Ignoro cuál es la intención de ver la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por retazos, muchos de ellos de segundo y tercer grado de importancia en relación con el déficit financiero, la pésima atención de pacientes, gastos en compra creciente de servicios al sector privado, biombos y nuevas obligaciones en salud asignada a la Caja, que hacen más difícil la recuperación del paciente…
Sabemos ahora que responsabilizan de la crisis a la Sala IV, porque a menudo los pacientes desesperados por la deshumanización del derecho a la salud recurren al máximo tribunal en busca de ayuda. No debería ser así, pero dadas las intromisiones políticas en las altas esferas, crecientes incapacidades de muchos vagabundos, aumento de las planillas en los últimos cinco años, ausentismo de profesionales en salud, “secuestro” de la entidad por algunos profesionales y cuotas incobrables hacen que una cita con un especialista antes de un mes sea una lotería, sin mencionar mamografías, TAC, intervenciones quirúrgicas, etc.Llama la atención, en el rubro de las deudas por cuotas obrero patronales, que hayan obligaciones sin cancelar por parte del Estado por más de ¢500.000 millones y más de ¢195.000 millones por parte de los empresarios. En este último caso, sabemos hoy que de los 74.896 patronos del sector privado reportados por la Caja, 59.746 acumulan ¢75.790 millones. Es decir, que en términos reales contribuyen con el Seguro solo 15.150 patronos del sector privado. ¡Vaya paradoja! La versión oficial sobre semejante problema es, según Manuel Ugarte, gerente financiero de la CCSS, que estamos con las manos atadas, pues por más acciones que se hagan con los abogados, cuando llegan los casos a los juzgados el proceso se hace muy lento (ver Diario Extra del 28 de julio 2010).
Todo parece ser producto de “generación espontánea”, porque nadie se responsabiliza concretamente por la quiebra en ciernes de la CCSS. Y como la memoria a veces nos resulta chueca, voy a recordar el amplio informe que el 13 de setiembre de 1993 dio el Gobierno de entonces al Banco Mundial. En este, se reconocía los avances habidos en la salud pública de nuestro país en la década de los cuarenta.
De inmediato, ponían al tanto a dicho Banco de un ambicioso plan de reforma del sector salud, aprobado ese año, que reorganizaba el Ministerio de Salud y reestructuraba la CCSS para que esta asumiera “la administración de las prestación de servicios de atención a la salud de las personas, o por medio de contratos con grupos no gubernamentales”, entre otros. Pregunté en ese entonces si eso no era desnaturalizar a la Caja y apostar por los servicios de salud privados, y la respuesta fue que cómo se me ocurría. Todos estaban felices porque, según dicho informe –que guardo como un tesoro– la administración, programación y elaboración de presupuestos serán delegadas a los niveles regionales de la Caja, siguiendo un perfil de organización que incluía los regímenes de pensión de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), atención integral de la salud y administración financiera (sic. referente al Proyecto de reforma de Salud, pág. 7, 13 set 1993). Hoy sabemos que el sistema de pensiones está por hundirse, salvo que haya aumento en la edad de retiro y aumento en las cuotas, al mejor estilo de Zapatero en España.
El artículo 73 de la Constitución Política establece que: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”. La pregunta para la comisión legislativa que dizque investigará a la Caja, por simple curiosidad, es la siguiente: ¿Se han dado otros usos a esos fondos y reservas? Es entonces importante comprobar si dicha normativa constitucional se está cumpliendo, a fin de sentar responsabilidades.
No es un asunto solo de si los ingresos y los egresos de la querida Caja cuadran. No. Según mi modesto entender, es determinar los funcionarios negligentes en “desmontar”, al mejor estilo de cómo lo hicieron con el Banco Anglo y los Ferrocarriles, todo el sistema de seguridad social. Entiendo que se “desmonta” el sistema y se desnaturaliza por acción u omisión; por ejemplo, cuando la gente humilde busca atención médica y no hay en plazos razonables. Se desnaturaliza la Caja cuando usted llega en busca de un examen especializado y la cita es dentro de dos años, o bien lo remiten a una clínica privada, porque el acelerador lineal de la institución está malo. Y todo frente a nuestras narices.
