Con base en lo que escribí en el artículo anterior, y en apego a las actas de las sesiones del plenario de la Asamblea Legislativa, quedó demostrado hasta la saciedad que la Ley 7531 fue aprobada a golpe de tambor, no se le dio tiempo a los(as) diputados(as) para que estudiaran el proyecto en mención.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo les enseñó un texto a los legisladores(as), pero dos días antes de que la mayoría mecánica de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana votaran esa ley, se les entregó otro texto, y por más que algunos diputados(as) que cuestionaban el mismo presentaran mociones para modificar tal o cual artículo, con el apoyo espúreo del diputado de Fuerza Democrática, Gerardo Trejos Salas.
Para efectos de la memoria histórica, es muy importante que citemos los nombres de algunos diputados(as) que votaron a favor de esta Ley, y que por ende, le dieron “una patada en la espinilla” a miles y miles de educadores(as) del Magisterio Nacional.
Entre ellos podemos citar a Hernán Bravo Trejos, José Antonio Lobo Solera, Lorena Vásquez Badilla, Bernal Aragón Barquero, ellos del PUSC, (y los costarricenses recordamos, el episodio difícil para la vida democrática, que ocasionaron en su momento los dos primeros señores en el conflicto ICE-Alcatel).En el plano liberacionista, no se puede obviar los nombres de los legisladores Walter Coto Molina, Rolando González Ulloa, Luis Gerardo Villanueva Monge, Carmen Valverde Acosta (la filóloga, que según la prensa nacional, había cobrado como profesional, una cantidad importante por hacer correcciones de estilo), Ottón Solís Fallas (el mismo que estuvo de acuerdo con el Plan Fiscal, de la Señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda).
Lo funesto obviamente es el contenido de la ley, pero no podemos dejar pasar por alto que esta directriz de modificar la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, fue una exigencia expresa del Fondo Monetario Internacional, ante el cual bajan servilmente la cabeza los politiqueros gobernantes de este país.
¿Por qué esta ley es tan nefasta para los educadores? Porque aumentó de modo considerable el nivel de cotización, al extremo de que muchas personas decidieron trasladarse al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Además, se comete el atropello de cobrar el Impuesto sobre la Renta; es inconcebible que después de haber laborado 30 o más años, todavía se nos grave la pensión con este impuesto.
Pero la cuestión no queda ahí; en la ley se incluyeron dos impuestos más, uno en el artículo 70 y otro en el artículo 71.
Debo hacer mención que el contenido de las deducciones por ambos artículos es en extremo oneroso.
Las deducciones que provoca esta Ley 7531 a los educadores(as) llegan a un monto del 42 % del total de la pensión; esto quiere decir, en concreto, que el monto de la misma no alcanza para los gastos de orden familiar, lo que obliga al pensionado a tener que buscar algún tipo de trabajo, para poder alcanzar el nivel del salario que recibía cuando laboraba.
Hay que apuntar que en Costa Rica hay 17 regímenes de pensiones, pero es el régimen de pensiones del Magisterio Nacional al que se le gravan con más impuestos; vale decir, los educadores(as) aportamos mensualmente a la hacienda pública miles y miles de millones de colones. No temo afirmar que el Magisterio Nacional es un sector de la clase trabajadora, vilmente explotado, y esto tiene responsables: los políticos de turno que hurtan nuestros recursos económicos para enriquecerse más y más, en el día a día.
Ante este escenario, las organizaciones magisteriales deben exigir y luchar por a) Derogatoria del Impuesto de la Renta, b) Derogatoria del Artículo 70, y c) Derogatoria del Artículo 71, que además tiene carácter confiscatorio, o sea, es violador de la ley de modo flagrante.
Puede sonar a utopía lo anterior, pero quiero señalar que es totalmente viable, siempre y cuando haya voluntad política de las organizaciones magisteriales y tener muy claro que es una lucha por la dignidad y el decoro de los educadores(as) costarricenses.
“Los dolores que quedan, son las libertades que faltan”; esta sentencia de los estudiantes durante la Reforma de Córdoba, 1918, sigue teniendo vigencia plena.
