Mientras tanto, en 1995, Corea del Sur logra una reforma educativa, cambiando la naturaleza de las pruebas nacionales: los exámenes se aplicarían a los docentes, y no a los estudiantes. Aplicar pruebas estandarizadas a los estudiantes, con el propósito de evaluar sus conocimientos, es un doble control del aprendizaje, pues cada estudiante de secundaria dispone de un conjunto de docentes, quienes le aplican exámenes periódicamente, con el propósito de calificar el aprendizaje. El director de la institución educativa certifica el logro del aprendizaje, con base en las calificaciones aportadas por dichos docentes. Esto es coherente con los artículos 1 y 3 del Reglamento de Evaluación, que indican que la evaluación es un proceso a cargo exclusivamente del docente.
Es interesante preguntarse qué es lo que dichas pruebas certifican. Es sabido que las malas calificaciones en los primeros cursos universitarios, se producen generalmente por la ausencia de conocimientos básicos en los estudiantes, lo que les impide comprender las temáticas iniciales de los cursos, y de esto dan fe muchos profesores universitarios. Estos conocimientos previos inexistentes son, supuestamente, los mismos conocimientos que las pruebas de bachillerato certifican.
Algunos defienden que las pruebas nacionales brindan información importante; sin embargo, el conocimiento relativo a las debilidades del aprendizaje de los estudiantes que las aplican, es información inútil, pues una vez que los estudiantes de secundaria aplican las pruebas, no regresan a lecciones, quedan fuera del sistema educativo y es imposible solucionar los vacíos de conocimiento que tuviesen. La información es inaplicable a los estudiantes de décimo, pues esta otra generación tendrá sus propias carencias.
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 4 de la Ley 4463, exigen que todos los estudiantes que aplican las pruebas nacionales, tengan igualdad en las condiciones de acceso a la educación universitaria. Basta que un estudiante pertenezca a una familia compuesta por personas analfabetas, o que haya recibido lecciones de un docente con poco dominio de la asignatura, para que en consecuencia dicho estudiante fracase en las pruebas nacionales. Se tiene entonces que en la aplicación de estas pruebas, unos estudiantes tendrían ventajas, y otros, desventajas, violentándose el derecho del estudiante a acceder a la educación universitaria en igualdad de condiciones y oportunidades, debido principalmente a circunstancias externas, que resultan ajenas al control del estudiante mismo.
Las pruebas estandarizadas, evalúan únicamente a los estudiantes en asuntos académicos, al contrario de la evaluación lograda por las pruebas internacionales SERCE y PISA, que además de asuntos académicos, evalúan el desempeño institucional, el desempeño profesional de los docentes y la estructura del núcleo familiar, proveyéndoles a las autoridades políticas, de una valiosa radiografía del sistema educativo. Según la Ley Fundamental de Educación, el sistema educativo es “integral”, y el artículo 91 del Reglamento de Evaluación indica que las Pruebas Nacionales de Bachillerato evaluarán el logro educativo en “todos sus niveles y procesos”. Por lo tanto, para que se cumpla verdaderamente este propósito, sería necesario que las pruebas nacionales diagnosticaran al sistema educativo en aspectos relacionados con el desempeño de los docentes y de la institución.
