En relación con otras universidades públicas latinoamericanas, las costarricenses tienen la gran ventaja de que su presupuesto es plurianual y está garantizado por la Constitución Política.
Este hecho debe servir para que haya la mejor definición de los recursos que se requieren durante el quinquenio siguiente, y así evitar el “lobby” que año tras año otras universidades efectúan ante las autoridades gubernamentales, como sucede en México, solo para citar un ejemplo. No obstante, quienes forman parte de las comunidades universitarias costarricenses, no deben olvidar que en los últimos gobiernos de la República ha habido acciones tendentes a cuestionar el trabajo de las universidades públicas. Incluso, en las gestiones correspondientes al acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (2010-2015), hubo publicaciones de varios ministros del Gobierno, en donde se afirmaba que el presupuesto destinado a las universidades públicas se había venido incrementado y convertido en una seria amenaza para el erario público.Debido a que el próximo año debe suscribirse un nuevo Acuerdo (2016-2020), las universidades públicas no deben obviar ese contexto, el cual forma parte de las crecientes presiones neoliberales a las que son sometidas estas universidades. Entre ellas, el debilitamiento de los presupuestos y búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, la implementación de índices de productividad asociados al tema salarial y las exigencias de estandarización en diferentes niveles, afectando seriamente el académico. Por ello, están en la obligación de demostrarle al país que sus principios no deben variar y que responden a un modelo de sociedad solidario, orientado a garantizar la movilidad social y el desarrollo humano en sus diversas facetas.
En este contexto preocupa que en las últimas semanas el tema salarial ha sido colocado de manera estratégica en los medios de comunicación, haciendo especial énfasis en que el salario de funcionarios y funcionarias de las universidades es muy superior al que perciben funcionarios del Gobierno y que puede ser abusivo, sin que se consideren justificaciones de fondo relacionadas con los méritos, los derechos y la trayectoria laboral. A lo anterior hay que adicionarle que ya se ha empezado a hablar al interior de las mismas universidades de restricción o contención salarial.
Ante este panorama, es tiempo de iniciar el análisis de la situación actual, como antesala de un nuevo acuerdo del FEES, porque explícita o implícitamente reaparecerán los cuestionamientos a las universidades públicas y como bien lo afirma Francisco Michavila en su libro Bolonia en crisis, “no hay que esperar a que escampe, a que luzca el sol y mejoren las circunstancias”.
