Abuelas y madres: rostros del narcotráfico en Costa Rica

Por los malolientes y tenebrosos trillos de algún barrio marginal de Costa Rica, un mensaje secreto es propagado con rapidez: “La abuela está cocinando”.De

Por los malolientes y tenebrosos trillos de algún barrio marginal de Costa Rica, un mensaje secreto es propagado con rapidez: “La abuela está cocinando”.

De pronto, y bajo aparente normalidad, la abuela termina con su “oficio doméstico”.

Pero la realidad es otra: encubiertas en una candorosa imagen de humildad y sabiduría y de estar dedicadas a cuidar a nietos e hijos y a tradicionales labores hogareñas, como bastiones de las familias, “narcoabuelas” y “narcomadres” costarricenses operan pequeños “laboratorios” de droga en las cocinas de sus viviendas y dominan cadenas del negocio al menudeo de cocaína, marihuana y “crack” en gran cantidad de barriadas urbanas y rurales de Costa Rica.

En una estructura regida por la lealtad familiar, una red de proveedores, distribuidores, “mulas” o “burros”, “correos”, cobradores, mensajeros, gerentes de sitio, vendedores, bodegueros, procesadores de mercancías, “cocineras” y una larga lista de cómplices responde a las órdenes de las mujeres que, con mano dura, controlan una parte de las transacciones de drogas al por menor en este país y ayudan a propagar la adicción, principalmente entre jóvenes.

Un informe del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica mostró que de 400 organizaciones de narcotraficantes nacionales y extranjeros desarticuladas de mayo de 2006 a noviembre de 2010 por la Policía de Control de Drogas (PCD), 347 son locales y, de ellas, 124 son clanes familiares. Las cifras siguieron creciendo en el primer cuatrimestre de 2011.

“La abuela y la madre eran antes los bastiones de los hogares”, recordó el comisionado Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública (policía civil) de Costa Rica.“Pero hay un deterioro social y ahora encabezan ‘narcoclanes’. Cuando el clan es desbaratado (por la policía), se capturan a todos y termina por desintegrarse la familia. Unas van a la cárcel de mujeres, otros a la de menores, otros a la de mayores”, describió.

La cifra de “narco-familias” desarticuladas pasó de 94 a 124 de mayo a noviembre de 2010, a las cuales les fueron incautadas más de 700.000 piedras de “crack” de mayo de 2008 a mayo de 2010, según el informe.

En 542 operaciones de ataque al narcotráfico local y foráneo en el año anterior, la PCD detuvo a 94 mujeres y 400 hombres y decomisó 31.788 piedras o dosis de “crack” de un peso promedio de 0.15 gramos cada una, más de 3,5 toneladas de cocaína (266,7 kilos), casi dos millones de plantas de marihuana y 109,4 kilos de heroína, de acuerdo con los datos oficiales.

La figura “narcofamilia” surgió en los últimos años, de acuerdo con la PCD, tras una práctica que fue impuesta por los narcotraficantes colombianos y mexicanos en sus operaciones de contrabando de droga de Colombia a México, vía Centroamérica: entregar pequeños paquetes de cocaína para pagar combustible, transporte, bodega y otros servicios suministrados por sus socios centroamericanos.

Para recuperar la inversión y obtener ganancias, los centroamericanos debieron crear sus propias cadenas de tráfico interno para vender la droga en el mercado local ganancias, y en ese escenario entran las “narco-familias”, según la PCD y el Instituto Contra las Drogas de Costa Rica.

Y en ese sistema, emergen piezas claves de control: la abuela y la madre.

“Las estructuras familiares mafiosas elevan su seguridad. Es más difícil que el padre traicione al hijo o la madre traicione a la hija o el hijo traicione a su madre, que en este caso es la abuela”, afirmó el viceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro.

Con una posición geográfica estratégica entre los más importantes centros de producción de cocaína en Colombia y los grandes mercados de consumo en Estados Unidos, Costa Rica sufre el embate de los carteles del narcotráfico internacional, que utiliza una serie de corredores aéreos, terrestres y marítimos de Centroamérica como pasadizos para el contrabando de drogas.

