En la campaña electoral, pensamos que los candidatos salen a convencernos de que voten por ellos por la calidad de sus propuestas, sus ideas y sus trayectorias. Sin embargo, en los últimos días, la prensa ha evidenciado otros recursos de poder que está usando la campaña de Johnny Araya Monge.
El 14 de octubre, La Nación informó sobre unas Caravanas de Salud administradas por la esposa del candidato, Dra. Sandra León, para la campaña del PLN. En ellas, daba atención bucodental gratuita en comunidades pobres y a las personas atendidas se les entregaba propaganda del candidato. En sus ediciones #2014 y #2015, el Semanario Universidad le dio espacio a la denuncia de Jorge Arguedas sobre la organización de “redes solidarias” en las instituciones públicas por parte del PLN. A través de éstas, pretende movilizar los votos de 50.000 funcionarios públicos a favor de Johnny Araya. A cambio, ofrece “apoyar y fortalecer a todos los miembros ACTIVOS” del PLN en el sector público en la administración 2014-2018.Como respuesta a esas denuncias, dirigentes de la campaña de Johnny Araya rápidamente contestaron que los servicios de la Dra. León no se están financiando con recursos de campaña y que los funcionarios públicos que forman parte de las redes “solidarias” no realizan estas labores en horas hábiles. Como si ese fuera el punto. El problema son los recursos de poder a los que están recurriendo.
Dar servicios dentales gratuitos a poblaciones que no tienen acceso a estos, y el reclutamiento de funcionarios públicos con el señalamiento expreso que su actividad será recompensada en la administración siguiente (lo cual incluye implícitamente el castigo, aislamiento o frustración de los ascensos de quienes no se “activen” en la campaña del PLN) es usar vulnerabilidades, carencias y subordinación para ganar votos, agradecimiento y ascensos en las carreras de los y las funcionarias “activas”. Estas son violaciones de la condición ciudadana libre y autónoma, de los derechos democráticos más elementales.
En términos legales, estas prácticas podrían además estar relacionadas con delitos electorales como los estipulados en el artículo 279 del Código Electoral: “ARTÍCULO 279.- Delito contra la libre determinación del votante. “Se impondrá pena de prisión de dos a doce meses a quien, por medio de dádivas, promesas de dádivas, violencia y/o amenazas, trate de inducir o induzca a una persona a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse de hacerlo. (…)”.
Estas prácticas no son nuevas. La manipulación electoral de los y las empleadas públicas por parte del partido de gobierno y la utilización de las necesidades insatisfechas de la gente para cosechar votos a cambio de dádivas o promesas atraviesan nuestra historia política. Tampoco es nueva la denuncia, aunque es posible que no se haya hecho antes con la contundencia que se hace ahora.
¿Qué es entonces lo nuevo? Lo nuevo es que el contexto político ha cambiado. El PLN es el único partido que conserva un grupo importante de partidarios leales y es problemático que cultive esa lealtad a través de estos recursos. A pesar de estar en el momento más débil de su historia, conserva la simpatía de aproximadamente un 14-15% del padrón. A esto se suma el control del Estado que le dan dos períodos consecutivos en el gobierno y de la mayoría de las alcaldías. Es plausible que haya reclutado a partidarios para trabajar en el gobierno en estos ocho años y también es plausible que les distribuya bonos y acceso a servicios. A su vez, esto aumenta sus posibilidades de un tercer período.
Sin embargo, si bien existe la amenaza de una consolidación de un partido único, también hay elementos esperanzadores. En la última década han surgido partidos como el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, que se oponen a estas prácticas y las denuncian. El hecho de que la prensa −en este caso La Nación y el Semanario Universidad− haya acogido las denuncias, también es positivo. La rápida actuación del Tribunal Supremo de Elecciones en el caso de la Dra. León, dejó claro que este no es un comportamiento electoral aceptable. Espero que el TSE también intervenga de forma decidida contra las “redes solidarias” del PLN.
Esto no resuelve el uso de estos recursos de poder por parte del PLN, porque pueden seguirlos usando de formas más sutiles. Sin embargo, la visibilización ha contribuido a desnaturalizarlos. Permite verlos como lo que son: una afrenta a la democracia. También permite conocer a los políticos que los usan y se alimentan de estas relaciones de subordinación. Les permite a las personas sometidas, actuar de forma independiente a la hora de votar. Y, en términos de un proyecto país, de la construcción del futuro, permite colocar en el debate electoral la discusión sobre las políticas que hacen falta para construir una ciudadanía provista de derechos efectivos, que pongan fin a estas formas de sumisión a través de dádivas y promesas.
