Para el desarrollo, discusión y evaluación de las políticas públicas, es necesario tener en cuenta la situación real sobre la que se pretende incidir.
Por esto, brindar una imagen al menos general de la situación del mercado ilícito de estupefacientes es relevante. Ahora bien, dicho mercado, su producción, traslado, venta y consumo, constituyen un fenómeno social que sobrepasa las fronteras estatales. Para comprender esta cuestión debemos tener en cuenta un panorama regional. Atendiendo a los datos ofrecidos por los últimos reportes de situación globales, regionales y nacionales de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, tenemos lo siguiente.
A nivel global, en el 2012 se calculó que entre 162 y 324 millones de personas entre los 15 y los 64 años consumieron alguna droga ilícita. Entre 16 y 39 millones de personas mantienen un uso problemático/adictivo de estupefacientes ilícitos.
El consumo en América del Norte (principal área receptora) de cocaína ha disminuido desde el 2006, después de esfuerzos considerables de los estados de la región (incluido Costa Rica) por afectar la producción y tráfico. Empero, hay fuertes indicios que el consumo de esta droga está aumentando en países sur-americanos como Brasil y Argentina. En el caso de Costa Rica, el consumo de marihuana, de crack y de cocaína aumentó en la última década. Igualmente, ha repuntado el uso de cocaína en Europa.
Por su parte, la producción mundial de opio y heroína para el 2013 creció. En EE.UU. ha aparecido opiáceos sintéticos antes desconocidos.
En América, aunque se redujeron los cultivos de coca y su procesamiento en Colombia durante la última década, esta se trasladó (junto a los grupos de crimen organizado –GCO-) a países aledaños como Bolivia y Perú y a zonas rurales de Colombia y Brasil, manteniéndose por este medio más o menos constante o en aumento. En el caso de la marihuana, el consumo americano se abastece de los cultivos en Colombia y el Caribe.
La producción de estimulantes de tipo anfetamínico parece estar creciendo en especial en América. Recientemente, se desmanteló una cantidad creciente de laboratorios para la producción de meta-anfetaminas en México, el sur de EE.UU. y el norte de Centroamérica. Es posible que esto se deba a que la presión de los Estados sobre las rutas regionales de la cocaína y la guerra contra las cabezas de los GCO, los han forzado a diversificar su actividad hacia nuevos productos y/o actividades. Dentro de estas están el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los secuestros y extorsiones y en efecto, la producción de meta-anfetaminas.
A nivel mundial, los delitos registrados por las autoridades en relación con el consumo personal y el tráfico de drogas aumentaron en el período 2003-2012. Esto se contrapone a la tendencia general de disminución de los delitos contra la propiedad y los de carácter violento.
La violencia relacionada con los GCO en América, medida por el índice de homicidios, aumentó durante la última década (en especial en México y Centroamérica). Estudios recientes indican que existe una relación entre las políticas de guerra contra las drogas y esta violencia: muchos GCO han migrado a nuevas poblaciones para evitar la persecución de las autoridades o buscando nuevas rutas o se han fragmentado. Así, la guerra contra los GCO -dirigida en especial contra sus cabecillas y en la incautación de estupefacientes- conlleva una desestabilización en las delicadas relaciones de poder entre distintas organizaciones, desencadenando guerras y conflictos entre ellos, con consecuencias considerables para la población civil.
En síntesis, el mercado de las drogas y la forma en que operan los GCO ha cambiado bastante en los últimos años. La cuestión clave para el análisis de política pública es si ha cambiado en la forma en que se esperaba que lo hiciera.
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