Abortado aumento salarial: Deudas estarían tras insistencia de diputados

La presión por las deudas asumidas en la campaña electoral explicarían la tenacidad con que la mayoría de diputados y diputadas oficialistas y de

Sospechan que aumento a legisladores es parte de pacto oficialista-libertario.

La presión por las deudas asumidas en la campaña electoral explicarían la tenacidad con que la mayoría de diputados y diputadas oficialistas y de cuatro agrupaciones aliadas intentaron aprobar un millonario aumento salarial para los legisladores, a contrapelo de la generalizada repulsa de la opinión pública, consideraron fuentes legislativas y analistas.

Incluso algunos sospechan que el proyecto –que buscaba aumentar la remuneración de los legisladores de ¢2.6 a ¢4.3 millones, y llegaría a ¢6 millones al final de este Gobierno-  sería parte de acuerdos ocultos del “pacto de gobernabilidad” firmado entre el Gobierno y el Movimiento Libertario (ML), para aprobar la apertura del mercado eléctrico, entre otros proyectos, y transar puestos en el directorio y comisiones de la Asamblea Legislativa y otros entes públicos. El jefe de la bancada libertaria, Danilo Cubero, lo ha negado reiteradamente.
Pese a haberlo apoyado desde el inicio, la presidenta Laura Chinchilla anunció el 26 de mayo que vetaría el aumento, aprobado dos días antes por el plenario legislativo en primer debate, en momentos que crecía la ola de repudio desde los más diversos sectores del país. La gobernante argumentó que había decidido vetar el aumento porque se había percatado de que a la postre podría beneficiarla con un incremento de su pensión al terminar su mandato. Ello contravendría lo dispuesto por la Ley contra el enriquecimiento ilícito, que prohíbe a los funcionarios legislar o administrar en provecho propio.
Tras el anuncio presidencial, la jefa de bancada del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Viviana Martín, se apresuró a decir que los oficialistas votarían negativamente el proyecto en el segundo debate, una vez que regresara de la consulta ante la Sala Constitucional donde está, con lo cual quedaría archivado.
“No podíamos exponer a la presidenta ante la opinión pública”, explicó a la prensa Martín, quien fue enfática en que la iniciativa tuvo el aval y se tramitó siempre en coordinación con la Casa Presidencial.
Rechazó las críticas de diputados opuestos al proyecto, incluso dentro de la misma fracción oficialista, de que hubo precipitación y falta de estudios que respaldaran el aumento propuesto. Subrayó que desde “el inicio el proceso se realizó en coordinación con la Presidencia, pero por supuesto que hay prioridades, y una prioridad es darle esa total certeza a doña Laura de que no fuera a cuestionarse  su honestidad.”
“Nosotros preferimos hacer primero una modificación de las leyes, y después volver a luchar en el tema salarial”, aclaró la diputada. Agregó que hay convencimiento de las fracciones y “no hay arrepentimiento” de impulsar el proyecto. Se mantendrá la lucha por lograr la equiparación salarial entre el sector público y el sector privado, y entre las instituciones públicas, que es el objetivo buscado, aseguró.
En medio de la lluvia de críticas por el exagerado aumento y la urgencia con que el oficialismo y sus aliados lo pusieron a votación, Martín explicaba que habían encontrado la manera de costear el incremento “sin tocar” el presupuesto de la Asamblea Legislativa (actualmente de ¢26.000 millones). Para ello –dijo- habían identificado una serie de rubros de gastos que se podrían recortar y trasladarlos al incremento salarial. Así podrían reunir los ¢1.500 millones anuales que costaría el reajuste salarial.
De acuerdo con una lista distribuida por el oficialismo el día en que se votó el proyecto, los recortes incluirían gastos en telecomunicaciones, viáticos, transportes, mantenimiento de locales y terrenos, reparación de equipo y mobiliario de oficina, combustibles, alimentos y bebidas, entre otros. Eso totalizaría en el 2010 la suma de ¢870.5 millones, que era la requerida para el aumento este año, según el informe.
