El viernes 19 de julio varias decenas de pobladores de la frontera sur emprendieron una caminata de cuatro días llamada la Marcha de la Dignidad. Iban a la capital a entregarle al Gobierno un pliego de reclamos. Otro contingente de caminantes hizo lo propio desde la frontera norte para darles encuentro en San José y pronunciarse juntos. La lista de reclamos iba encabezada por una petición de títulos de propiedad o escrituras. Indudablemente, la titulación podría favorecer a más de uno, pero puede significar la ruina o experiencias desafortunadas para muchos, sobre todo en tiempos de burbujas financieras.
Si el Gobierno entrega los títulos, les cambiará definitivamente la vida a estos ciudadanos. Ya podrán ir a los bancos públicos y privados a estrenar sus escrituras solicitando préstamos, poniendo a responder sus propiedades.
Hoy, sin escrituras, los poseedores de terrenos en las franjas fronterizas no pueden usarlos como prenda para solicitar préstamos hipotecarios, porque son propiedad del Estado. Pero pueden vivir seguros de que nadie los va a ir a sacar de ahí tan fácilmente, porque la posesión de terrenos públicos también otorga derechos. En cambio, en un futuro el banco sí que podría ir a sacarlos, en caso que no cumplan puntualmente con los compromisos del préstamo.Aún más grave que hipotecar las propiedades y perderlas a manos de algún banco, sería que con los títulos de propiedad los terrenos fronterizos empiecen a venderse como pan caliente y pasen a manos de sabe Dios quiénes y con qué intenciones.
Esto resulta particularmente delicado tratándose de las franjas fronterizas por dos razones. Primero, porque estamos hablando de dos porciones de tierra que son estratégicas para la seguridad territorial de Costa Rica (por eso estas franjas de 2 km se encuentran bajo el dominio público desde el siglo pasado). Segundo, porque la realidad social y económica en los pueblos fronterizos es sumamente compleja y los efectos que podría desencadenar la entrega de títulos merecen un análisis profundo y reposado.
Antes que ponerse a repartir títulos de propiedad a ritmo de campaña electoral, las autoridades de Gobierno conjuntamente con la academia tendrían que realizar y publicar un mapeo detallado de todos y cada uno de los terrenos ubicados en las franjas fronterizas, incluyendo un censo exhaustivo de la población, así como de los bosques y humedales. Además, habría que analizar la situación socioeconómica de cada zona, valorando la cobertura y la calidad de los servicios (salud, educación, deportes, recreación, transportes, infraestructura, agua potable, manejo de desechos, protección ambiental, telecomunicaciones, seguridad) y determinando cuáles son las necesidades primordiales de las poblaciones y lo que se requiere para satisfacerlas en los próximos años. Solo así se podría determinar si la titulación de tierras va a resolver en alguna medida los problemas de las comunidades en estas zonas remotas del país, o si más bien promoverá la privatización y venta de ambas franjas fronterizas.
Sinceramente, creo que entregar títulos de propiedad sin más, sería como poner la carreta adelante y matar los bueyes. Estoy convencido de que si primero se desarrollan vías efectivas para mejorar las condiciones de vida y la prosperidad florece, los títulos son irrelevantes. Bien haría el Gobierno en atender primero las necesidades históricas de las poblaciones en las fronteras e implementar otras opciones de préstamos y financiamientos bajo el actual régimen de tenencia, sin que se requieran los títulos.
Como costarricense, no puedo estar de acuerdo con la privatización de las franjas fronterizas y por eso tengo serias reservas sobre la entrega de estos títulos de propiedad en las actuales condiciones. Pero me uno a sus habitantes y apoyo toda acción y proyecto que en realidad contribuya a mejorar integralmente su calidad de vida.
