A ojo de fracciones legislativas, Melvin Jiménez sale fortalecido de crisis

Pese a los cuestionamientos de distintos sectores, el presidente Luis Guillermo Solís sostuvo en el cargo a su Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez

Pese a los cuestionamientos de distintos sectores, el presidente Luis Guillermo Solís sostuvo en el cargo a su Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez y, tras conocer el fallo de la Sala Constitucional, señaló que espera que Jiménez siga haciendo su trabajo «tan bien o mejor de lo que ha hecho hasta ahora». (Foto: Cortesía Casa Presidencial)

Luego de un semestre defendiendo la legalidad de su nombramiento como Ministro de la Presidencia, el exobispo luterano Melvin Jiménez sale, a ojos de los jefes de las principales fracciones legislativas, fortalecido luego de que una sentencia de la Sala Constitucional declarase sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de su nombramiento.

Así lo señalaron, ante una consulta de UNIVERSIDAD, los jefes de las fracciones legislativas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y de la Alianza Demócrata Cristiana, quienes coinciden en señalar que, a pesar de haber cometido errores, Jiménez obtuvo un segundo aire con la resolución de la Sala Constitucional.

El nombramiento de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia fue cuestionado primero por un recurso de amparo y luego por una accion de inconstitucionalidad, ambos interpuestos por el abogado, exasesor de Justo Orozco y fundador del movimiento Inspiración Católica Familia y Vida, Álvaro Orozco.

El abogado cuestionaba el nombramiento y alegaba que, al haber sido obispo luterano, Jiménez no pertenecía al estado seglar, requisito indispensable para ser nombrado ministro de Estado, según el artículo 149 de la Constitución Política.

En un fallo dividido, los magistrados de la Sala Constitucional declararon sin lugar la acción de inconstitucionalidad. El magistrado Fernando Cruz, quien apoyó esta resolución, señaló que el origen del requisito de que los ministros pertenezcan al Estado seglar se remonta a la Constitución de 1847 y que en esa época solo existía en el país la iglesia católica.

“Cuando uno trae la relación histórico constitucional, uno percibe claramente que la norma se dirige a los sacerdotes católicos, no a los de otras denominaciones eclesiales”, afirmó el magistrado.

Sobre los señalamientos de que el fallo introduce una discriminación respecto de otras religiones, Cruz señaló “la exclusión histórica para los católicos, por el principio pro hominem y pro libertad, no la puedo extender a otras religiones que no estaban previstas en la Constitución, eso sería extender la discriminación”.

Para el magistrado, persiste un tema de fondo sobre el cual la Sala IV no se pronunció: “Alguien podría decir que esa norma constitucional es discriminatoria y contraria al Pacto de San José. La Sala no quiso decir que una norma constitucional es inconvencional y declararla inconstitucional, ese no era el tema de discusión, sino determinar cuál es el alcance de la norma en este momento”, puntualizó Cruz.

En un voto salvado de minoría, la magistrada Nancy Hernández  declaró nulo el nombramiento al considerar que el ministro Jiménez no pertenece al estado seglar, al haber sido ordenado pastor y obispo, y que la intención del constituyente era establecer una garantía para impedir toda influencia religiosa en el cargo.

 EL DESAFÍO DE LAS EXTRAORDINARIAS

Resuelto el dilema de la legalidad del nombramiento, la siguiente incógnita es conocer el ambiente que tiene Jiménez ante las diferentes fracciones parlamentarias, en un momento clave para el oficialismo, como es el periodo de sesiones extraordinarias, en donde el ejecutivo tiene la iniciativa para presentar sus proyectos.

Para el líder de la fracción socialcristiana, Rafael Ortíz, los traspiés y errores de comunicación que protagonizó Melvin Jiménez (como el anuncio erróneo de una serie de despidos en el banco Citi, la carta pidiendo a APM Terminals una modificación del contrato y sus comentarios en relación al asesor de campaña Iván Barrantes) fueron parte de la curva de aprendizaje de alguien que no había ejercido un cargo público.