Al ser preguntada Martín quién había propuesto el incremento salarial a los diputados, indicó que el tema fue dejado por los legisladores del período anterior, que  dieron prioridad a otros proyectos y no lo aprobaron. Al asumir los nuevos legisladores, la propuesta fue planteada en reunión de jefes de fracción por Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Doña Laura no está incumpliendo la palabra”, dijo Martín, en relación con declaraciones de Céspedes, quien afirmó, tras conocer el anuncio del veto presidencial, que la Presidenta había faltado a su palabra, pues la jefa de fracción oficialista les había asegurado en todo momento que el aumento era apoyado por la mandataria.
“En todo momento (Chinchilla) habló que vetaría si hubiera un problema de financiamiento y hubiera que aumentar los impuestos. En ese sentido no está incumpliendo la palabra. Otra cosa diferente es que envíe un oficio en que nos haga reflexionar de la posibilidad de que ella se pueda ver beneficiada. Más bien la decisión es nuestra, de decir que ante la posibilidad de que ella se beneficie preferimos dejar un proyecto de lado”, remarcó Martín.
Otro que no ocultó su disgusto por la decisión fue el jefe de la bancada libertaria, Danilo Cubero, quien señaló que Martín siempre les dijo que el aumento era apoyado por la Presidenta.
Ante la opinión pública, los ganadores de la disputa por aumentazo de los diputados aparecen el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC), que combatieron el proyecto, mientras que el PLN y su principal vocera en el parlamento se desgastaron al casarse con un proyecto tan impopular, a pocas semanas de iniciado el nuevo Gobierno.
El viraje de último hora minó la confianza entre las agrupaciones agrietando las alianzas políticas conseguidas por el nuevo Gobierno. Martín se debilitó como interlocutora,  lo que complicará las negociaciones del Gobierno con la oposición, señalaron varios analistas.
A lo interno de la fracción oficialista también se evidenciaron fracturas, tras la decisión de los diputados Guillermo Zúñiga, Víctor Hugo Víquez y Óscar Alfaro de retirar apoyo al proyecto. De esta suerte se tensaron aun más los resquemores internos que ya venían desde que algunos diputados manifestaban resentimiento porque Martín fue puesta por la Presidenta Chinchilla como jefa de bancada, y a la vez que le achacan a ésta prepotencia y falta de experiencia, según se comenta en el mismo entorno de la fracción.
El PUSC también se vio fracturado frente al incremento diputadil, mientras que el ML fue la única fracción que se mantuvo unida respecto del tema, pero perdió espacio como partido de oposición y carga con buena parte del costo político (ver recuadro “Estafa político electoral”). Además afloraron a la luz pública tensiones internas respecto de las deudas sin cubrir que dejó la campaña y el pacto firmado con el PLN, con el cual se han manifestado públicamente en desacuerdo figuras como el exdiputado Mario Quirós.
Por su parte, la propia Presidenta Chinchilla salió a medias del barullo, ya que para unos ella demostró su liderazgo al salirle al paso a su bancada y echar abajo el aumento, mientras que otros le critican que reaccionó tarde y obligada por la presión popular.
Martín admitió las heridas dejadas por el veto en las relaciones con las demás fracciones, a las que no obstante invitó a volver a la mesa de diálogo.
 “Evidentemente cuando se ha venido luchando por un proyecto tan importante como éste, y tenemos que sacarlo de la corriente legislativa, por supuesto que eso siempre va a lastimar, y corresponde lograr de nuevo sentarnos en una mesa de diálogo como fracciones. Así que la invitación es seguir construyendo y seguir respondiéndole al país con proyectos concretos”, dijo.

