En el 2006 las autoridades de la municipalidad de Puntarenas y la patrulla naval le quemaron el rancho a don Pedro Velásquez en isla Caballo, para abrirle paso a un megaproyecto impulsado por Viviana Martín Salazar y Jorge Woodbridge, ambos del PLN. Unos meses antes en playa Zapotillal (Minas) en Santa Cruz de Guanacaste, fue demolida la casa de don Juan Canales y su familia antes del mediodía, cuando doña Rosa preparaba el almuerzo. En este caso también estuvo involucrada Viviana Martín, junto con su hermano Álvaro Martín Salazar, miembro de juntas directivas de entes gubernamentales y privados, y Jorge Enrique Chavarría Carrillo, actual alcalde de Santa Cruz. Luego siguieron más órdenes de desalojo y demoliciones a lo largo del litoral Pacífico.
Muchos de estos pescadores y sus ancestros llegaron décadas atrás y se establecieron pacíficamente en los terrenos públicos de la ZMT. Levantaron sus hogares y conformaron pueblos que hoy constituyen una pieza fundamental del acervo cultural costarricense. El Estado les brindó servicios de luz eléctrica, telefonía y acueductos, e incluso hubo políticos que asignaron bonos de vivienda en la zona pública.
A causa de la burbuja inmobiliaria y el entusiasmo por los terrenos beach front y ocean view, los pescadores y sus pueblos pasaron a ser un obstáculo que había que vencer a como diera lugar. Por las buenas: transformándolos en propietarios para someterlos a tentadoras ofertas de compra, y por las malas: desalojándolos por una cuestionable posesión ilegal de tierras. Ambas vías son legales y efectivas; pero ninguna viene a resolver los problemas sociales y económicos de los pescadores. En los desalojos la intención es obvia. En cambio, la propuesta de pasar “de poseedores a propietarios” es un arma nada inocente y de doble filo que consiste en privatizar la ZMT y repartir títulos de propiedad con la consigna de que eso beneficia a los pescadores y al país. Pero la realidad actual nos alerta sobre los peligros que esto acarrea. En primer lugar, privatizar y convertir en mercancía terrenos públicos es una forma de arrebatarle al Estado una parte importante de sus bienes. Y por otro lado, los títulos de propiedad colocan a los pescadores en una situación de vulnerabilidad frente a los excesos de mercaderes y entidades bancarias, lo que trae como consecuencia el desplazamiento de sus pueblos y la extinción de su herencia cultural, aunado a más desintegración familiar, pérdida de identidad, alienación, dependencia, desempleo, pobreza, violencia doméstica, delincuencia, narcotráfico, etc.
Es muy extraño que una moratoria amparada en aspectos sociales y ambientales se trate en la comisión de turismo de la Asamblea Legislativa, y no en las comisiones de ambiente o asuntos sociales. ¿Qué pretenden los diputados al colocar este tema en un ámbito turístico? ¿Qué valor les merecen los pueblos de pescadores artesanales y el ambiente? Otro aspecto que genera dudas es el plazo de dos años de la moratoria, en plena campaña electoral, cuando los votos de las provincias costeras (Puntarenas, Guanacaste y Limón) adquieren especial importancia. En este par de años solo podemos esperar dos cosas de esta moratoria: privatización o nada. No sería raro que esta coyuntura se utilice para pasar proyectos de privatización de la ZMT.
Sin embargo, hay muchas tareas pendientes que realmente urgen para poder ordenar la ZMT y darles seguridad jurídica a los pueblos costeros:
-Delimitar el patrimonio natural del Estado.
-Evaluar y corregir los mojones existentes y publicar una lista oficial de playas indicando dónde hay y no hay mojones.
-Modernizar los departamentos de ZMT de las municipalidades costeras y establecer bases de datos públicas en Internet con información completa y actualizada de cada expediente.
-Publicar una lista oficial de todos los planes reguladores, vigentes y en trámite, indicando fecha de aprobación y autores.
-Realizar y publicar un censo de los pueblos ubicados en la ZMT con sus índices de desarrollo humano.
-Determinar la capacidad de carga de estos poblados y su adaptabilidad al cambio climático.
-Capacitar a los pescadores artesanales para que mejoren su capacidad organizativa y de gestión empresarial.
-Implementar y mejorar en las comunidades costeras los servicios de educación, salud, manejo de desechos y aguas servidas, telecomunicaciones.
Y lo más importante: crear una figura jurídica especial para los pueblos de pescadores artesanales, reconociendo su arraigo y su valor cultural, y manteniendo los terrenos en poder del Estado para que no puedan comercializarse, pero bajo una categoría especial de uso colectivo, similar a los territorios indígenas.
Dos años no bastan para realizar un trabajo serio y con visión de largo plazo, por eso lo primero que deberían hacer los diputados es ampliar la moratoria a plazo indefinido o por lo menos a seis años, para contrarrestar la maniobra electorera y disponer al menos de un período de gobierno completo.