“Creo que el costo político por sostener a don Melvin, a pesar de todas las críticas, ya el presidente lo pagó y refleja la confianza que le tiene. Creo que al salir esta resolución de la Sala IV más bien le da un segundo aire y ahora en este periodo de extraordinarias, donde se necesita capacidad de negociar, se van a medir las aptitudes de don Melvin para manejar las relaciones con el Poder Legislativo y de adelantar la agenda del Poder Ejecutivo”, dijo Ortiz.

El diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, también sugiere que el costo político de sostener a Jiménez al frente del Ministerio de la Presidencia ya fue pagado por el gobierno.

“No hay más costo que lo que pueda determinar la calidad de su actuación a futuro. Nosotros le hemos hecho observaciones sobre falencias y cosas que deben corregirse y uno esperaría que ya él pueda concentrarse definitivamente en sus tareas y superar las debilidades que hasta ahora ha tenido, porque el país necesita grandes decisiones que no se están tomando en parte por ausencia de visión», expresó Redondo.

Para el jefe de la bancada verdiblanca, Juan Luis Jiménez Succar, la relación a futuro con el Ministro de la Presidencia dependerá de que este mejore su capacidad de diálogo con las fracciones. “El ha ido evolucionando y ahora nos hemos reunido un par de veces, pero es necesario mucho más diálogo para entender las necesidades de la principal fracción legislativa y opositora que tiene el país”, señaló el liberacionista.

¿HACIA UN ESTADO LAICO?

Más allá de las operaciones políticas que se avecinan en el Congreso, el fallo de la Sala Constitucional sobre el caso de Melvin Jiménez podría tener consecuencias en el avance o retroceso para que el país se convierta en un Estado laico, en donde la separación entre los asuntos gubernamentales y públicos se separe de las creencias o convicciones religiosas de los funcionarios.

Para el analista político Gustavo Araya la sentencia de la Sala Constitucional crea una discriminación hacia los clérigos católicos que son los únicos a quienes se les prohíbe ocupar cargos como ministros de Estado, mientras que los pastores protestantes, los rabinos judíos y los clérigos luteranos no tienen restricciones.

“Esto podría provocar que los sacerdotes católicos hagan algún tipo de llamamiento desde los púlpitos, ya que si les está vedada la participación política solo a ellos, es un mensaje que no queda claro y que permite entonces a las iglesias protestantes seguir en esa avanzada conservadora o neo-conservadora que tienen y seguir con su papel protagónico y mantener la influencia de sus creencias; es decir, favorece la injerencia de la religión en el ámbito político y con un detrimento en contra de la religión católica», razonó Araya.

Para activistas a favor del Estado laico como la investigadora y profesora de filosofía Gabriela Arguedas, el fallo de la Sala IV era previsible debido a que, a la hora de restringir un derecho político, los magistrados no podían interpretar la norma de manera amplia sino específica del caso en consulta.

 “Sin embargo, era importante tener en cuenta que la restricción que los constituyentes imaginaron en 1847 para que los miembros de la iglesia católica no intervinieran en la política, debe leerse en el contexto actual, en donde los actores religiosos han aumentado su participación política a través de múltiples denominaciones religiosas”, expresó Arguedas.

Según Arguedas, los constituyentes buscaron separar los asuntos de orden religioso de los asuntos de Estado y que esa separación no tenía que ver con un credo en particular, solo que, en aquel momento histórico, solo había presencia de la religión católica.

“Hoy el poder religioso sigue existiendo bajo un prisma de diferentes religiones, y las fracciones de los partidos evangélicos en la Asamblea Legislativa tienen un enorme poder político, argumentan sus decisiones sobre asuntos públicos a partir de sus creencias religiosas. Los liberales del siglo XIX pegarían gritos si vieran que en pleno siglo XXI los diputados llevan la Biblia a la Asamblea Legislativa, justamente eso era lo que los constituyentes no querían que ocurriera y un siglo después seguimos pegados en esta discusión”, razonó Arguedas.

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