PRESIÓN

José María Villalta, diputado del FA, apuntó que la Presidenta Chinchilla tuvo que dar marcha atrás en el apoyo al proyecto, cuando se vio entre la espada y la pared por la presión popular.
 “De no contar con su apoyo, Liberación nunca iba a impulsar este proyecto. Pero cuando empiezan a ver los problemas que tiene el proyecto, lo impopular que se volvió, la evidente falta de planificación y de recursos para financiar el aumento, doña Laura empieza a dar declaraciones más ambiguas en torno a este tema, y empiezan a volcarse fichas claves del Gobierno en la Asamblea Legislativa como (el exministro de Hacienda) don Guillermo Zúñiga. Realmente a él no le queda otra opción porque él va a ser el abanderado de la reforma fiscal que va a necesitar hacer el Gobierno de doña Laura y ¿con qué cara va a  hablar de ninguna reforma fiscal, si aquí están despilfarrando los recursos públicos sin ninguna planificación, ni ningún estudio técnico?”, apuntó Villalta.
¿Y a qué atribuye el diputado tanto empeño del oficialismo y sus aliados en pasar el incremento salarial?
“Una explicación posible es que hay muchos diputados de estos partidos tradicionales, incluyendo al Libertario, que están totalmente endeudados. Ellos más que rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica, les rinden cuentas a grupos poderosos que les financiaron la campaña política. Esa es parte de la estafa que sufre la población costarricense cada cuatro años, que vota por unos creyendo que van a representar el pueblo, pero vienen aquí a representar  los intereses de grupos económicos que les financiaron la campaña. Y creo que a lo interno de esas fracciones hay presiones muy fuertes de diputados que están con deudas que adquirieron en la campaña y la única forma de saldar eso es apoyando el aumento.”
Por su parte, Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) dijo creer que esto es parte de los acuerdos no escritos del pacto entre Liberación Nacional y el ML. “Evidentemente un proyecto que era muy importante para ambas fracciones, al quitársele el apoyo, debilita ese proceso”, comentó Mendoza, cuya agrupación combatió el aumento.
Opinión semejante expresó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE). Ante la consulta de a qué atribuye la tenacidad que mostraron los aliados del aumento salarial, dijo: “He llegado a creer que existen compromisos previos, que espero que no lleguen hasta la Presidencia de la República.”
“Esa tenacidad en aprobar algo que a todas luces es impopular para mí es porque existen compromisos previos para que se hiciera el alza salarial de esa naturaleza. Incluso no se hasta qué tanto pudo estar incluido dentro del pacto entre los Libertarios y Liberación Nacional, que sea parte de una agenda oculta, y por esa razón esa sordera al clamor popular”, dijo Granados cuando aún no se había anunciado el veto presidencial.
Los diputados del PASE, que al inicio estaban por el aumento, se arrepintieron y dieron marcha atrás al votarlo en contra “atendiendo el clamor popular”.
Al jefe de bancada del ML, Danilo Cubero, se le preguntó si el aumento era parte del pacto firmado con el oficialismo, y lo negó enfáticamente. “El pacto de gobernabilidad no tiene absolutamente nada que ver con temas económicos, ni nada que se parezca.”
Aseguró que ese pacto se mantiene, pero eso sí, van a ser más “minuciosos” en las negociaciones y a revisar con más cuidado la comunicación con el Gobierno, “porque aquí queda algún grado de duda razonable.”


“Fraude político electoral”


La vigorosa reacción de la opinión pública contra el “aumentazo” llamó la atención de los analistas en diversos medios de comunicación, que en particular apuntaron al papel jugado por el ML y los llamados partidos evangélicos (Restauración Nacional y Renovación Costarricense). A diferencia de los del PASE, que se retrajeron, y los del PLN y del PUSC que al final se dividieron, esos partidos se mantuvieron unánimes en el apoyo al proyecto.
De acuerdo con el analista político Víctor Ramírez, ha sido un fenómeno político “extraordinario” lo sucedido con el incremento de los diputados, pues se les han abierto los ojos a muchas personas. “Si se hicieran unas elecciones hoy los resultados serían muy distintos en todos los campos. Hoy hay miles de miles de costarricenses que están indignados, desilusionados, por la opción política por la que votaron. Y uno de esos ejemplos es el de los cristianos y el de los libertarios.”
En particular, Ramírez aseguró que lo de los libertarios ha sido un “fraude político electoral.”
“Fueron el grupo más duro contra Liberación Nacional y se gastaron centenares de millones de colones diciendo que era una cruzada nacional para que Liberación no llegara al poder, para horas después meterse a la cama con Liberación Nacional. Gobernar es negociar y pactar, estoy de acuerdo con eso, pero una cosa es eso en cada caso concreto y otra cosa es lo que estamos viendo: desnaturalizar la democracia de cabo a rabo. Un grupo de nueve diputados libertarios incapaces de decir esta boca es mía durante toda esta discusión (del aumento).”
Agregó que hay que responsabilizar a la clase política de estas cosas, incluida la presidenta Chinchilla.
Para el abogado y periodista Álvaro Madrigal “el caso del Movimiento Libertario es patético.”
“Fue un partido que montó su caudal electoral sobre la tarima de la ética y la moral, con una intensa campaña de descalificación de Liberación Nacional y de su candidata por sus desaprensiones en estos campos. Y hoy, con el tenebroso antecedente de la simulación de un “pacto de gobernabilidad” que tiene todo el tufo de un maridaje económico y financiero, lo envuelven espesas dudas sobre su fidelidad con los electores que creyeron en el pregón redentor de su campaña”, escribió Madrigal.


 

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