Después de un largo y costoso proceso de de selección por parte de la Oficina de Recursos Humanos de 108 trabajadores contratados bajo la modalidad de” trabajador ocasional, en “forma fraudulenta” según la misma Oficina Jurídica, ocho fueron despedidos, se les rescindió el contrato, violando con esto el debido proceso estipulado en nuestra convención Colectiva de Trabajo.
Estos ocho compañeros están fuera bajo el pobre pretexto de no aprobar la prueba psicológica que aplica esta oficina a todos y todas las personas funcionarias de primer ingreso, por lo tanto no son elegibles, ni aptos para desempeñar el puesto que habían ocupado durante varios años.
Es una situación contradictoria, con procesos viciados, malas prácticas, malos o pésimos administradores. Para muestra un botón, en el último estudio de recalificación de puestos, una gran mayoría salimos afectados al ampliarse las funciones, las famosas bandas anchas del decadente sistema neoliberal en crisis
¿Cómo imaginar que estos compañeros no son aptos emocional ni socialmente para desempeñar su trabajo, cuando en la práctica demuestran lo contrario? ¿Cómo pensar que en esta Universidad humanista no exista un perfil en donde encajen estas personas?
Son personas sencillas y humildes, a quienes el sistema capitalista excluyente les ha cerrado las puertas una vez más. Son hijos de de obreros y campesinos explotados por décadas, primero por los latifundistas cafetaleros y luego por las maquilas transnacionales.
El despido es una excusa pobre de la administración, apoyándose en una prueba proyectiva en donde abunda la subjetividad y la interpretación ambigua
Por otra parte se especula que la mayoría de estos de estos despidos obedece a que son personas conflictivas. De ser así, ¿por qué porque no se les siguió el debido proceso?
Cuatro de ellos, ante la frustración y la desilusión del cese o quizá por necesidad decidieron tomar la liquidación. Los otros aun permanecen en pie, apoyados por el SINDEU
Pasado el tiempo se percibe el desinterés y la apatía de parte de las autoridades de reinstalar al menos a los cuatro compañeros, pareciera ser una práctica común y generalizada mantener una población laboral enajenada.
Al fin y al cabo no tenemos poder de elección en las votaciones para la rectoría, ni representación en la Asamblea Colegiada, no elegimos a nadie, exceptuando un representante al Consejo Universitario.
La brecha es cada día más distante, somos catalogados con el estigma de una población de tercera categoría, la plebe, los jornaleros.
No hay duda de que estos despidos es una violación a los derechos de las personas trabajadoras en esta universidad. Estos ocho compañero son chivos expiatorios de un pésimo manejo de las relaciones laborales y de la falta de interés por parte de la Oficina de Recursos Humanos, que obedece a un modelo de privatización de las políticas neoliberales, encubiertas en la máscara del humanismo y la igualdad.
