El asunto tiene dos frentes básicos: el presidente Solís resolvió mantener a la DIS, una instancia de espionaje, directamente sujeta a la Casa Presidencial. El segundo es que nombró Ministro de Seguridad precisamente a quien en la administración anterior fue jefe de ese aparato de vigilancia, el señor Celso Gamboa Sánchez. No se discute aquí la calidad personal y profesional del señor Gamboa, ni tampoco su honradez. Se trata de un asunto de concepto. Corrupción política y venalidad en el ejercicio de la función pública se dicen de la perversión del sentido de servicio de la institucionalidad pública la primera, y de la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública la segunda. No son lo mismo, aunque puedan darse relaciones entre ellas. La comisión de delitos es asunto de policía y circuitos judiciales y aunque sea cardinal no se tocará en estas líneas. El corrupto, en cambio, se da en cuanto se es actor del maleamiento del servicio público o porque se lo ve y se mira para otro lado. En términos de desempeño funcionario, el asunto no concierne solo a la instancia en la que se sirve, sino en la apreciación del conjunto de las instituciones públicas. Visto así, no es apropiado para un gobierno del PAC nombrar un funcionario importante del anterior gobierno, con independencia de su calidad individual. Parece disolver corrupción en venalidad o que se estima que el vicio es asunto de individuos y no de un ethos y una lógica acerca del carácter de la función pública. El PLN puede ser considerado corrupto no porque sus funcionarios roben, sino porque hizo del servicio público un sistema para potenciar intereses personales y sectoriales. Es el centro del tema de las “galletitas” planteado con acierto en su momento por Ottón Solís.
El segundo frente es igual de importante. La DIS, si va a existir, cuestión polemizable, no debe depender de la Casa Presidencial, o sea del Presidente o de alguno de sus cercanos. Requiere otro marco institucional. La razón es sencilla. Si se ocupa de seguridad nacional (no de Seguridad Nacional) se trata de un campo que excede a los gobiernos. Es tarea estatal. Su anclaje no debe estar personalizado. La personalización llama a la corrupción. Costa Rica ha vivido la experiencia de una Casa Presidencial corrupta. No es sano que la DIS sea feudo de presidentes y cercanos.
El juicio anterior vale, pero el desafío de la DIS como instancia de espionaje contiene otras facetas. Según la Constitución del país, el soberano es aquí la ciudadanía (el texto dice “la nación”, concepto más huidizo). El espionaje de la DIS debe orientarse hacia lo que ponga en peligro la seguridad del colectivo ciudadano o de la nación. El señor Gamboa, afirma que la DIS es como cualquier otra ‘policía de inteligencia’ del mundo y sirve para evitar que vaya más allá “la invasión nicaragüense en nuestro país” y que opere la ciberdelincuencia (LN: 17/04/2014). Sentencia facilona. A la DIS se le escapó la conspiración del “memorándum del miedo”, un ataque contra la ciudadanía. No advirtió nada en negocios que lesionaron a la CCSS y al ICE y tocaron al INS. No informó, si sabía algo, de movimientos que llevaron al aquelarre de la trocha fronteriza. No olió allí heridas contra la nación. Ni alertó a la presidencia sobre cierto avión. Y, más grave, ignora que el único poder que puede dar un golpe de Estado en América Central es Estados Unidos. ¿Tiene la DIS un archivo sobre los agentes abiertos y encubiertos estadounidenses? ¿Se enteró por la prensa, igual que cualquier tico, de las maniobras de EUA en el país para crear una “primavera” cubana? Si por las acciones contra la ciudadanía y la nación se la juzga, la DIS es disfuncional. Exageremos: más que el MOPT.
No existen buenas razones para que la DIS siga como está. Menos para que su jefe sea el equipo de Casa Presidencial. No se puede olvidar que el hijo dilecto de la señora Olsen ya avisó que viene por la presidencia en el 2018.
