Delia María Azofeifa Mora tenía 36 años, cuatro hijos e hijas y un compañero agresor. Si bien él había amenazado con matarla varias veces, nadie hizo nada.

Según La Nación, Delia había denunciado a su esposo por violencia doméstica, pero en este momento no tenía medidas de protección. El sábado 25 de setiembre, por la noche, el esposo de Delia la asesinó. Otra vez una crónica de una muerte anunciada, otra vez la inefectividad de la protección que el Estado Costarricense debe dar a las mujeres se hace patente.

Ante una situación así, esperaríamos que haya una reacción importante por parte del Estado, que el Poder Judicial indague qué pasó con la denuncia que hizo Delia en mayo: ¿Se dieron o no medidas de protección? ¿Por cuánto tiempo? Si se levantaron, ¿se hizo previamente una evaluación del riesgo en que se encontraba? ¿Alguien le ofreció apoyo a esta mujer? ¿Por qué si existe una ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que tipifica el delito de femicidio, la prensa informa que al asesino se le abrió una causa por homicidio calificado y no por femicidio?
¿Qué hizo la policía, hubo solicitudes de apoyo?  Si hubo solicitudes de ayuda o denuncias del vecindario, ¿vigilaron periódicamente lo que estaba sucediendo en esa casa?
A cada quien lo que le corresponde. Lo que más nos indigna es la reacción de la Presidenta Ejecutiva del INAMU. La señora Clarke considera que para terminar con la violencia contra las mujeres, es necesario cambiar la forma de pensar. En eso estamos de acuerdo, pero como una medida de prevención, sobre todo con los niños y los jóvenes. ¿Pero, quién le dijo a la señora Clarke que los femicidas pueden cambiar con “tratamiento inmediato”, el cual, según dice es una tarea interinstitucional (La Nación, 27/9/10)? ¡Ante un femicidio está proponiendo la atención inmediata de los agresores! Aún quienes trabajan en la reeducación de los agresores opinan que sólo es posible trabajar con agresores de mediano o bajo perfil de riesgo, no con criminales. Es decir, aquellos que son capaces de asesinar a sus compañeras no son recuperables; a esos debe aplicarse todo el rigor de la ley, deben estar presos. Pero además, con este planteamiento, estaríamos retrocediendo en el tiempo, hacia una perspectiva de patologización de la violencia, según la cual, los agresores son enfermos y por ende, no responsables de sus acciones.
Sí señora Clarke, su obligación, como Presidenta Ejecutiva del INAMU es movilizar los recursos del Gobierno para la protección de las mujeres, no destinarlos al tratamiento de quienes son irrecuperables. Si usted decide que los recursos asignados a la protección de las mujeres se destinen a la atención de quienes son capaces de asesinarlas, ¿se va a hacer responsable cuando uno de ellos asesine a su compañera?
Cuando no se aplica todo el rigor de la ley, cuando las instituciones no responden, las mujeres mueren y los agresores se fortalecen. ¡¡¡Por la vida de las mujeres, ni una muerte más!!!