Ulpiano, un clásico jurisconsulto romano, cierta vez expresó: “Los preceptos del Derecho son: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo”.
Las últimas noticias presentadas por diferentes medios de comunicación exhiben, lo que aparenta ser, una incesante problemática con jueces e, incluso, magistrados de la República. Es notorio el crecimiento de la lista que contiene los nombres de algunos funcionarios judiciales imputados por diversos delitos.Ahora bien, se supone que el “manto” de la Ética cubre a cada ser humano en el país y en el mundo. Por ende, “vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo” es una responsabilidad adquirida por todas las personas, sin importar su función en el gran plano social. El vasto conjunto de leyes, en teoría, debería ser el “manual” para garantizar el debido cumplimiento de los mencionados preceptos del Derecho, además de salvaguardar el orden del incansable proceder humano. Por esta razón, las y los profesionales en Derecho (con especial énfasis en aquellos que ejercen como jueces y magistrados) son los primeros adscriptos a las disposiciones jurídicas. No obstante, la realidad nacional muestra que algunos miembros del gremio nunca han entendido tan básico principio.
La función del Poder Judicial es velar por el adecuado cumplimiento de la Ley. Es inexcusable, entonces, que todo juez o magistrado sea el primer sometido a los preceptos legales de la República, con los cuales trabaja todos los días. Si alguno de estos funcionarios desobedecieren cualquier mandato legal, es correcto el reproche (siempre y cuando sea con apego a los márgenes de las leyes y la cordura). Es necesario someter al eventual funcionario imputado a un proceso disciplinario: destitución del cargo público, suspensión del ejercicio profesional y acatamiento de sanciones penales.
Sin embargo, el reproche y la reprimenda no son soluciones para enfrentar la mencionada problemática de ciertos profesionales en Derecho. Estos actos son deberes éticos y jurídicos para sancionar cualquier proceder delictivo, nada más. La solución se encuentra en medidas preventivas. Un viejo refrán dice que es mejor prevenir que lamentar.
Una posible medida de prevención se encuentra en la enseñanza del Derecho. Es preciso incentivar ciertos valores que promuevan el enfrentamiento a la corrupción, a la evasión de la justicia y a la ejecución de actos delictivos y no éticos. Que los preceptos de Ulpiano no sean parte de la teoría, sino de la sana práctica en el ejercicio profesional de cada jurista en el país (sería bueno que el gremio, de una vez por todas, se “lave la cara”).
Otra viable medida de prevención es la reconfiguración de los regímenes disciplinarios en las instituciones judiciales, iniciando por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El ejercicio del Derecho debe estar reservado a personas que, en verdad, cumplen a cabalidad todas las ordenanzas del sistema jurídico nacional, junto a otros principios éticos. No puede ser cualquiera el que esté facultado para ejercer como jurista. Por tanto, el Colegio de Abogados y Abogadas debe estar en una constante revisión del comportamiento ético de sus agremiados, y no dejar estos asuntos rezagados, como si fueran procesos superficiales de la Fiscalía del Colegio.
La ciudadanía espera mucho del Poder Judicial y su exigencia está justificada. El peor error que los funcionarios judiciales pueden cometer es generar desconfianza de su labor, pues se deslegitima la autoridad de todos los encargados de velar por el cumplimiento de la Ley. Los políticos ya han desilusionado mucho, que no sea así con los juristas. Por tales razones, la problemática que se ha estado suscitando con algunos jueces y magistrados debe ser erradicada, en la medida de lo posible. De lo contrario, “¿quién podrá defendernos?”.