PROTECCIÓN Y LEALTAD

Andrade relató que la policía llega “al que se expone en vía pública y anda con dos piedrillas de ‘crack’ en la bolsa y cobra ¢500 o ¢1000 ($1 o 2) por cada una. De ahí al que se la lleva en bicicleta, al que lleva el pedazo de cocaína para que sea cocinado y el que lo recibe, hay toda una estructura que cada quien monta de acuerdo con sus posibilidades. Algunos reclutan a su mamá, a su abuela, a sus hermanos, a sus parientes”.

La descripción oficial dibuja un aparato de narcoactividad del núcleo familiar en el que participan abuelas, suegras, madres, esposas de hijos o esposos de hijas, hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas y tíos y tías, y también niños y niñas usados como “burros” y expendedores de la mercancía pero que caen atrapados en la drogadicción: el círculo de la drogodependencia es  total.

Algunos casos del primer semestre de 2010 tienen la coincidencia de madre e hijos. En Siquirres, en el área del Caribe, los agentes detuvieron a una mujer, de 40 años, y a su hija, de 28, y en Aserrí, al sureste de San José, se arrestó a una madre, de 50, a sus dos hijos, de 24 y 26, y a uno de sus ayudantes, en operativos antidroga. En San Vito de Coto Brus, al sur del país y cerca de Panamá, la policía detectó a una mujer que utilizada a sus hijos, menores de 18 años, para vender droga a adolescentes.

Un punto vital de “estas organizaciones criminales es la compartimentación sanguínea. Los nexos sanguíneos hacen que los vínculos sean muy fuertes y hace muchísimo más complejo y difícil combatirlas, con la intervención telefónica. Hacer las precompras (de droga con dinero marcado) es difícil”, puntualizó Navarro.

“Lo más duro”, prosiguió, “es que cuando se captura a la cabeza de familia, ya sea a la madre o al padre, el que sigue en el orden en la casa, un hijo o la misma abuela, continúa con el negocio”, precisó.

De 623 encarceladas en El Buen Pastor, que es la única prisión de mujeres de este país, “la mayoría” enfrenta delitos de narcoactividad, aseguró.

CORRUPCIÓN POLICIAL

Los costarricenses María Nieto y Fernando Calderón trabajan con familias y menores en riesgo en la Pastoral Social de la Iglesia Católica en el barrio Sagrada Familia, uno de los más pobres y conflictivos del sur de San José. Ambos viven en ese populoso suburbio capitalino, rodeado de otros igualmente problemáticos, como Cristo Rey, Barrio Cuba y Hatillo, y conocen de cerca la realidad.

“Hay personas de afuera del barrio que traen la droga para que otros la vendan”, explicó Nieto, al confirmar que existen informes de “cocinas” para producir “crack” en esa comunidad. Lo extraño, alertó, es que los hechos se registran en un sitio que alberga a una de las principales comisarías policiales de San José, aparte de que dispone de una casetilla en un punto estratégico y cerca de casas en las que se trafican drogas.

“Hay corrupción de la policía. A las 12 de la noche, en ciertas esquinitas se vende la droga y la policía está ahí, cerca, y sabe todo. Y esto ocurre no solo en Sagrada Familia, sino en otros barrios de Costa Rica. Estamos inundados de eso y la juventud está perdida. La cosa está fea. Empezando por la autoridad (policial), aquí no tenemos. La autoridad de aquí no sirve para nada”, denunció.

Al respecto, Andrade anunció que investigará la presunta corrupción policial en esa barriada y alegó que la población dispone de mecanismos confidenciales para denunciar el comportamiento irregular de los efectivos, como actos en los que “policías puedan estar involucrados en negocios de venta de droga al menudeo”.

Tras admitir que “es difícil y complicado confiar” en el aparato de gobierno cuando se cuestiona a un funcionario público, reveló que en 2010 se recibieron más de 2.000 denuncias de corrupción policial, de las que 500 fueron tramitadas a procesos disciplinarios “con prueba recolectadas”. Solo por abuso de autoridad hubo 287 causas, informó.

Costa Rica, que abolió el ejército en 1948 y depositó su seguridad en una policía civil cuyo número de efectivos planea aumentar de 12.600 a 16.600 en los próximos meses, registró un incremento de la violencia en los últimos años por el tráfico ilícito de estupefacientes. Las cifras del gobierno muestran que la tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2000 a 11.3 por cada 100.000 personas en 2009.

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