Toda la culpa es de un colega del diario mexicano La Jornada. Fue cuando me percaté que el negocio de importantes plataformas en la Internet nació como negocios privados y luego sirvió, sin querer queriendo, a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para espiar a la primera ministra germana Angela Merkel y a la presidenta de Brasil, Vilma Rousseff, a Reymundo y a todo el mundo, con fines comerciales, diplomáticos, políticos y militares, como si todos fuéramos “terroristas”.
Ya hoy que sabemos que Estados Unidos mandó a un segundo plano el papel de los poderes legislativos en la democracia, priorizando los acuerdos secretos en materia de libre comercio de servicios como agua, educación, la salud, de tal manera que, la información personal que se suponía era privada en la red, ya es utilizada con fines económicos y de control de los gobiernos.Según documentos que Wikileaks entregó a La Jornada, el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) busca, en la medida de lo posible, se aprueba sin mayores aspavientos. Impone a las naciones firmantes que los consorcios extranjeros tengan mínimas restricciones, en relación con los pocos servicios públicos que algunos países aún conservan y que controlarán esos “trusts”. Lo interesante de todo esto es que, por declaraciones de los propios funcionarios del gobierno de Peña Nieto, sabemos que México es uno de los Estados envueltos en este tratado; pero, cualquier ciudadano que ingrese a la página electrónica del Senado, de inmediato se percatará que no hay información al respecto. La red de Servicios Públicos, una organización no gubernamental que estudia los alcances del TISA, acaba de calificar de “alarmante” la nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión que jurídicamente vinculan nuestras instituciones estatales con el capital corporativo, en una clara posición de sumisión y secretismo.
Involucran con el TISA a Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Konk, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Turquía y Estados Unidos. Según la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en el caso costarricense, si el país lo ratifica, se afectaría el otorgamiento de “licencias para centros de cuidado de la salud, la acreditación universitaria y escolar, el suministro municipal de agua, las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas y las licencias de radiodifusión” (ver: anep.or.cr/article/el-tisa/).
Pero sería ingenuo pensar que las grandes plataformas en la Internet no hayan facilitado la copia de correos u otra clase de información de gobiernos y personalidades, en relación con otro de los grandes negocios que se perfilan en el mediano plazo: la llamada Asociación de Países Trans Pacífico o Tratado de Libre Comercio del Pacífico (TPP), que abarca un amplio espectro de las actividades de los países firmantes, según han informado influyentes medios de comunicación estadounidenses, pero que los ciudadanos, comunes y silvestres, conocemos poco.
Durante una entrevista del periodista Rubén Luengas con Ignacio Chapela, −ecólogo microbiólogo, micólogo, de la Universidad de California en Berkeley y crítico del maíz transgénico en México−, así como con Álvaro de Regil Castilla, director ejecutivo de La Alianza Global Jus Semper y autor del libro en la red “México frente a la Escoria Ladrona”, no hay duda sobre los niveles de infiltración de que han sido objeto nuestros gobiernos y la tendencia a comprometer a nuestros gobernantes con un TPP, tramitándose en el mayor sigilo posible. Para ambos, el TPP busca imponer cláusulas abusivas a la mayoría de países latinoamericanos, afectando los productos farmacéuticos, el entretenimiento, los derechos digitales (Internet), nuestro acceso a la cultura, como también nuestros derechos como consumidores (ver:pocamadrenews.wordpress.com/…/tpp-tratado-de-asociacion-transpacifico-un –acuerdo–secreto-que-sera-peor-que-el-tlc-no-al-nwo).
Puedo jurar que ninguno de quienes escriben en UNIVERSIDAD es terrorista, pero que hay costarricenses formando parte de los “clientes” de la Agencia Nacional de Seguridad no le quepa duda. Y si se opuso al TLC impulsado en la Administración de los hermanos Arias: ¡Ni modo, listo para la foto!
