No cabe ninguna duda de que las instituciones públicas deben rendir cuentas sobre los recursos que utilizan, los cuales son aportados por el pueblo costarricense.
Las universidades públicas, por lo tanto, no quedan exentas de este deber y están obligadas a informar al país en qué invierten dichos recursos, haciendo énfasis en que lo esencial de ellas es el trabajo de formación humanista de nuevos profesionales, la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la acción social. No obstante lo anterior, en el 2014, se empezó a hablar, casi al mismo tiempo, en el Gobierno de la República y desde la administración de la Universidad de Costa Rica de políticas de contención salarial, considerando los salarios como una fuerte amenaza a las finanzas públicas. A este tema tampoco escaparon las pensiones, rubro en el que se anunciaron drásticas medidas que finalmente no fueron aplicadas en forma literal, debido a las argumentaciones legales que presentó el grupo de personas que se vieron afectadas.
Es así como a los salarios de las universidades se les ha considerado como los causantes de una posible desestabilización financiera y a las pensiones como uno de los factores que acrecientan el déficit fiscal, hechos que se han notado en la publicación sistemática e inapropiada de los montos de las pensiones y de los salarios de cada funcionaria o funcionario.
Esta exposición pública de los salarios tiene dos serios agravantes: 1) No es una información precisa ya que carece de un análisis en el que se indiquen variables específicas y se cuantifique los millones de colones cotizados al régimen de seguridad social y los montos que como población cautiva, paga por impuesto de la renta. Tampoco se señala que estos montos se rebajarán abruptamente y tendrán un tope, cuando las personas se jubilen del régimen de la CCSS, al que pertenece un altísimo porcentaje de ellas y 2) Se trata de información personal muy sensible que puede poner en riesgo a los funcionarios pues, sin importar los montos, también puede llegar a la delincuencia y con ello exponerlos a actos delictivos como los que ya se dan en otros países de Latinoamérica. Quienes han abierto esta puerta al entregar esta información, que pudo ser presentada y analizada en relación con parámetros como puestos y categorías salariales, son los responsables de cualquier eventualidad delictiva contra los funcionarios universitarios. Lo anterior, no implica eludir la responsabilidad de un análisis serio e integral de los salarios universitarios.
