Sin duda las expectativas y deseos para que la participación de nuevos operadores celulares sea una realidad en nuestro país es mucha. Ya no se trata si unos quieren o no quieren su ingres, sino que fundamentalmente la expectativa es en cuáles condiciones se darán esos servicios, para quiénes, en dónde y qué tan asequibles pudieran ser.

El acceso a las telecomunicaciones es una fuerza promotora de crecimiento económico y eliminación de brechas sociales, así reconocido por muchos entre ellos la UIT y AHCIET, por nombrar alguno.

Puede afirmarse que reduciendo brecha digital, se reduce brecha social, porque quienes por razones de bajos ingresos para adquirir servicios o que por lo altos costos no se ofrezcan, podrán encontrar en el acceso a las telecomunicaciones un motor para mejorar esas condiciones, creando así  un círculo virtuoso de tecnología y progreso beneficioso para todos. Esta es una responsabilidad del Estado, pero con la apertura de las telecomunicaciones, es una ineludible responsabilidad de todos los operadores, públicos y privados, en igualdad de condiciones.

Por eso inquieta profundamente, que en los documentos que la SUTEL ha presentado como parte del legajo para el concurso de frecuencias del espectro radioeléctrico, un criterio fundamental del desarrollo de la red sea el iniciar con las “zonas con un mayor desarrollo y población”, sumiendo en mayor desigualdad y exclusión las zonas de menos desarrollo y menor población de Costa Rica. Eso más bien genera un círculo vicioso: menor acceso, mayor brecha.
Es comprensible que los operadores entrantes quieran obtener muy rápidamente recuperación de ingresos por sus inversiones, pero no debía ser a costillas de las zonas más pobres y la que tienen menos población en Costa Rica. Pésima señal para muchos habitantes del país, que si se quejaban porque el ICE no los atendía, ahora, sin esa obligación para nadie, tendrán más alejada la posibilidad de tenerlo.
En ese mismo documento, se estructura el desarrollo de la red en tres etapas, entre la primera y la segunda pasarán 4 años dejándose a Limón, por ejemplo, sin una sola obligación para que los operadores desarrollen red en ninguno de los 28 distritos de la provincia caribeña, sino hasta la tercera fase (otros 5 años). Flaco favor le hace SUTEL a una provincia caracterizada por las carencias y el olvido sistemático del Estado. Adicionalmente en la tabla de detalle de distritos solo se numeran 466 de 470 que tiene el país, coronando el documento,  con la indicación de que en unos distritos,  la cobertura es total y en otros parcial. En el caso de Alajuela de los 18 distritos de la fase uno, solo 8 tendrá un desarrollo total, el resto será parcial, así se sigue con cada provincia.
Podrán aducir que todos esos “detalles” serán tarea del FONATEL, pero no es posible que se pierda la oportunidad, que incluso le da la Ley, para pedirles a los operadores entrantes ciertas obligaciones en distritos urgentes de inclusión e igualdad, aunque no quepan en los parámetros determinados primordialmente por la SUTEL.  El desarrollo de todos los habitantes de nuestro país debe ser prioritario, inclusivo y solidario, por lo que no se comprende que un órgano tan relevante en los logros y beneficios de la apertura como SUTEL, sea el que planee acciones que generan mayor exclusión y olvido de zonas del país, en el cartel del concurso del espectro radioeléctrico: bien del estado y de todos los costarricenses, no solo de unos cuantos.