En vista de que la Sala IV falló recientemente en favor de un recurso de supuesta inconstitucionalidad interpuesto por la Ucimed contra la CCSS, en referencia a la formación de especialistas médicos en la Seguridad Social, y a pesar de que debemos ser cautos porque todavía no ha salido la resolución completa de los magistrados, parece importante aclarar una serie de supuestos que pueden estar causando alguna confusión en la población.
El Programa de Posgrado en Especialidades Médicas, que funciona bajo un convenio específico CCSS-UCR, acepta médicos generales provenientes de cualquier universidad: pública o privada, nacional o extranjera, que hayan aprobado ambas etapas del examen de admisión, por lo que no existe discriminación en términos de la universidad de procedencia.
El 60% de los graduados del programa en 2014, estudiaron en Universidades privadas, con los porcentajes más altos para Ucimed y UIA, con un 28 y un 15%, respectivamente.
Además, de los 1.900 aspirantes que realizaron la prueba de primera etapa del examen de admisión en 2015, un 25% estudió Medicina en la Ucimed (51% aprobaron) y un 12% lo hizo en la UCR (60% aprobaron).
Se ha implicado que la participación de las universidades privadas en la formación de especialistas médicos en la CCSS, producirá un aumento en el número de estos profesionales en el país. Esto podría ser cierto si la CCSS abriera más plazas para residentes; sin embargo, parece que ya se ha alcanzado el límite de la capacidad de los hospitales, sin arriesgar la calidad de la formación y la atención de los pacientes. Por lo tanto, esta afirmación resulta improbable.
Se ha establecido una directa relación entre la formación de especialistas médicos en Universidades privadas y la disminución en las listas de espera en los Servicios de la CCSS. La apertura de más cupos clínicos para las especialidades que ya están al límite de su capacidad, afectaría, indudablemente, la formación y esto repercutiría directamente en la atención al paciente. Consecuentemente las listas de espera se harán más largas, debido a que los pacientes permanecerán por un tiempo mayor dentro del sistema de salud. Por lo tanto, el efecto será contrario al esperado.
Como si todo esto fuera poco, no tenemos una idea clara de cómo se podrían administrar dentro de la CCSS, las residencias médicas de estudiantes empadronados en universidades privadas, ya que se ha propuesto que los estudiantes no serían funcionarios sino que, a través de sus universidades, le pagarían a la CCSS por formarse allí, lo que implicaría que no tendrían responsabilidades laborales y por ende no podrían atender pacientes.
Recordemos que los residentes son médicos graduados e incorporados al colegio respectivo, por lo que, con supervisión, pueden participar activamente en la atención de los pacientes, pero esto no podría ocurrir, si no están en la doble condición estudiante-funcionario. Esto también podría repercutir negativamente en las listas de espera, porque habría menos recurso humano atendiendo a los pacientes.
Costa Rica tiene una proporción de médicos generales versus especialistas de 60:40 y un modelo de salud con énfasis en la atención primaria que establece que, en teoría, una gran proporción de los problemas de salud deberían poder resolverse en el primer nivel de atención; sin embargo es evidente que esto no funciona así.
A veces pareciera que no importa cuántos especialistas se formen, nunca van a ser suficientes, lo que más bien demuestra que los problemas de la falta de prestación de servicios, que ejerce una fuerte presión sobre el tercer nivel de atención, se debe más bien a la poca capacidad resolutiva del primer y segundo nivel. Es ahí donde debemos hacer un diagnóstico de la problemática.
Posiblemente, para que este fallo de la Sala Constitucional llegue a concretarse, se debe responder primero una gran cantidad de interrogantes, que al final podrían evidenciar una decisión legal con enormes repercusiones negativas para el país.
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