Violencia en centros educativos

¿Acaso este tema es realmente nuevo? ¿Es que no se ha denunciado por parte de la ANDE reiteradamente la indefensión que sufren los y

En los últimos días se escucha a toda la sociedad costarricense opinar sobre la violencia en las instituciones educativas, a raíz del lamentable y doloroso acto acaecido en una institución privada de la ciudad de Heredia.

¿Acaso este tema es realmente nuevo? ¿Es que no se ha denunciado por parte de la ANDE reiteradamente la indefensión que sufren los y las educadores(as)? ¿No se ha denunciado repetidamente la pérdida de valores en general y en especial en la educación costarricense? ¿La implementación de políticas educativas en función de la competitividad  y del mercado? ¿La proliferación de instituciones de educación superior que gradúan (no forman) profesionales en docencia sin mayor control, ni supervisión de su currículo, con la anuencia y el beneplácito de las autoridades educativas  y del gobierno, que más bien las impulsan y fortalecen?

Nos hemos pronunciado fuertemente sobre las reformas educativas inconsultas, que no coadyuvan en nada a la formación integral y al fortalecimiento de auténticos valores, ni al cumplimiento del inciso a) del Artículo 2° de la Ley Fundamental de Educación, en sus fines de la educación costarricense:

a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.

Dichas reformas se enfocan más en intereses externos, que en los mismos fines de la educación costarricense. Cada día se recarga más a los docentes con tareas administrativas, teniendo que dejar de lado lo académico y sobre todo lo formativo, pues las mismas directrices ministeriales hacen que sea imposible trabajar en estos temas transversales.

Padres y madres de familia que desautorizan y menosprecian a los docentes, quienes siempre fueron un ejemplo a seguir por los adolescentes. Ahora ni en la casa, ni en la institución tienen quien los escuche y aconseje, pues somos desautorizados por los padres y por el mismo Ministerio de Educación Pública.

Que lamentable que deba morir una educadora, para que a este tema se le brinde importancia. Desde hace mucho tiempo dimos la señal de alerta e insistimos en abordar seriamente la problemática y clamamos por replantearnos el sentido de la educación y del modelo de desarrollo de país. No se  nos prestó importancia; pues esto atenta contra grandes intereses financieros, comerciales y políticos.

Y la prensa, que hoy aprovecha para vender más con estas noticias. ¿Cuál ha sido su papel ético, en el fortalecimiento de los valores auténticos del costarricense? y no en vender consumo, violencia, desprestigio, descrédito; ¿cuándo se ha dedicado a resaltar las grandes hazañas que realizan todos los días miles de educadores(as)? y no más bien a resaltar y magnificar los supuestos casos de corrupción que puede haber en el gremio y que nosotros igual repudiamos, pero que la publicidad que se hace influye en crear una atmósfera de repudio general hacia los docentes y que es muy conveniente para sectores políticos influyentes, que necesitan desacreditar todo fuerza social, que se oponga a sus pretensiones liberales y comerciales; entonces, será este adolescente el único culpable social?

Acaso debemos todo, señalarnos y ver cuál es la cuota de responsabilidad que cada quien tiene en este nuevo hecho, que es uno más de muchos otros que se han venido generando en los últimos años, quizás no con consecuencia de tan alta magnitud y directa en contra de una docente.
Se debe hacer una revisión, no para encontrar culpables o chivos expiatorios, sino para cambiar, reorientar políticas en pro de los valores, de una educación humanista, de una comunicación y relación familiar basada en principios espirituales, de una prensa que reafirme más lo positivo y no solo divulgue lo negativo, de un Estado que centre sus políticas públicas, en lo social y en la educación como verdaderos ejes de transformación, políticos que dejen de legislar hacia la alcahuetería, permisibilidad y el facilismo; universidades que retomen la responsabilidad ética de formar profesionales humanistas y con consciencia social.

