Costa Rica enfrenta un contexto mundial difícil, económicamente deprimido, socialmente turbulento, y no parece tener agilidad para reaccionar. Hemos procrastinado, quizás por miedo a abandonar viejos paradigmas, por torpeza política o por falta de madurez social para discutir los temas pertinentes. En este sentido las finanzas públicas son de esos temas donde la indecisión se ha hecho latente y aunque se trata de una problemática multifactorial, es claro que el costo de la planilla pública ha desbordado todas las posibilidades financieras de nuestras instituciones y la integridad del servidor público se ha puesto en tela de juicio.
Pese a su relevancia resulta preocupante observar el rumbo que ha tomado esta discusión, donde las generalizaciones, los encabezados tendenciosos y el discurso populista de algunas figuras públicas, se han conjugado con la frustración de los ciudadanos y la falta de resolución de nuestros gobernantes. Se ha invadido la intimidad de los trabajadores en un intento por simplificar el problema y se ha recurrido a las comparaciones curiosas pero sin significado alguno, por ejemplo, “x empleado público gana más que el empleado privado y”, o “x empleado gana más de un millón de colones”, como si esto fuera el problema per se.
Así, convenientemente para algunos, se ha desviado la atención de las causas y se ha saltado directamente a las consecuencias. Ha iniciado una casería de brujas, apuntando el dedo hacia el empleado público, dividiendo a la sociedad, como si existieran dos clases de ciudadanos, como si la capacidad, las necesidades humanas y la ética del empleado público fueran intrínsecamente distintas que las del empleado privado. Con ese desdén, en las últimas semanas se ha vuelto común referirse al empleado público con etiquetas tales como “vagabundo”, “mediocre”, “vividor”, entre otros calificativos negativos e injustos.
Vale la pena preguntarse: ¿Quién es el culpable del debacle de las finanzas públicas, el empleado, el empleador o ambos? ¿Acaso es culpable el misceláneo, técnico o profesional de los regímenes salariales disparatados que fueron implementados por varias generaciones de gobernantes? ¿Podemos deducir, a partir del desempeño de un gobierno, los méritos de los trabajadores que han servido a nuestras instituciones de forma honorable y honrada por muchos años? El análisis merece ser concienzudo, así como el problema de la planilla estatal no se puede negar, tampoco se debe olvidar que se está hablando de personas y por ende no se puede recurrir a generalizaciones.
No hay teoría por inventar, es el proceso administrativo fundamental que se debe aplicar rigurosamente. Caso por caso, se deben identificar las entidades que presentan problemas financieros, el por qué de ellos, cuánto representa la planilla en sus estados de resultados, en cuanto a cantidad de empleados y salarios, y si tiene esto congruencia con la naturaleza de la institución, identificar las situaciones que han llevado a los potenciales excesos en las planillas y solo después será posible hablar de responsables, pero más importante aún plantear las reformas a las leyes y reglamentos que permitan hacer sostenible la operación del Estado, sin dejar de dignificar al empleado.
Estado, gobierno y sociedad son una identidad el uno con los otros; cuando señalamos un error a uno de estos vemos en un espejo nuestras propias debilidades, cuando celebramos el éxito de la sociedad, celebramos a nuestras instituciones y a aquellos a quienes hemos elegido para gobernar. Las discusiones que se avecinan serán cada vez más complicadas y sin duda incitarán fricciones sociales. Es nuestro deber como ciudadanos blindar a la sociedad del oportunismo de unos pocos políticos que obtienen réditos del fraccionamiento de la población, lo cual solo es posible manteniendo la objetividad, siendo críticos de la información que se nos presenta y procurando ante todo la unidad del pueblo.
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