Francesco Mario Pagano fue un jurista, filósofo y político que nació en Italia en 1748 y murió en 1799. Ha sido considerado uno de los pensadores más sobresalientes de la Ilustración.
Su reflexión desembocó en una teoría procesalista de carácter garantista. Procuró reconceptualizar el Derecho conforme a principios y la jurisprudencia práctica, es decir, la creación de un sistema ordenado capaz de generar seguridad jurídica, labor en la que pocos de los Iluministas se habían ocupado.Con esta figura se da el inicio de una protociencia de la normativa criminal basada en el fenómeno delictivo, en una política criminal y su respectiva construcción legislativa tomando en cuenta la práctica forense.
Desde su perspectiva, el derecho positivo debía apuntar al derecho natural (iusnaturalismo racionalista), rompiéndose el viejo esquema de verlos como antagónicos.
La teoría normativa que desarrolló cabe situarla dentro de la tradición penal ilustrada que le precede, esto es, en la reflexión de Montesquieu y Beccaria, quienes sentaron las bases para que diseñara las líneas generales de un proceso penal moderno cimentado en las garantías fundamentales de la persona acusada.
Aparte de profundizar aspectos teóricos del pensamiento penal liberal beccariano, Pagano logró concretar un desarrollo forense y doctrinario.
Su crítica la dirige, entre otros aspectos, contra el procedimiento inquisitorio vigente en aquel momento, caracterizado por ser altamente represivo, con escasas garantías para la persona imputada.
Para este autor italiano, el problema penal es el problema constitucional por excelencia. Considera que la legislación penal es el principal indicador de la calidad de un gobierno, en razón de que, a través de ella, se lee la estructura del poder.
Su obra se enfocó básicamente en la articulación de principios fundamentales de la disciplina penal, el delito como violación reprochable de un derecho y la función de la pena.
Al igual que Rousseau y Kant, pensaba que la sociedad debía reglarse a partir de instituciones que recogieran las normas de la razón, y no la arbitrariedad del poder. La esencia de las normas se encontraba a partir del análisis de su contenido, de sus elementos y de la tutela que instituían a favor de ciertos intereses.
Así como lo planteó Beccaria en su obra “De los Delitos y de las Penas”, Pagano fue enfático en destacar que las penas debían fijarse proporcionalmente (calidad y cantidad), en atención a la trasgresión (racionabilidad), tanto en el plano legislativo como jurisdiccional, previo análisis de la reprochabilidad del acto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y el derecho infringido (hoy conocido como bien jurídico); no quedando sometida a un incierto cálculo de la “oportunidad social”, como se acostumbraba aún en su época.
De acuerdo con Pagano, la retribución no debe ser absoluta, pudiendo cumplir propósitos preventivos.
Su teoría se articuló sobre varios principios claves dentro del proceso penal actual, entre ellos: legalidad, equilibrio entre las partes, imparcialidad del juez, contradicción, oralidad y publicidad. El principio de inocencia lo exteriorizó al afirmar “condenar a un ciudadano sospechoso, es condenar un inocente. La sospecha puede recaer sobre cualquiera”.
Lamentablemente, en 1799 este demócrata fue condenado a muerte y ejecutado, dejando como legado una teoría procesalista en el ámbito penal de corte garantista, que aún al día de hoy mantiene vigencia en cuanto a una gran parte de principios.
Los aportes de Mario Pagano nos conducen a reflexionar sobre la Política Criminal de cada Estado.
La respuesta al fenómeno delictivo no sólo debe darse desde la perspectiva de la represión –como ha ocurrido en los últimos años en Costa Rica– a través de reformas parciales a la ley penal (laberinto legislativo o discurso ingenuo).
Una Política Criminal acorde con un Estado Social de Derecho, además de la represión, debe utilizar estrategias de prevención del delito y formularse desde la perspectiva del desarrollo humano (coherente e integral), atendiendo problemas estructurales como acceso a la educación, servicios de salud, empleo digno y vivienda, brindando respuesta a problemas como la desintegración y violencia familiar, la agresión infantil, la deserción escolar y el consumo de drogas, entre otros.
