La historia que enmarca a nuestro país con esta organización es más que reciente, el acercamiento constituyó el principal eje programático en la agenda oficialista del anterior gobierno de Chinchilla. En resumidas cuentas, durante esta administración Costa Rica llega a poner un pie en la Alianza del Pacífico e intenta comandar la OMC, para rematar con las negociaciones en miras a la entrada como miembro permanente de la OCDE.
Creemos que una eventual admisión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como “el selecto club de los países ricos”, necesita ser impensada en función de prioridad y realidad nacional.Usualmente se comenta que “para primeras impresiones no existen segundas oportunidades”, la anterior sentencia aplicada a el caso costarricense suele adquirir vital significado en esta coyuntura, para nuestro país no pudo existir una peor carta de presentación para con OCDE que el haber sido incluida dentro de su “lista negra” de paraísos fiscales en el año 2009; por lo tanto, hubo que esperar hasta el siguiente mandato –y con el paso de “paraíso fiscal” a “lista gris” en 2011– para dilucidar un interés abierto en formar parte de ella, y desde entonces el anterior gobierno no cesó en su labor de cabildeo para con los representantes de las naciones adherentes a la OCDE.
El lobby se llega a intensificar a partir del mes de mayo de 2012, no obstante los primeros registros que se verifican en los discursos del Poder Ejecutivo datan del mes de octubre del 2011.
El primero de ellos externado públicamente por el entonces vicepresidente Alfio Piva, ante el embajador alemán en Costa Rica, Helmut Kohl, el día de la Unidad Alemana.
Desde mediados del año 2012, las aspiraciones gubernamentales chocaron con la dura situación en la que estuvimos posicionados; a nivel nacional, el fracaso en la implementación de un paquete fiscal unificado a principios del citado mandato, y el desprestigio inicial en cuanto a paraíso fiscal –empero, luego “lista gris” – y la relativa suspensión por parte de la misma organización siguiendo los estrictos acatos del “G-20” para con el país, en cuanto a su “filtro de Transparencia Fiscal” en 2012.
A partir de esa fecha, se presencia una ofensiva diplomática que en miras de acrecentar las posibilidades de aceptación en la organización, se evidencian mecanismos utilitarios –cumbres del SICA– por un lado, y acercamientos comerciales con países del Sur por otro.
Es decir, las únicas dos cumbres del SICA durante el año 2013 se llevan a cabo porque Costa Rica en ejercicio de la presidencia temporal convoca a reuniones extraordinarias y logra ver en el órgano centroamericano una plataforma de convocatoria para poder posicionar sus intereses específicos para con el invitado de turno, estamos hablando de las visitas de Peña Nieto y Obama –oportunamente dirigentes de países miembros de OCDE–.
Bajo esta misma tónica se podría visualizar el acercamiento a la Alianza del Pacífico, la cual cuenta con dos miembros OCDE –Chile y México, Colombia en proceso–. En ese sentido, la Alianza vino a ser una marca comunitaria provechosa para el Ejecutivo.
Bajo esta argumentación adquirirían sentido tanto el TLC con Colombia como el escándalo de la avioneta en la cual la presidenta Chinchilla viaja a Perú. Ahora bien, el gobierno entrante ha dejado de tocar el tema de la presunta admisión en la OCDE –al menos de manera incisiva–, para concentrarse de manera más analítica en el ajuste que necesariamente debería darse, en aras de que una inocente inexperiencia no vuelva a darles una “mala pasada”; su asentimiento en la necesidad de un ensamblaje de fichas demuestra la necesidad de reestructurar el proceso que de manera acelerada acarreó la administración Chinchilla.
A la fecha, el llamado plan de acción se ha centrado en ratificar convenios ante la organización, sobre diversos temas tales como asistencia administrativa mutua en el ámbito de la fiscalidad, misma en la que por su ausencia de ratificación fuimos otrora sancionados. Finalmente, luego de las anteriores cavilaciones, ante todo nos inspira el deseo de plantear a la Administración Solís-Rivera, la necesidad desarrollar un plan de política exterior que no solo abarque al gobierno de turno, sino una estrategia de desarrollo a largo plazo, de diálogo nacional, con articulación integral de carteras, y sobre todo libre de “secretismos”.
