Violencia por abuso de autoridad en escuelas y colegios

La violencia se manifiesta de diferentes formas; una de ellas es el abuso de autoridad ejercido por directores y directoras de instituciones educativas, como

“Este relato es verídico, lo narra doña Dora, madre de familia que ante la coacción sufrida por la directora de la escuela donde estudia su hijo −para que comprara un grupo de libros no autorizados por el MEP,  cuyo valor es de ¢20.000−, se vio obligada a denunciarla. Inició una lucha que lleva casi un año y el caso está a punto de archivarse, porque consideran que no hay mérito en la causa y tampoco se han aplicado las sanciones establecidas por la Ley General de la Administración Pública para el funcionario público que realiza actos contrarios a la Ley. Ha acudido a diferentes instancias, pero no ha logrado justicia y tampoco sentar precedentes. Algunos funcionarios conscientes de la situación han intervenido en su defensa, pero pareciera ser que aquella directora –en palabras de doña Dora- “está blindada, porque no le hacen nada”, todo sigue igual después de un año; los libros están de nuevo a la venta como si no existiera denuncia alguna.Doña Dora ha acudido a diferentes instancias que velan por los derechos de los estudiantes y de las personas en general; sin embargo, las cosas continúan igual y la directora persiste en actos de violencia por abuso de autoridad. Al parecer, quienes pueden hacer cumplir lo establecido se han desentendido del caso y quienes tienen menos poder de decisión son las personas que le han dado importancia a su caso, pero no han logrado que se aplique la Ley. Dice la señora que este año la situación se agravó, pues la directora decidió cambiar de grupo a su hijo. Es un niño pequeño de ocho años  y no comprende por qué lo separaron de sus compañeros; es un cambio que le ha afectado, al punto de no querer regresar a la escuela. Doña Dora expresa que esta decisión no tiene otro calificativo, más que de represalias en su contra, por haber entrado en defensa de los derechos de su hijo. También manifiesta su desilusión ante la falta de respaldo estatal”.

La violencia se manifiesta de diferentes formas; una de ellas es el abuso de autoridad ejercido por directores y directoras de instituciones educativas, como ocurre en este caso. Aquí se ha narrado uno de muchos casos, que como éste ocurren a diario, evidenciando que mientras en el Ministerio de Educación Pública se hacen esfuerzos importantes para combatir la violencia y motivar a los estudiantes a permanecer en las aulas escolares, hay quienes con una ética cuestionable no reflexionan sobre el impacto negativo de sus actos en los y las estudiantes que tienen a cargo, sino que además de debilitar estos esfuerzos del MEP  vulneran los derechos de esta población.

Tanto funcionarios de la educación que propician este tipo de actos, como aquellos que por omisión los toleran, son cómplices de la vulneración de los principios supranacionales (norma 78 Constitucional) que tutelan el Interés Superior y el Mejor Interés de niños, niñas y adolescentes, quienes conforman el grupo poblacional más vulnerable en cualquiera sociedad. Ocurre como en este caso, al pretender obligar a estudiantes de escuelas o colegios públicos a comprar materiales, pues con ello no solo se lesiona el principio constitucional de gratuidad de la educación, ya que mientras la Constitución Política no se reforme está vigente, sino que se arriesga la permanencia de este grupo poblacional en el sistema educativo.

Si esta realidad  ya de por sí es alarmante y desmotivadora, la situación es más desalentadora cuando no se logra en instancias superiores una respuesta proporcional y razonable, que ponga coto a este tipo de arbitrariedades. Siendo así, el usuario no solo tiene que lidiar con el abuso de autoridad  de  algunos administradores educativos, sino que a esto hay que sumarle la ausencia de sanción y la posible impunidad, lo que a su vez generaría una importante deuda del Estado  con la población más vulnerable de la sociedad costarricense.

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