Son quienes ocupan el Primer Poder de la República. Son quienes forman las leyes que nos rigen a todos los habitantes del país. Son quienes definen el Presupuesto de la República de Costa Rica, y aún así, no sabemos quiénes son.
Cada cuatro años los costarricenses participamos en una fiesta democrática en la que elegimos a lo que llamamos ‘‘un nuevo gobierno’’, en el cual hay un ‘‘nuevo Congreso’’ ocupado por ‘‘nuevos diputados’’. Diputados que la gente elige ciegamente, confiando en un color y en los intereses de un partido. No sabemos quiénes son y, por lo visto, tampoco nos importa.
El sistema de elección parlamentaria en Costa Rica asigna, por cada provincia, listas cerradas de candidatos con un orden específico, impuesto por cada uno de los partidos políticos que participan en la elección. Un proceso que en primera instancia parece inofensivo ha causado vicios de representatividad en nuestro Congreso, donde el voto efectivo termina por poner en la curul a una persona completamente desconocida para el votante.En el mejor de los casos, se conoce el nombre de quien encabezan la lista. En el peor de los casos se vota por un color. Es así cómo un tercer lugar por Guanacaste y virtual desconocido para la gran mayoría de los ciudadanos ocupa hoy la Presidencia del Congreso (no digo que Luis Fernando Mendoza sea buen o mal congresista, pero sin duda alguna su nombre no es familiar). Si bien los partidos minoritarios quizás representen una excepción, estos en su totalidad no suelen ser ni siquiera un 10% de la cantidad de curules en el Congreso.
Sea cual sea el caso, lo cierto es que al final de las elecciones, es muy raro ver que algún ciudadano conozca quiénes son los congresistas de su provincia. La última encuesta de UNIMER muestra que dos de cada tres costarricenses no pueden mencionar ni un solo nombre de los 57 que conforman la Asamblea Legislativa. Los candidatos relevantes son los presidenciales o, siendo optimistas, los primeros de la papeleta de diputación; los demás, aunque presidan comisiones en la Asamblea o formen parte del Directorio Legislativo, para fines electorales no importan.
Más allá de un problema de representatividad, esto genera serios vicios en el accionar ciudadano y la capacidad de exigir una rendición de cuentas efectiva. ¿Cómo reclamarle al diputado o diputada de una provincia cuando no se sabe quién es? ¿Qué canal de comunicación puedo tener con él o ella? ¿Qué incentivo va a tener él o ella para dar a conocer su labor a la provincia?
Es cierto que es deber del ciudadano informarse, pero esta información debería ser provista por quien esté interesado en ocupar una curul y al votarse por una lista y no por un candidato en particular, esta persona le debe cuentas, en la práctica, a su partido, no a la ciudadanía. Si su nombre no sale en los periódicos, podrá pasar desapercibido, rindiéndole cuentas sólo a su agrupación política.
Un sistema de votación en el cual uno pueda elegir al candidato y no atarse a una lista, no sólo aseguraría una votación más transparente; también obligaría a quienes quieren ocupar los curules a acercarse directamente a las comunidades que representa y no sólo al partido político al que pertenece. Daría una imagen clara de cómo se está gestionando la labor legislativa y le daría el peso a los diputados que su posición lo requiere, eliminando así a los diputados ‘‘que no importan’’.