Si de verdad queremos cambiar estas nefastas corrientes, que van mermando las familias,  las instituciones y la sociedad en general; debemos hacer un alto y responsablemente revisar las políticas que se están aplicando en materia educativa,  de la niñez y la adolescencia, de la prevención, de la recreación y de la salud ocupacional.  

En el año 2006, la ANDE realizó una serie de foros, sobre este tema bajo el título “Violencia en los Centros Educativos, Estrategias para la prevención y la atención”.

Participó el ministro de Educación, Lic. Leonardo Garnier y la Vice-Ministra Académica, Msc. Alejandrina Mata Segreda, profesionales como el Msc. Jaime Robert Jiménez, Director del Postgrado de la Escuela de Psicología de la UCR; Lic. Jorge Delgado Salazar, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito; la Licda. Dulce Umanzor Alvarado, asesora legal de esta misma entidad,  Msc. Elmer Villalobos Yanarela, Educador y Secretario del Consejo Superior de Educación; Dr. Marco Díaz Alvarado, Director del Programa de Atención Integral de la Adolescencia. CCSS; Msc. Carlos Yurán Chavarría Carranza, Psicólogo Social, UCR, Universidad para la Paz y seis jóvenes de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la Violencia.

La memoria de dicha actividad se le entregó oficialmente al señor Ministro de Educación, la cual plantea una serie de situaciones, soluciones, actividades y estrategias para enfrentar dicha problemática.  Pero ¿han sido consecuentes las políticas públicas y educativas con este enfoque? Realmente no, pues se siguen orientando a otros intereses.

El mismo Programa Estado de la Nación en su informe del año 1999 indica:

“Este panorama de las principales características de la violencia en Costa Rica constituyen tan solo una aproximación a la punta del iceberg. La prevención y atención de este flagelo requieren profundizar en la comprensión de sus determinantes socioculturales y manifestaciones cotidianas, para lo cual configura un área de trabajo muy sensible e importante, tanto para la agenda de la investigación nacional, como en lo que concierne a la generación de políticas de atención de la vida que articulan los esfuerzo del Estado y los de la comunidad nacional”, que tenemos en esta alerta después de 11 años, ha disminuido este flagelo o habrá aumentado?
La respuesta es obvia; la vemos y sufrimos todos los días; entonces ¿quiénes serán los verdaderos culpables de que cada día se dé una mayor intromisión de la violencia en la sociedad y en las instituciones educativas?

Por otro lado, existen otras víctimas de esta falta de políticas claras en la prevención de la violencia y somos los y las docentes; pues cada vez se hace más necesario formarse no en pedagogía, sino en derecho administrativo y penal.

Y es que cuando existen denuncias de cualquier tipo contra los docentes, se les reubica inmediatamente, pero si es el docente el que denuncia amenazas de padres o estudiantes, la desprotección y la indefensión son obvias y el MEP siempre estará presto a favorecer y a investigar lo que vaya en contra de los docentes, pero no al revés, ese es nuestro patrón.

Ojalá, que esta lamentable pérdida de una docente, toque el corazón de políticos y jerarcas de Gobierno, para cambiar las políticas y entendamos que si desde la educación se hacen mal las cosas, el producto se verá en el resto de la sociedad y en proporciones mayores y eso es lo que estamos recogiendo.

Estamos a tiempo. La solución es integral e involucra múltiples actores y factores, pero si empezamos por rescatar la educación humanista, podemos llegar a la familia y a los demás ámbitos de esta Costa Rica, que la estamos perdiendo y que no es lo que nos heredaron nuestros padres y abuelos.

Como organización social, no solo hemos hecho aportes importantes, sino que aquí estamos de nuevo, para hacer nuestro mejor esfuerzo y contribuir a detener este flagelo, rescatar nuestra educación y nuestra sociedad, en la cual nacimos y crecimos; siendo dignos representantes de los más altos valores, como organización insigne de los verdaderos padres de esta patria: “las y los educadores”.

 

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