¿Quo Vadis Costa Rica?

Esta expresión, parafraseada del título del diario Le Monde, al día siguiente de los resultados de la última elección española, invita a hacer un

Esta expresión, parafraseada del título del diario Le Monde, al día siguiente de los resultados de la última elección española, invita a hacer un alto, como en todo inicio de año, para analizar la situación y las perspectivas de Costa Rica en el futuro inmediato.

Como en Europa en general y en España en particular, estamos en medio de una crisis institucional y política que amenaza extenderse a otras áreas de la sociedad. Tal es la maraña que ha llevado a algunos, entre ellos al intelectual don Alberto Cañas, a afirmar –medio en serio, medio en broma– que aquí lo que se necesita es un gobierno de facto que se aboque a resolver el embrollo jurídico en que nos han metido las últimas asambleas legislativas de miembros cada vez más descoloridos e incompetentes. La última escaramuza que han protagonizado los grupos parlamentarios tiene que ver con lo que se ha denominado reforma fiscal, una iniciativa del gobierno para financiar los crecientes déficits de las finanzas públicas y cuyos presupuestos anuales  tienen vida propia, pues casi la totalidad está predeterminado por la planilla, las pensiones, transferencias –que se convierten otra vez en otras planillas– y el servicio de la deuda con una fracción minoritaria que se puede dedicar a otros fines. Así, estamos con un Estado tullido, combinado con un gobierno actual sin opciones ni propuestas conocidas, que hace entendible la renuencia general a poner más dinero para una planilla rebosante de privilegios. Como consecuencia, aunque pueden encontrarse argumentos a favor de un proyecto que haga la tributación más equitativa, lo cierto es que el sector público y el déficit que crea se han convertido en principal obstáculo para el desarrollo.

 

Es un nudo gordiano en el que estamos atrapados. Un clamor general denuncia la decrépita infraestructura existente y la necesidad de reponer puentes, vías, puertos, etc. Sin otras intenciones de la variopinta oposición –aglutinada en una alianza del PAC, Movimiento Libertario, PUSC, PASE y  Frente Amplio– que zancadillear al Gobierno y con igual renuencia a oponerse al sistema de concesiones. Entonces, ¿cómo se pueden llevar a cabo las obras que con urgencia necesitamos?

Todos estamos también de acuerdo en la necesidad de invertir en capital humano y específicamente en potenciar el sistema educativo como mecanismo para lograr posicionarnos mejor en una economía global, cada vez más competitiva. Sin embargo, ya les dimos una sustanciosa propina a los maestros para extender el curso a los 200 días, y ahora a darles una semana más de vacaciones para que “firmen” su asistencia a sus congresos. Creo que no es así el camino correcto para promover la educación del siglo XXI y cambiar la educación secundaria pública para que no sea el engaño actual.

Por muchos años se ha insinuado que el empleo estatal está orientado a crear los puestos de trabajo que el sector privado no puede generar. Es hora de replantearse la posibilidad de que la planilla estatal impide realizar la inversión en infraestructura indispensable para crear puestos realmente productivos. Las medidas que se toman son en realidad tímidas, como no reponer las plazas de empleados que se pensionen o renuncien –con algunas excepciones– cuando en verdad, lo que se necesita es cerrar instituciones anacrónicas, e ineficientes como: Correos de Costa Rica … ¿todavía se reciben cartas? INVU, Ministerio de la Vivienda, BANHVI; ¡por lo menos sobra una! CNP y FANAL… ¿por qué insistimos en darle respiración artificial en todos los presupuestos? ¡IDA, es hora de terminar con una entidad que ha hecho poco por el agro! ¡IFAM… se debió cerrar hace tiempo! Con certeza, en  más de una institución la plata justificada en nombre de los pobres termina gastada en burocracia, el mayor programa social del Estado. Es casi una verdad que la mejor manera de hacer crecer el producto interno bruto es poniendo a ver qué hace por lo menos el 25% de los “servidores públicos” que pueden dejarse cesantes. Si la última opción es cerrar programas sociales, tal medida hace también redundantes los puestos creados con su justificación. Carpe diem.

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