Si desde el Ministerio de Educación Pública (MEP), su actual ministro, don Leonardo Garnier, firmó como ¿autor? un documento intitulado «Repetir o pasar:
¿y la deserción?», así como la versión de éste para el periódico La Nación, «Acabar con un sinsentido», que presenta los resultados de una investigación que «justificó» la «Reforma de las Normas reguladoras de la Promoción y Repitencia dentro del Sistema Educativo Público Costarricense» (sic)…
Si La Nación en su editorial «De la rutina al cambio», del 14/11/08, al referirse a la reforma anunciada por el ministro, manifiesta, por ejemplo, que: «En primer lugar, no se trata de una ocurrencia o de un buen deseo, como suele suceder ante algunos grandes retos del país, sino del epílogo de un año de investigación, como lo ha expresado el ministro Garnier; de analizar estadísticas, de realizar estudios comparativos con los países más avanzados en el campo educativo, de deliberar con expertos y ministros de otras naciones, de visitar países y de recibir asesoramiento de educadores y directores costarricenses»…
Entonces, necesariamente, se trata de investigación educativa, una disciplina que utiliza la metodología científica, en donde la corazonada, la intuición, los «argumentos lógicos» fuera de la investigación correspondiente –¿o sentido común a conveniencia?–, los ídolos y las falsas nociones (Bacon), son los que menos deben imperar cuando los «expertos», investidos como «autoridades», deciden seguir experimentado con el sistema educativo público y con las expectativas de los estudiantes y sus familias.
¿No les ha bastado con el deteriorado estado en que han colocado –mediante la heurística y el empirismo que los gobierna– a la educación costarricense, a la que se ha dedicado una enorme cantidad de recursos financieros, cuyos resultados poco alentadores en nada son proporcionales con esas cifras y en donde nuestros estudiantes, junto con los profesores y administrativos de escuelas y colegios, siguen siendo los conejillos de Indias de los experimentos que «sustentan» en ocurrencias, al vaivén de la teoría de moda internacional, importada acríticamente –¿o plagiada?–, interpretada a conveniencia y regurgitada en marcos teóricos que buscan validarla, pero sin resultados positivos, más que aquellos reflejados en estadísticas confeccionadas por la misma entidad, juez y parte del proceso?
Al ser la reforma en el sistema de evaluación «un gran reto para el país», un caso particular de interés científico y académico, ¿no es un derecho de todos los habitantes de este país contar con la investigación educativa «realizada», la específicamente anunciada, en las bibliotecas públicas, en la Internet?
Desde luego, la investigación «epílogo de un año» que el MEP anunció haber realizado para «justificar» la reforma al ¿sistema? de evaluación –aupada y sacralizada por unos cuantos– habría permitido conocer, entre varios aspectos, el marco conceptual, la metodología utilizada, y los países en América Latina y «el mundo» analizados, las investigaciones internacionales y nacionales consultadas, los criterios obtenidos de «mucha gente de muy variadas regiones y países», los fundamentos de la decisión de no consultar a los educadores sobre las reformas, así como la explicación sobre las similitudes –en formato y contenidos– entre el trabajo del autor Manuel Rojas Rubio, «Promoción Automática y Fracaso Escolar en Colombia», y «Repetir o pasar: ¿y la deserción?».
La investigación habría permitido además conocer el nombre del tipo de promoción que resultó de la búsqueda de «una salida propia que mantuviera lo mejor de ambos mundos –la repitencia y la promoción» (¿»flexible», «mixta», «asistida», «controlada»?), el «plan piloto» conducido antes de implementar toda una reforma a nivel nacional; explicaría si únicamente se consideró la variable evaluación como causa de la repitencia, y no aquellas señaladas por la autora Rosa María Torres en su trabajo «Repetición escolar: ¿falla del alumno o falla del sistema?».
En la investigación específicamente anunciada por el MEP, se habría podido entender si nos encontramos lejos de lo manifestado por el autor José Vallejo Osorio, al referirse a la promoción automática decretada en su país:
«Para que Colombia no avance en la condición de país de analfabetas funcionales», o si más bien nos encontramos ante el mismo escenario que comparte el nicaragüense Miguel De Castilla Urbina, en «La corrupción de la pedagogía» que, entre otros aspectos, se podrá leer en la segunda parte de este artículo.
