Por Edwin Fernández Gamboa
Filósofo-pensionado
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Ha sido cuestión de tiempo para que surjan los estallidos y las quejas en cualquier campo social, dados la corrupción y los problemas acumulados por cada gobierno, donde solo las “voces autorizadas” pueden provocar una reacción social proporcional al conflicto.
Al indagar, he notado que todos los ciudadanos hemos perdido familiares en los hospitales y centros de salud por “mala praxis médica”. Sí, nos han matado algún ser querido por mala atención y por diagnósticos médicos equivocados. El caso de mi padre es el que más resiento: después de varios diagnósticos errados de médicos privados y de la Caja que solo le recomendaron “tomar aguas frescas”, la enfermedad avanzó y lo consumió en ocho días. Por más que nuestras voces griten en este desierto político, no tienen eco ni repercusión.
Asimismo sucedió con más de 140 personas que fallecieron en el Hospital México por no habérseles aplicado el procedimiento básico de cardiología (mala praxis); sus voces tampoco fueron oídas, ni las de sus familiares… y quién sabe cómo andará el asunto en los demás hospitales del país.
No obstante, esta vez la gran diferencia la marcó la médica y jefa de Cardiología, Sofía Bogantes, al presentar su denuncia ante diferentes medios sin miedo a represalias, tal como hemos hecho los de voces opacas en este “desierto democrático de libre expresión”. La muerte de los 141 pacientes, por negligencia, será indagada por una comisión del Congreso, por la Defensoría de los Habitantes, por el OIJ, por el Colegio de Médicos y otras autoridades. La señora Bogantes merece el mayor reconocimiento por su valentía y sus dotes especiales, morales y éticas como ser humano.
Parece que la mayoría de médicos carecen de vocación y que se inclinan por el prestigio que genera su profesión y los millonarios salarios que ostentan; por desgracia, sus prácticas tienen relación directa con la salud y con la vida humana en donde un error puede implicar un muerto más. Sin embargo, cualesquiera de las áreas de desarrollo y bienestar social de la población, tienen igual valor ético y humano en la comunidad, de modo que cuando un gobierno desatiende los sectores más necesitados y empobrecidos –o evade resolver la pobreza, el desempleo– también es culpable de crímenes a corto y largo plazo por la muerte de ciudadanos que no tuvieron el derecho a una vida más justa.
Hace más de sesenta años que el grueso de la población (que vive un acelerado empobrecimiento, miseria, desempleo, ausencia de vivienda, hambre…) no recibe reformas humanitarias semejantes a las garantías sociales, al Código de Trabajo, a la creación de la instituciones como la CCSS, la UCR, el ICE; por el contrario, los malos patriotas que ostentan el poder atentan contra estas instituciones y obstaculizan sus mejoras y crecimiento. Gobiernos como los de los señores Figueres Olsen, Calderón Fournier, Miguel A. Rodríguez, Arias Sánchez, Laura Chinchilla, Luis Gmo. Solís pasarán al olvido bajo el triste recuerdo de que sus administraciones, lejos de crear una sola ley en provecho de las mayorías como las mencionadas anteriormente (reforma fiscal justa, reforma agraria para los desposeídos, etc), solo beneficiaron a los ricos financistas de las campañas políticas condicionando el desarrollo nacional.
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