Me robaron mi lote… y le podrían robar el suyo

El caso parece increíble pero a cualquier persona dueña de una propiedad, le puede ocurrir.A partir de ahí iniciamos una odisea desgastante que nos

El caso parece increíble pero a cualquier persona dueña de una propiedad, le puede ocurrir.

Hace casi cinco años, en abril del 2008,  nos enteramos mi esposo y yo de que un lote que habíamos comprado a inicios de los  90 había sido vendido en forma fraudulenta.  El hecho ocurrió en el 2006 cuando tres lotes colindantes fueron supuestamente vendidos por mi persona y por otro propietario, quien casualmente se encontraba fuera del país en la fecha en que “firmamos”, con “firmas ilegibles”, la escritura fraudulenta.  Nos enteramos año y medio después, mediante una llamada telefónica de un tercer  comprador quien adquirió los tres lotes pero se percató de que uno de ellos no se había podido inscribir en el Registro de la Propiedad por problemas con un sello del abogado que se había prestado para tal “venta”.  Este comprador, a quien la Ley considera “el tercero de buena fe”, dijo haber entrado en desconfianza y nos puso sobre aviso.

A partir de ahí iniciamos una odisea desgastante que nos ha llevado a vivir de cerca las artimañas de las que se valen personas inescrupulosas, para robar propiedades.  Escrituras falsas, notarios corruptos que se prestan para transcribir títulos de propiedad,  falsificación de firmas, protocolos inexistentes, y la complicidad de pillos que se encargan de  “adquirir” la propiedad e inscribirla como suya en el Registro para luego “lavar” el delito, vendiéndosela al “tercero de buena fe”.  En mi caso, el tipo que adquirió inicialmente mi lote de manera fraudulenta, ha sido investigado por el OIJ 45 veces por falsificación de documentos, robo agravado, falsedad ideológica, estafa, uso de documentos falsos, tráfico de drogas, etc. Y detrás de una persona como esta, sin duda hay también una red de intermediarios, notarios sin escrúpulos y promotores de ventas de lotes robados.

El robo de lotes es más común de lo que uno se imagina y suele suceder sin que el legítimo dueño se dé cuenta.  Existe tal inseguridad registral que, en el 2008 se estimó que en Costa Rica se robaron unas 365 propiedades.  Ante esta pavorosa situación, el Registro ideó una “alerta registral” mediante la cual, a cambio del pago de una tarifa anual, se comprometen a enviar un mensaje de texto o un correo electrónico a la persona dueña cuando se trate de mover o gravar su propiedad, con el fin de que se reaccione  e inmovilice el bien ante alguna anomalía.   No sé qué tan efectivo es el sistema por cuanto  la alerta se da una vez que el dolo ya se ha cometido, pero lo cierto es que el robo de propiedades no debería  existir.  En Panamá tengo entendido que se eliminó este problema al establecer “notariados” por zonas geográficas en donde todas las personas (incluyendo los abogados) deben  presentar sus documentos para oficializarlos.  De esta forma, los notarios son parte del sistema judicial y todo el proceso registral es supervisado cuidadosamente.

Quizás lo más difícil de todo este litigio ha sido para mí la sensación de impotencia, al tener que probar, de manera lenta y tediosa, que el lote es mío, que yo nunca lo vendí, que ni conozco a quien dice habérmelo  comprado y que soy la víctima de un fraude.  A pesar de que he contado con un excelente abogado, quien ha hecho todo lo posible por hacer cumplir la justicia y nos ha brindado valioso apoyo personal y profesional, hemos avanzado a cuentagotas el tortuoso camino del Poder Judicial.  Los fiscales rotan a menudo, y cada nuevo fiscal empieza por  conocer la torre de casos que se apilan en su escritorio, de manera que el proceso se paraliza con frecuencia y las audiencias se posponen.

A lo largo de los años, varias veces he acompañado a mi abogado al Juzgado para averiguar la situación del proceso que nos incumbe, con el deseo de aligerar las cosas, pero la lentitud a veces es desesperante.  Finalmente, en enero 2012 nos fijaron el juicio para el pasado 14 de febrero 2013 pero, cuando creíamos ver la luz al final del túnel, el asunto se detuvo de nuevo.  La persona acusada por el fraude ocasionado no se presentó y no es posible realizar un juicio si el inculpado está ausente.   Ahora él está acusado de rebeldía y hay orden de captura, si es que se puede localizar.  Además, para culminar la desilusión, nos enteramos en el Juzgado de que hay un recurso de inconstitucionalidad con respecto a un caso similar al nuestro y, mientras no resuelva la Sala Constitucional, quedan suspendidos los juicios que incluyan a “terceros de buena fe” en todo el país.  Sin duda tenemos un sistema judicial entrabado y seguimos rehenes de los delincuentes.

Así la situación, lo único que me queda es seguir al cuidado de mi lote, pagar religiosamente los impuestos correspondientes (aunque la propiedad  no esté ya a mi nombre), y mantener al menos la esperanza de que algún día la justicia sea  cumplida, aunque no haya sido “pronta”,  como debería ser.

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