L@s Abogad@s

Frente a esas realidades, ¿cómo elegir entre 22 mil un buen abogad@? Es difícil, pero son datos importantes a tomar en cuenta en la

Costa Rica es un “Estado Social de Derecho” con más de 22 mil Abogad@s y según dice el Presidente CACR el “99% son honestos y trabajadores”. Tenemos más de 17.774 leyes sin contar los miles de decretos ejecutivos, reglamentos y jurisprudencia a la ley que son obstáculos al cambio social, el desarrollo económico y que preservan un orden en crisis, decadencia y al borde de la quiebra económica. Se contabilizan 23 carreras o a la carrera de derecho en 52 U privadas que están fabricando y maquilando en serie abogad@s. Producimos más abogad@s que profesionales en ingeniería, ciencias exactas, naturales y de la salud. Se conoce tanto en el CONESUP como el Colegio de Abogados que un porcentaje alto de abogad@s presenta serias debilidade, p.ej., falta de ética y moral, mala calidad en la gestión profesional, carencia de pensamiento jurídico eficaz, razonamiento lógico y técnica jurídica. Los tribunales de justicia están llenos de litigios jurídicos sin resolución, de prevaricato, de suposiciones, conjeturas y en un juego permanente de interpretaciones de leyes y búsqueda de portillos. En Costa Rica el exceso de leyes dio como resultado que el sistema jurídico perdiera vitalidad y se transformó en un peso muerto para el cambio económico y social.

Frente a esas realidades, ¿cómo elegir entre 22 mil un buen abogad@? Es difícil, pero son datos importantes a tomar en cuenta en la elección, las notas obtenidas según materias, quienes fueron los profesores, los juicios ganados, la universidad donde se graduó, la coherencia -que sea quién dice ser-, la experiencia práctica y por sobre todo que el abogad@ elegido esté interesado en buscar primero un acuerdo –conciliación- basado en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica que es más barato y rápido. Que esté colegiado y las referencias personales, no son factores de calidad para elegir un buen abogad@.

En Costa Rica dado el exceso de oferta de abogad@s muchos laboran en “despachos” –casas alquiladas con cuartos hechos oficinas- con salarios e ingresos bajísimos, razón por la cual muchos participan en programas basura como “¿Quién quiere ser millonario? y “Trato Hecho”. Otros creyendo que generarán efecto publicitario y atracción de clientes andan en topes, corridas de toros, fiestas populares, rezos y entierros. Dada la quiebra muchos abogad@s están abandonando sus “despachos” y migrando al sector público en busca de empleo. En pasillos de la “Academia” se comenta que para graduarse de abogad@ en Costa Rica hay que seguir varios pasos: 1) matricularse en U privada, 2) “estudiar” tan solo unas horas antes de los exámenes que se aprueban copiando incluso los exámenes orales, 3) presentar una tesis de licenciatura en 2 meses y dos semanas que es un “refrito, copy page, chop suey seco de libros, tesis, tesinas y otras investigaciones” y obtener la nota mínima dada por el “tribunal examinador”. (P.ej. ver: La Nación 22-06-2012),  4) colegiarse, -una vez licenciado- cualquiera  puede hacerlo ya que en el CACR no hay muchos requisitos, ni exámenes rigurosos ni cuenta con acreditaciones internacionales.

En conclusión, el Colegio de Abogados de Costa Rica conjuntamente con CONESUP debe intervenir el mercado de abogad@s, a fin de disminuir la sobreoferta vía nuevos requisitos de incorporación y revisar a fondo todas las carreras de derecho de las U privadas. Ello incluye revisar planes de estudios, cuerpo docente y prioritariamente los cursos de “seminarios de graduación de tesis”, donde indudablemente se está dando el gran negocio de fabricar títulos, dado que los directores de tesis, los lectores, los vicerrectores, la rectoría y los propietarios de las U privadas son responsables directos y solidarios del pésimo producto (abogad@s) que está saliendo al mercado laboral costarricense. Caso contrario, seguiremos en lo que bien dice el chiste que aplica para Costa Rica: “Cada sector de la sociedad tiene su función diferente con respecto a las leyes. Los diputados las crean. El presidente de la Nación las promulga. Los jueces las interpretan y las aplican. Los ciudadanos las ignoran. Los abogad@s las adaptan creativamente  a cada caso, realizando una versión libre”.

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