Algunos de estos intereses como los relativos a la seguridad (nacional e internacional) no quedan explicitados en el convenio; sin embargo, el Gobierno norteamericano los hace valer cuando sea necesario, para lo cual cuentan no solo con el poder real, sino que tiene además un arsenal de leyes, de instrumentos jurídicos y de recursos, que le permiten proteger los intereses estadounidenses de manera unilateral.
No podemos ser tan ingenuos para pensar que con los TLC el país saldrá del subdesarrollo, o que la pobreza disminuirá sustancialmente o que las fuentes de trabajo aumentarán de la noche a la mañana. Detrás de los TLC se visualiza el poder imperial, que con sus acciones múltiples logra sujetar (o dominar) de manera institucionalizada a la mayor parte de los países en vías de desarrollo. Los Estados Unidos es un «imperio sui géneris» en palabras de Enrique Krause, porque al comerciar con los países vencidos (en la guerra como es el caso de Irak), siempre saca ventaja. Pero, los Estados Unidos no solo sacan ventajas en situaciones de conflicto, sino con mayor extensión en las situaciones normales o de paz, pues precisamente en este contexto, es cuando tienen necesidad de utilizar los mecanismos convencionales e institucionalizar el dominio y los compromisos con las políticas norteamericanas.
Dichos intereses estratégicos son por lo general «externos» al tratado mismo y constituyen una red poderosa que se vincula estructuralmente al gobierno norteamericano y orientan sus acciones, a veces de manera formal-institucional otras veces informalmente. Estos poderosos grupos son los principales dueños o accionistas de la industria militar, del petróleo, de las transnacionales, grupos de las mafias, etc. En estos procesos de negociación los principales dirigentes y gobernantes nacionales y sus principales asesores, se engranan en dicha red como una especie de anillo periférico que abastece a la potencia con el conocimiento local y sirven de vínculo intermediario con los grupos nacionales que concentran la mayor parte de la riqueza y del poder político.
Esto explica por qué en Costa Rica los defensores naturales del TLC son los principales dueños o accionistas de la gran industria, los grandes comerciantes (incluyendo a las importadoras de granos en gran escala), el sector financiero y de servicios (bancos privados especialmente) y los altos dirigentes de partidos y gobernantes, los cuales constituyen la red principal de los intereses nacionales, que se encargan de enlazar y legitimar las relaciones entre la potencia y nuestros países.
En este contexto, algunos consideramos que es patriótico, oponerse a la aprobación del TLC hasta tanto no se incluyan los mecanismos necesarios que garanticen a nuestro país su soberanía y que corrijan y compensen las enormes diferencias en que se encuentran la mayor parte de los grupos productivos nacionales, especialmente los pequeños y medianos productores y agricultores.
