Los momentos difíciles del acontecer legislativo permiten conocer la gallardía y entereza de las fracciones, como equipos e individualmente.
En el caso de las remuneraciones de las y los diputados, siendo blanco de reproches, críticas y ofensas – extendidas a nuestras familias-, quienes mantuvimos la posición original teníamos claro que se jugaba un partido de cuatro años. Y que debíamos mantener la autoridad y control político en el primer Poder de la República.
Sé que este argumento no es valedero para algunos, pero el ejercicio del poder contempla estrategias más allá de lo perceptible a simple vista. En este caso era la primera ocasión, en el complicado multipartidismo imperante, que un bloque de seis partidos se aglutinaba para darle ritmo, eficiencia y gobernabilidad a la Asamblea.
Para muestra un botón: en menos de doce sesiones se votó la reforma constitucional que da a la educación el 8% del PIB. Esta decisión es tan trascendente como las garantías sociales y la proscripción del ejército. Además, la Ley de gestión de residuos sólidos, para ponernos al día y en paz con la naturaleza. Ambos expedientes iniciaron su discusión hace cerca de diez años.
Iniciamos con el pie derecho la productividad legislativa, y la circunstancia de que todo se limitara a colones, no debe hacernos transigir en esta noble tarea. Además, debemos erradicar malas prácticas y aprender del juramento Hipocrático de los médicos que impone no dañar.
El presupuesto de la Asamblea es superior a veintiséis mil millones de colones anuales, y todos censuramos su improductividad. El filibusterismo legislativo es la peor corrupción en un régimen democrático y durante ocho años de parálisis parlamentaria, muchos se han escudado en la moral para legitimar este estancamiento. Esto debe terminar.
La ley define que, aprobado el primer debate, los Diputados (mínimo diez) tienen la facultad, por medio de consulta razonada, de que este órgano que vela por la Constitucionalidad de los actos Legislativos, se pronuncie:
1 Si este es un caso de legislación en beneficio propio y existen responsabilidades penales de los involucrados, o si está acorde a la legalidad. Cualquiera que sea la respuesta tendrá detractores, pero tendremos certidumbre jurídica.
2 ¿Qué pasa si la consulta determina que lo actuado es ilegal? Entonces, qué sucede en los demás casos, aplicando el mismo principio, porque así lo hacen para aumentar sus salarios los magistrados en la Corte Plena, los ministros en Consejo de Gobierno y también los presidentes ejecutivos con solo el voto de mayoría de su junta directiva.
¿Se requiere una ley cada vez que se incrementen los ingresos de los miembros de los supremos poderes? ¿Cuál debe ser el instrumento legal que se utilice? Urgen estás respuestas. Por eso era prudente el primer debate. Posterior a la consulta, los proyectos se rechazan, aprueban o modifican, conforme a su contenido y al criterio político de los diputados.
El veto: Es un mecanismo de lo que la doctrina denomina pesos y contrapesos y busca un equilibrio entre los diferentes poderes.
La carta que envía la Presidenta a la Asamblea Legislativa expresa su criterio político en oposición a la iniciativa y por su peso le podemos denominar un veto político, sin efectos jurídicos. Adelantó criterio antes de que se pronunciara la instancia judicial, que es la sede en que se encontraba la consulta. Se actuó con urgencia de atemperar el enojo unánime de la opinión pública. Sin duda, era posible responderle positiva y prudentemente al clamor popular, sin detrimento de la gobernabilidad.
Ser diputado es un alto honor y una suerte de supervivencia de las especies. Cientos iniciamos el recorrido y, luego de meses o años, los menos somos electos. En ese proceso, se abandonaron empresas y oficinas. Se invirtieron sumas cuantiosas para promover a lo interno de los partidos, primero, y luego en las elecciones nacionales.
El éxito lo define el liderazgo. Algunos dicen que para ser diputado es suficiente con saber leer y escribir.
Esos argumentos descalificadores no opacan el liderazgo, talento y responsabilidad cívica de los integrantes del congreso, quienes, ni más ni menos, somos el reflejo de las virtudes y defectos de la sociedad que representamos.
Muchos de los elegidos deben trasladarse a San José alquilando residencias temporales, pues el trabajo de la Asamblea demanda su presencia de lunes a jueves.
Desde las nueve de la mañana hasta altas horas de la noche, con una jornada mínima de doce horas de trabajo que, además, incluyen las giras de fines de semana, para atender invitaciones de comunidades y organizaciones ciudadanas de diversa índole.
Por la importancia del cargo, para su dignificación y ejercicio con altura, se requieren condiciones que hoy no se disponen, como por ejemplo: oficinas bien equipadas, con tecnologías de punta, vehículo, chofer, viáticos nacionales y asistir a las cumbres o foros Internacionales de interés para el país, en un mundo interdependiente y globalizado. Estas condiciones, que algunos consideramos básicas y otros privilegios, no existen.
Hoy el diputado puede ejercer su profesión o dedicarse simultáneamente a sus empresas. Esto es peligroso porque facilita el tráfico de influencias.
Esa mala práctica terminaba con la propuesta y, como es normal en el sector público, a la exclusividad se le reconoce un valor económico, siendo la prohibición, en unos casos y la dedicación exclusiva en otros, con un aumento de los ingresos, según corresponda.
Dije en reunión de fracción, y en presencia de las autoridades designadas del nuevo gobierno, que este no tenía que adelantar criterio en este tema, como se hizo a favor del aumento. Primero por ser poderes independientes y luego porque la impopularidad del tema los arrastraría, como sucedió.
La valentía, solidaridad y congruencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, era posible mantenerlas sin la necesidad que sus diputados de fracción y aliados estratégicos cargáramos con el escarnio y la ofensa pública de quedar etiquetados como “sinvergûenzas” ante los habitantes. Era posible un final consensuado en los mejores términos para el país.
Hoy que doy mi humilde punto de vista, le garantizo a los costarricenses que sigo fortalecido en mis convicciones de servirle a la Patria, con empeño y entusiasmo, procurando persuadir a los diputados de todos los partidos que la Asamblea arrastra una deuda con esta sociedad y que debemos abonarla, aprobando todas la semanas legislación de excelente calidad, como lo hemos hecho en este primer mes de trabajo.
