En la Hacienda Pública el presupuesto constituye el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado costarricense. La fuente de la Hacienda Pública comprende todos los ingresos probables, incluida la sustancial contribución al erario público de todos los y las costarricenses.
La Administración Pública es simplemente la depositaria de los recursos y como tal debe rendir cuentas transparentes a la sociedad costarricense y al mundo entero, acerca de los destinos de uso y disposición del gasto público, factor que ya de por sí es el principal motor de desarrollo en la corriente económica, toda vez que la función del Estado es precisamente imprimir el orden estable y la organización político-administrativa del país.
Desde hace tres décadas la acción de los poderes públicos se ha concentrado en reducir gradualmente el tamaño de la Administración Pública, debilitando la sostenibilidad y las posibilidades máximas de crecimiento de los sectores que históricamente son reconocidos como los pilares del desarrollo integral.
En ese gradual debilitamiento la sociedad ha perdido el horizonte de progreso y las esperanzas de gozar cada vez mejores niveles de calidad de vida, con panoramas cada vez más grises y con futuros marcados por signos de constante deterioro de las condiciones de vida digna.
Los poderes del Estado en su conjunto son los principales actores y responsables de la situación actual; tal responsabilidad recae no en la institucionalidad sino en las personas físicas en quienes el pueblo costarricense depositó la confianza, vía sufragio, para el ejercicio de los poderes públicos.
Lamentablemente muchos de los y las costarricenses ocupantes de los más altos cargos de los Supremos Poderes le han fallado al país y lejos de ejercer el poder en favor del interés general, lo que ha prevalecido es una extrema polarización del dominio y la cada vez más evidente concentración del poder público en un solo eje de corte liberal, lo cual significa la ruptura total del sistema constitucional de la división del poder del Estado, hasta el punto de ver en la anterior Administración Arias Sánchez como “normal” y no como la excepción a la regla, el “común” reemplazo del Presidente de la República por el Presidente de la Asamblea Legislativa, “casualmente” ambos de la misma cuna política.
Respecto a los otros poderes de la República, la misma Corte Suprema de Justicia por sus calculados actos introdujo al país en un ambiente de total control político que trascendió hasta las esferas del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, traduciendo a conveniencia de grupos de interés los preceptos doctrinales de la misma Constitución Política de la República de Costa Rica.
En todo este escenario las universidades públicas todavía se mantienen como uno de los últimos espacios inmunes a la acción política y por ende, para quienes ejercen el dominio de los poderes públicos son una “amenaza” a sus grupos de interés, por lo que “hay que neutralizarlas a toda costa” debilitando las fuentes de su financiamiento.
Ante la imposición de estas reglas visibles en los lentos y dramáticos procesos de negociación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES, Artículo 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), tanto en el presente Gobierno como en la anterior Administración, hoy más que nunca la sociedad costarricense es la llamada a decir la última palabra: ¿Debe el Gobierno de la República garantizar el crecimiento real constante del 11% para el FEES durante los próximos 5 años? ¿Sí o No?
El referéndum para el FEES constituye la consulta popular obligada y necesaria, puesto que la sociedad costarricense es a fin de cuentas la que financia y se beneficia colectiva y solidariamente con la universidad pública, razón de más justificada por lo que luego nadie diga que éste no es tema de referéndum, puesto que se trata de una consulta sobre un mecanismo de financiamiento público y no sobre el presupuesto de las universidades estatales en sí mismo.
La hora de la universidad pública ha llegado; la defensa de su constitucionalidad es por y para el pueblo, de lo contrario sus espacios se irán reduciendo y con ello la flama de luz brillante que ilumina las mentes de los y las costarricenses corre el riesgo de ser apagada y silenciada por las corrientes de un eje liberal, que no acepta en su léxico los valores de la solidaridad, la equidad y la justicia social.
