El pasado 29 de enero del 2009, el presidente de Costa Rica presentó el denominado “Plan Escudo” cuya finalidad es implementar una serie de medidas ante la crisis mundial que enfrentaremos este año.
Dicho plan goza de una verbigracia moral, edificante y peligrosamente religiosa, cito: “es una dicha que en el Gobierno hayamos sabido leer a tiempo la escritura en la pared”. Esta clarividencia adolece de varias falencias.
La primera es que impulsa un préstamo ante el el BID de unos $850 millones, obviando que la crisis financiera internacional ha puesto en evidencia la complicidad del FMI, Banco Mundial y BID con los banqueros transnacionales que han provocado el colapso actual y otras en el pasado reciente (Argentina, México, etc.), con sus dantescas consecuencias sociales para América Latina.
A ello se suma un uso intensivo al concepto-valor “solidaridad” que funciona como legitimación de un ritual sacrificial, donde el chivo expiatorio serán las personas trabajadoras, dado que se establece, por ejemplo, como medida impulsar la Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis. En este sentido, ha acusado Luis Paulino Vargas en Tribuna Democrática, que el fin de este plan es “hacer de la crisis un pretexto para desmantelar los derechos laborales más básicos e imponer la llamada desregulación laboral, así como descargar sobre las clases trabajadoras los costos de la crisis”.
El momento mágico-onírico del Plan Escudo respecto de esta desregulación laboral es cuando Arias asume que dichas medidas establecerán las condiciones óptimas para llegar a acuerdos entre patronos y trabajadores sobre las modalidades de contratación. La trampa es ese “acuerdo”, que parte de la ilusión de que existen en el mercado agentes que venden y compran cosas, en este caso, fuerza laboral; obviando las asimetrías de dicha relación. Las conquistas de los derechos de lo/as trabajadore/as son explícitamente amenazas al buen funcionamiento del Dios-Mercado, según las doctrinas neoliberales ¿Qué mejor momento que una crisis-pánico del modelo neoliberal para implementar medidas neolibelales? ¿Se entiende la paradoja?
Para diversos sectores nacionales e internacionales es evidente, que la actual crisis “mundial” fue creada por la desregulación del mercado financiero estadounidense que especuló y llevó al punto de crack sistémico la economía real y global. Con ello, muchos preconizan el fin de las medidas neoliberales y el rendo surgir de medidas tipo Keynes. Más allá de ello, lo cierto es que el Plan Escudo en todo momento hace un parte aguas entre las medidas gubernamentales-públicas y deja a su libre trayectoria el sector privado con un gentil “invitamos a seguir el ejemplo”. ¿Qué de la burbuja inmobiliaria, qué de borrachera crediticia, qué del sistema de bandas cambiarias o de las políticas económicas del Banco Central, qué de medidas regulatorias al mercado finanicero nacional? Nada. ¿Por qué?
Desde el 2004 cuando el anterior gobierno impulsó el TLC, pero ante todo durante el 2007 en el marco del referéndum, las fuerzas favorables a dicho tratado, insistieron vehementemente, en las bondades y en la urgencia de no quedar fuera del mundo globalizado del libre comercio como garante de la eficacia económica para el desarrollo del país, donde los mercados sean libres y autoregulados y los derechos de los propietarios sean garantizados. Lo escencial es que el Mercado sea libre: poco importa que los individuos-ciudadanos no lo sean. El Mercado es para propietarios y consumidores, sus leyes son las de la ganancia y la alienación mercantilista (hacer que todo sea mercancía: salud, educación, información, trabajo, naturaleza, etc.). He aquí, lo implícito del plan Escudo y en las ideas que guían a Arias y sus allegados, proteger a unos (El Mercado) y dejar al descubierto a otros (en especial lo/as trabajadores).
La apertura de las economías aumenta los riesgos de los países a los conflictos y crisis externas y, por lo tanto, a la incertidumbre económica; para ser eficaz requiere ir acompañada de un crecimiento sostenido por ley y universal en los gastos públicos y de los seguros sociales, al mismo tiempo de un comportamiento activo de las políticas económicas. Es decir, una autonomía del sistema político respecto del económico, que genera una autonomía de la sociedad respecto de la organización de su economía. En el caso del Plan Escudo, se invierte la fórmula, y la sociedad costarricense debe subsumirse a los intereses del Mercado, todo ello en nombre de la “solidaridad ante la crisis”.
En un momento crítico como el actual, sin llegar al pánico, las políticas nacionales deberán dar prioridad a los gastos sociales, proteger los recursos naturales y productivos, garantizar la seguridad alimentaria, y el Estado debería introducir medidas urgentes de regulación financiera para proteger el ahorro, seguir impulsando la producción y combatir el peligro de descontrol a través de inmediatos controles de cambio y de movimientos de capitales, así como la regulación de las burbujas inmobiliarias y las borracheras crediticias como se dio entre 2004-2007. En su lugar tenemos el Plan Escudo.
