Dice James A. Garfield. » El comercio une al mundo en una común hermandad, de dependencia mutua y de intereses recíprocos».
Pero este pensamiento humanístico y equilibrado de las relaciones comerciales, entre países civilizados, ha quedado corto, ante los proyectos y esquemas de corte neoliberal y globalizantes de la economía mundial y regional, propiciados por los Estados Unidos, tales como: El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), El Plan Puebla Panamá(PPP), La Iniciativa Regional Andina, El Plan Dignidad, y El Plan Colombia.La sombra de estos megaproyectos inscritos, dentro de la política exterior y militar de los EEUU, acompañan permanentemente, a la Administración Bush, en foros, conferencias y cumbres de comercio internacional; donde el IMPERIO ejerce una fuerte presión, sobre los gobiernos opuestos a sus políticas de expansión comercial.
La Cumbre de Monterrey, celebrada el 12 y el 13 de enero del 2004, terminó como era de esperarse en un extraordinario fracaso, debido, en parte, a las extremas medidas aplicadas a los gobiernos Latinoamericanos, en áreas de apertura comercial, e inversiones, en total desigualdad de condiciones; basados en la cacareada política de que con el libre comercio o apertura, los históricos problemas de pobreza y desocupación que sufre nuestra América Latina se resolverán.
La Administración Bush ha convertido el ALCA en su caballo de batalla, en su carta de presentación; a pesar del rechazo y cuestionamiento que la mayoría de gobiernos del hemisferio han hecho, principalmente, Brasil, Argentina y Venezuela, calificados como la nueva izquierda. Porque estos gobiernos han comprendido que, lejos de favorecer al desarrollo integral de América Latina, es un mecanismo ajustado a los intereses de las empresas transnacionales, y del capital financiero norteamericano; cuando la economía, del país más poderoso del mundo no ha podido llevar confianza y estabilidad a los inversionistas norteamericanos.
También, la posición del Secretario de Estado de los EEUU, General Colin Powel, ratificó el interés de la Administración Bush, por imponer el ALCA, sobre la soberanía nacional de los países de la región. Powel dijo que con el proyecto se trata de «garantizar a las empresas norteamericanas, el control de un territorio que va desde el polo Ártico hasta la Antártida. Libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio.» Más claro no canta un gallo; los gobiernos, en la Cumbre de Monterrey, al igual que en Cancún, y Miami, han interpretado correctamente los signos de los tiempos; a los Estados Unidos, no les interesa plantear soluciones regionales, a problemas regionales, porque el hambre, la pobreza y el desempleo que hoy sufren vergonzosamente nuestros pueblos, agudizándose principalmente en las zonas campesinas, son producto de las políticas discriminatorias, imperiosas, e intransigentes del IMPERIO ( Los Programas de Ajuste Estructural, y las Iniciativas de la Cuenca del Caribe). Las mijagas en aranceles y subvenciones, las dificultades, y las diferencias abismales en materia de subsidios a los agricultores norteamericanos ( 20 millones de dólares anuales) -y que en la agenda de Doha se reconoce la particular vulnerabilidad de los países menos adelantados- son motivo de fuertes discusiones y enfrentamientos, en las diferentes cumbres y foros de comercio internacional. Dejan al descubierto ese conjunto de relaciones conflictivas, que marcan las distancias y diferencias existentes entre una gran mayoría de países que defienden su soberanía y dignidad nacionales, y los poderosos intereses capitalistas que representa el gobierno de los Estados Unidos.
Pero lo trascendental de la Cumbre es que se repiten los escenarios de denuncia y malestar, por parte de los grupos sociales organizados, que manifiestan su rechazo a las políticas neoliberales y globalizantes; movimientos que, lejos de disminuir, aumentan cada vez más, con la convicción de estar contribuyendo en la construcción de un nuevo proyecto económico latinoamericano, sobre bases más justas, razonables y equitativas, en comercio, mercados, inversión y banca internacional.
