Subsidios en combustible para la pesca: ¿Quién se beneficia?

Resultado de las diversas “negociaciones” que antecedieron las pasadas elecciones del Directorio Legislativo, resalta  la nueva ley que fue aprobada  en la Asamblea Legislativa,

Resultado de las diversas “negociaciones” que antecedieron las pasadas elecciones del Directorio Legislativo, resalta  la nueva ley que fue aprobada  en la Asamblea Legislativa, y que refiere a la interpretación auténtica de los artículos 45 de la Ley de Creación del INCOPESCA y 123 de la Ley de Pesca. Esta aprobación denota el desconocimiento y la  ingenuidad con las que se ha forjado nuestra errática política pesquera. Este proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, reduce el costo del combustible subsidiado para los pescadores en más de un 25%.

El subsidio otorgado a la flota pesquera nacional representó el año pasado, cerca de ¢10.000 millones ($113 millones de dólares desde el 2006). Cualquiera esperaría que en una operación que involucra miles de millones de colones anuales exista  una clara idea de los beneficios a alcanzar, el proceso de distribución a usar, y el impacto social y ambiental que resultará de este subsidio.

En este caso particular, se debe ser especialmente cuidadoso ya que este subsidio, sus canales de distribución y sus supuestos beneficios han sido (por años) seriamente cuestionados en informes de la Contraloría General de la República, de la Auditoría del Ministerio de Ambiente  y en comunicados del sector pesquero artesanal (el supuesto principal beneficiario), quienes alegan que el subsidio no cumple sus objetivos, carece de controles y muestras señales de despilfarro.

Para quien conoce algo de cómo funciona este sistema, es obvio que estos miles de millones no benefician a la mayoría del sector pesquero. Solamente un grupo reducido de pescadores que viven cerca de los centros de distribución de combustible subsidiado, un pequeño número de empresarios que se dedican a su distribución, dueños de barcos grandes, e inclusive flotas extranjeras, se benefician de este subsidio. A la gran mayoría de los pescadores artesanales, en docenas de pueblitos a lo largo de nuestras costas, les resulta demasiado caro salir de sus comunidades para ir a comprar y transportar de regreso el combustible subsidiado, por lo que prefieren comprarlo en expendedoras locales convencionales.

Ya desde el 2008,  la Contraloría General y más recientemente (2012) la Auditoría del MINAE, advirtieron que este país carece de mecanismos, estudios y capacidad institucional para controlar  este plan de subsidios al combustible y que no se puede asegurar si esta siendo usado adecuadamente o si con él se están logrando los objetivos económicos, sociales y ambientales que se persiguen.

¿Quiénes se benefician con el negocio de su distribución? ¿Cuánto llega a ser el precio real al final de esta cadena de intermediación? ¿Qué compañías son subsidiadas mayoritariamente con este esquema?

El plenario legislativo en pleno, aprueba en primer debate una ley que viene a consolidar un sistema que adolece de controles adecuados, y que no alcanza los objetivos para los que se destinan multimillonarios subsidios estatales.

Nuestro país por décadas ha permitido, irresponsablemente, la pesca de nuestros recursos pesqueros sin basarse en estudios técnicos que permitan determinar cuánto recurso hay en nuestros mares y por ende cuántos barcos y licencias deben de ser permitidos. Lo único que sí parece conocerse con certeza es que nuestros recursos están hoy sobreexplotados.

En momentos en que todos los expertos que han analizado la situación recomiendan reducir el esfuerzo pesquero, disminuir el número de licencias y barcos pesqueros, nuestra Asamblea aprueba un subsidio, sin un plazo definido,  que permite pescar más indefinidamente.

¿Los diputados habrán realizado un análisis del efecto que un combustible más barato va a tener en el esfuerzo pesquero y en la situación de nuestros recursos pesqueros? ¿O seguimos creyendo que para que nuestro sector pesquero prospere sólo se necesita más motores, redes más grandes, combustible más barato, cuerdas más largas? ¿Al aprobar un subsidio de miles de millones de colones, se aseguraron que los mecanismos de control estaban funcionando?  ¿Establecieron indicadores que determinen si realmente se está beneficiando a la mayoría del sector pesquero?

Alimentar, con miles de millones de colones al año, un sistema  lleno de deficiencias e irregularidades, carente de  adecuados controles, que beneficia a unos pocos y que tiene impactos económicos, sociales y ambientales dudosos, no es la forma de ayudar al sector pesquero. Con este tipo de acciones sólo estamos condenando al sector pesquero a la pobreza.

 

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