En el momento en que fue escrito este texto, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador estaba sacando a “subasta pública” una serie de frecuencias de radiodifusión en el hermano país centroamericano. El único criterio para poder acceder a una frecuencia para poner una televisora o una radio es “quien paga más”.
En Costa Rica rige la misma noción. La radiodifusión sonora y televisiva está inmersa dentro de los cánones de mercado y hasta está conceptualizada en su anticuada ley, que rige desde 1954, como una actividad privada de interés público. Nada la puede alejar más de los conceptos de democratización y de derecho humano de la comunicación.Cuenta la historia que en aquellos primeros años de experimentación radiofónica y televisiva en Tiquicia, el Gobierno tuvo que andar “rogando” para encontrar aventureros que quisieran involucrarse en poner una radio. Tan irracional fue el planteamiento político, que las frecuencias fueron entregadas en concesión como quien reparte confites en una fiesta infantil, lo que irremediablemente llevó a la situación de desorden en que nos encontramos en la actualidad, planteado así hasta por la misma Contraloría General de la República.
El espectro radioeléctrico está totalmente cedido a personas privadas, físicas o jurídicas, al punto que algunas empresas tienen decenas de concesiones en sus manos, que ni el mismo Estado sabe cómo fueron entregadas y si estas concesiones están en regla en todos sus extremos. Se ha dado un mercado que roza la ilegalidad, o por lo menos la ética del manejo de un bien demanial del Estado, donde una concesión pasa de una empresa a otra, vendida en millones de colones, sin que nadie diga esta boca es mía.
Toda esta cosificación mercantilista de la comunicación, a quien afecta es a la ciudadanía, ya que no existe la posibilidad de acceder a una forma diferente de hacer radio o televisión que no sea la comercial, que busca, legítimamente, cómo vender su programación en aras de ganar más dinero. El tema en la actualidad está tan cerrado, que ni siquiera la Universidad Estatal a Distancia, que desde el año 2010 cuenta con una ley que le otorga frecuencias para radio y televisión, ha podido acceder a dichas frecuencias.
Todo este enredo, aquí he tocado unos pocos puntos como ejemplo de la gran complejidad del tema, sólo se puede solucionar con un nuevo marco jurídico a nivel de ley, que brinde el sustento no sólo para regular los aspectos técnicos de la radiodifusión, sino para cambiar los conceptos que rigen este tema, para poder ofrecerle a la ciudadanía medios que los representen en toda su diversidad, porque serán medios gestionados por la propia ciudadanía. Medios que reflejen la actualidad informativa, social y cultural de las diversas regiones del país, y no que sean solo reflejo de lo que sucede en nuestro Valle Central.
Medios ciudadanos, comunitarios, estatales y privados deben coexistir en el dial de nuestro país. Debemos exigir una mejor distribución de las frecuencias, en conjunto con una ley que garantice nuestro derecho a comunicarnos y que haga respetar en todos sus extremos la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero que no se estanque sólo en esos conceptos.
La Red de Medios e Iniciativas en Comunicación Alternativa, RedMICA, junto con la UCR, la UNED y otros organismos, como el Colegio de Periodistas, estamos en la tarea de posicionar el tema, para que una nueva ley de radio y televisión no solo sea posible para Costa Rica, sino que la misma sea construida desde una negociación abierta y plural, discutida ampliamente por todas las personas interesadas en el tema, que al final somos todos los y las costarricenses. Le invitamos a que se una a este esfuerzo. Visite nuestros sitios www.derechoalacomunicacion.org y www.redmica.org
