El 17 de marzo de este año, la UCR envió un comunicado en el que informaba que cualquier consulta por parte de la prensa nacional sobre la Red Sismológica Nacional (RSN) debía realizarse por medio de la Oficina de Divulgación e Información (ODI).
Esto se constituyó en un arma de doble filo, una trampa perfecta en la que cayó la ODI. La periodista Hulda Miranda planteó un recurso de amparo contra la UCR porque la ODI le indicó que los funcionarios consultados sobre el tema RSN sostienen que no darán declaraciones porque debían guardar “secreto sumario”.
Miranda solicitó que se le informara sobre el destino de fondos públicos provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias que llegaron a la RSN.
Ella tiene todo el derecho a solicitarlo, pero el director Escuela de Geología y la Contraloría Interna de la UCR adujeron que como existe una denuncia por el uso de esos fondos, el artículo 6 de la Ley de Control Interno y el artículo 8 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, los encartados “están inhibidos a brindar información sobre este caso”.
Más allá de la pertinencia del planteamiento de Miranda o de que los funcionarios estén en lo correcto, ¿quién mete a la ODI en este berenjenal?
Ahora, al acoger el recurso de Miranda, la Sala Constitucional ordenó a Patricia Blanco, directora de la ODI, que le brinde un informe sobre lo que hizo en este caso.
¿Qué puede contestar una oficina de divulgación en este caso?
¿Qué hacen periodistas y comunicadores metidos en un lío judicial en el que no tienen arte ni parte?
No hay duda de que la ODI es inocente a toda prueba, más allá que la Sala IV castigue su intervención en el asunto o que la Contraloría Interna encuentre que, en efecto, hubo daño al patrimonio estatal en el caso concreto.
Lo trascendente aquí es que la ODI no puede meterse en camisa de once varas y ser el “único” intermediario entre la prensa nacional y los funcionarios de la UCR.
Primero, porque la ODI no puede negar información pública (el dinero que llegó a la RSN lo es) y segundo, porque a los periodistas, cuando se les dice que no, buscarán las formas de obtener la información. Vamos, que para eso nos pagan, aunque mal.
Si la ODI es el “único” puente entre funcionarios y prensa, ante la menor negativa de datos, esa oficina será blanco de la “furia” de los comunicadores. Así es y eso no se puede cambiar, más allá de nuestros gustos.
Entonces, la ODI tiene el monopolio “de brindar información”, pero no “la información” en sí misma, sino que depende de que otras personas la den y si esas personas no la dan por el motivo que sea, entonces, la ODI queda entre la espada y la pared. Un predicamento que no merece.
¿No será mejor plantearse a la ODI como un “primer abordaje” al tema (sea cual sea) y que si no puede dar los datos (por el motivo que sea), la prensa nacional queda en la libertad de buscar la información como considere conveniente?
De esa forma, la directora de la ODI no estaría ahora apercibida por la Sala IV y serían otros los que apechugarían esos entuertos.
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