Desde hace poco no se están enviando a domicilio los recibos de cobro por servicios públicos; ahora se envían por correo electrónico. Así está Costa Rica. Se argumenta que este cambio es para ahorrar papel, o sea, que se intenta ser un país ecológico. Así está Costa Rica.
Uno puede preguntarse, los costarricenses se preguntan: ¿y todos los lugares de Costa Rica tienen Internet?, ¿y en toda el área metropolitana es posible encontrar Internet?, ¿y en todos los hogares costarricenses, o de habitantes de Costa Rica, es posible encontrar Internet y personas instruidas en su uso?, ¿todos los habitantes de Costa Rica, en todas las casas, saben usar internet?Uno puede preguntarse, los costarricenses se preguntan: ¿y qué tan razonable es esta manera de dar avisos sobre los servicios públicos, desde las mismas instituciones públicas, si no todos los habitantes de Costa Rica tienen la facilidad para recibir, entender, enfrentar y defenderse ante las consecuencias que significa tales avisos por este mecanismo de envío? ¿Es admisible que si alguien no sabe usar Internet o no puede accesarla, pague, pese a todo, sin saber cómo ni por qué lo que le dicen que tiene que pagar? ¿Tiene el Estado costarricense el deber de cumplirle a todos los habitantes de Costa Rica, notificándoles adecuada y efectivamente los montos a cobrar por esos servicios públicos, permitiéndoles a todos y cada uno de los habitantes el recibo físico y concreto, bajo un diseño exacto de un papel personalizado y no virtual y difícil recibir, de acceder y de almacenar de una manera efectiva y eficiente? ¿Es moralmente adecuado, sano y transparente este proceder desde las instituciones del Estado mismo?
Y en un hipotético caso de un cobro erróneo y naturalmente desproporcionado, una pregunta espeluznante que algunos me han confesado ya han empezado a hacerse: ¿y si esto es una poco transparente patraña de cobros estatales?
Pareciera que la reducción en el uso del papel es una noble política; sin embargo, paradójicamente, el uso de la Internet para el envío de recibos de cobro de las instituciones del Estado, es una arma que puede favorecer los cuestionamientos de la transparencia de las instituciones públicas del Estado, de sus funcionarios y de las figuras políticas. Creo que la credibilidad del Estado costarricense, en particular de sus instituciones y servicios, y la de sus diferentes figuras políticas y sociales, se vería paradójicamente muy entrecomillada.
Las instituciones públicas deben irradiar transparencia y eficiencia, pero también todas y cada una de las figuras estatales. Es un deber del Estado NO permitirse ni siquiera la insinuación de negligencia o cosas moralmente peores. Razón tenían los sabios campesinos ticos: “Papelitos hablan”. Mejor es: papelito claro y cuentas claras, para todos y todas los costarricenses. Esto es mejor que la desconfianza in crescendo hacia la política, hacia los políticos y hacia las instituciones públicas, en la mente de algunos o de muchos o de todos los habitantes de Costa Rica. Mejor “papelitos” que el reconocimiento crudo y radical del mortalmente virulento e irremediable chorizo y vicios institucionalizados.
