La violencia se manifiesta de diferentes formas; una de ellas es el abuso de autoridad ejercido por directores y directoras de instituciones educativas, como ocurre en este caso. Aquí se ha narrado uno de muchos casos, que como éste ocurren a diario, evidenciando que mientras en el Ministerio de Educación Pública se hacen esfuerzos importantes para combatir la violencia y motivar a los estudiantes a permanecer en las aulas escolares, hay quienes con una ética cuestionable no reflexionan sobre el impacto negativo de sus actos en los y las estudiantes que tienen a cargo, sino que además de debilitar estos esfuerzos del MEP vulneran los derechos de esta población.
Tanto funcionarios de la educación que propician este tipo de actos, como aquellos que por omisión los toleran, son cómplices de la vulneración de los principios supranacionales (norma 78 Constitucional) que tutelan el Interés Superior y el Mejor Interés de niños, niñas y adolescentes, quienes conforman el grupo poblacional más vulnerable en cualquiera sociedad. Ocurre como en este caso, al pretender obligar a estudiantes de escuelas o colegios públicos a comprar materiales, pues con ello no solo se lesiona el principio constitucional de gratuidad de la educación, ya que mientras la Constitución Política no se reforme está vigente, sino que se arriesga la permanencia de este grupo poblacional en el sistema educativo.
Si esta realidad ya de por sí es alarmante y desmotivadora, la situación es más desalentadora cuando no se logra en instancias superiores una respuesta proporcional y razonable, que ponga coto a este tipo de arbitrariedades. Siendo así, el usuario no solo tiene que lidiar con el abuso de autoridad de algunos administradores educativos, sino que a esto hay que sumarle la ausencia de sanción y la posible impunidad, lo que a su vez generaría una importante deuda del Estado con la población más vulnerable de la sociedad costarricense.
