a ser mejor garante de la libertad de expresión e información que el Estado democráticamente estatuido, en tanto este resulta a la vez expresión de la voluntad de las mayorías y celoso guardián del derecho de las minorías?
Cuando las libertades de pensamiento y de información quedan supeditadas a la libertad de empresa, como efectivamente es el caso en nuestro país, tanto la libertad de expresión como de prensa quedan necesariamente restringidas al interés mercantil, y político, de un reducido grupo de privilegiados que disponen de los recursos para comprar y mantener los medios masivos y de paso, vaya casualidad, disponen también de los principales recursos de acceso al poder político e ideológico.
En tales circunstancias lo que parecen poner en evidencia los argumentos de Bruce, Mesalles, La Nación y demás adalides del neoliberalismo, es que ninguno de ellos en realidad cree en la democracia de la que suelen jactarse como fieros paladines, o peor, aun, que su interés está en el lucro, no en las libertades que dicen defender.
Sea este el caso o no, lo cierto es que esta identificación entre libertad de empresa, libertad de prensa y libertad de expresión, está muy lejos de ser real y cuando menos nuestros aludidos deberían tener la decencia de dirigirse francamente al público, que es lo que presuntamente hacen, contextualizando y problematizando antes que mixtificando e interpelando como lo hacen.
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