Docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR) reaccionaron ante la noticia de que el pasado 25 de setiembre la presidenta Laura Chinchilla vetó la reforma a varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, conocida como “ley de fotocopiado”.

De hecho, el pasado 3 de octubre el cuerpo docente de la Escuela de Estudios Generales realizó una primera reunión, en la que se conformó una comisión que redactará un documento de posición oficial al respecto.

Cabe recordar que esa reforma fue presentada por el Frente Amplio y ahora la Asamblea Legislativa deberá decidir si aplica un resello al proyecto -el cual requiere el voto afirmativo de dos terceras partes de los diputados presentes-, una figura que constituiría la propuesta de ley por encima del veto presidencial.

Fernando Contreras, escritor y profesor de la Sección de Comunicación y Lenguaje de esa Escuela, expresó a este Semanario que su preocupación va más allá del tema específico del fotocopiado.

“La fotocopia es solamente un soporte físico; si los estudiantes tuvieran acceso a los libros originales, nadie fotocopiaría. El problema es que todo soporte físico de la información empieza a ser vedado o perseguido, sea la fotocopia, el disco compacto u otro formato”, expresó el autor de libros como “Los Peor” o “Fragmentos de la Tierra Prometida”.

EL TLC EN EL FONDO

Otro profesor de Estudios Generales, Jorge Arturo Montoya -de la Sección de Historia- reconoció el hecho de que actualmente “la potestad de sacar fotocopias para estudiar no se puede ejercer sin las fotocopiadoras”; sin embargo, aclaró que el interés de los docentes de esa Escuela no es la defensa de esas empresas, sino del derecho a la información y el conocimiento.

Por otra parte, el catedrático en historia Gerardo Contreras, comentó que el proyecto vetado busca “garantizar que no  haya ningún tipo de persecución contra las personas físicas o jurídicas que deseen fotocopiar” y que ello obedece a que en el texto del TLC “se plantea el tema del derecho de propiedad intelectual y queda claramente establecida la prohibición expresa de fotocopiar y de clonar textos”.

Recordó además que “todos los que hemos tenido el privilegio de estudiar en este país”, en algún momento han tenido que fotocopiar, porque los precios de los textos son “excesivamente altos y por tanto incomprables”, o bien, porque del todo no se consiguen en Costa Rica.

“Absolutamente nadie nos puede quitar el legítimo derecho a estudiar; lo correcto, lo cuerdo y sensato” -según dijo- es que en la Asamblea Legislativa se reselle el proyecto, lo cual sería “una conquista democrática para la sociedad costarricense, pues vendría a fortalecer y ampliar el Estado social de derecho”.

Consultado al respecto, el ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro insistió en que la legislación actual ya contempla la facultad de fotocopiar para estudiar (ver recuadro).

Por su parte, el diputado José María Villalta -principal impulsor de la iniciativa vetada- reconoció que la Ley de Derechos de Autor dice que los estudiantes pueden sacar fotocopias, “pero, ¿cómo sacan esas copias? Según la Ley 8039 es delito tener un centro de fotocopiado con fines de lucro para vender ese servicio a los estudiantes; de manera que si se aplica la ley vigente deben meter a la cárcel a todos los dueños de fotocopiadoras en los alrededores de la UCR, pues sólo se permite el fotocopiado sin fines de lucro”.

Expresó que esos argumentos fueron explicados en la comisión legislativa que estudió el proyecto y el Gobierno nunca refutó nada; “precisamente por eso el proyecto fue aprobado por unanimidad”.

“Lo que pasa es que el Gobierno también sabe que sería un caos social si la legislación se aplica tal como está vigente y por ello no lo ha hecho; pero, el día de mañana en cualquier momento alguien aplica esta ley y cierran todas las fotocopiadoras”, aseguró.

RECHAZO A LA CRIMINALIZACIÓN

El historiador Contreras -autor de libros como “¿Te diste cuenta que…?” o “Semblanzas de luchadores sociales del Partido Vanguardia Popular”- indicó que  desde el momento en que como autor publica un texto, “en buena tesis jurídica y humanística los contenidos de ese texto dejan de ser propiedad privada de mi persona, porque el conocimiento es universal y no patrimonio exclusivo de una persona”.

La también escritora Tatiana Lobo se refirió al tema en un artículo próximo a ser publicado por UNIVERSIDAD. Tras recordar que normalmente los editores se dejan el 90% de las ventas de los textos publicados, afirmó que “criminalizar el fotocopiado encarece el estudio y crea una élite  académica regida, no por la inteligencia, sino por el poder adquisitivo”, con lo cual la juventud talentosa pero pobre “tendrá que conformarse con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),  mientras los tontos con plata ocuparán sus puestos  en la UCR”.

Fernando Contreras afirmó que un escritor es un trabajador más y tiene derecho a ser remunerado por su trabajo, “pero eso no significa que ese derecho mío pasa por encima del derecho de otra persona a acceder a la información” y añadió que estaría dispuesto a renunciar a sus derechos si eso significara tener más acceso a otros autores.

Concluyó que “criminalizar al estudiante y al público en general por su afán de acceso a la educación, es parte de la utopía política del pueblo gobernable con una juventud sin acceso a la educación”.

Fernando Ferraro, ministro de Justicia:

“No hay limitantes de tipo penal a la transmisión de conocimiento”

Por la vía del correo electrónico Fernando Ferraro, ministro de Justicia y Paz, respondió preguntas sobre el tema.

¿Qué otros sectores, además de la Cámara Costarricense del Libro, ejercieron presión para que la Presidenta Chinchilla vetara la Ley?

-El veto es total y responde al criterio técnico del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos (RDA), enviado a la Asamblea Legislativa desde que se le consultó el respectivo proyecto en el año 2010, así como a análisis posteriores realizados por los especialistas del mismo Registro. A estos argumentos se suma el criterio de la Comisión Interinstitucional para la Protección y Promoción de la Propiedad Intelectual (CIPPI), de la cual forman parte instancias como  este Ministerio, el de Ciencia y Tecnología, o el Ministerio de Comercio Exterior.

La ley actual permite el fotocopiado con fines educativos, pero especifica “sin fines de lucro”. ¿Pueden, según esa normativa, funcionar las empresas fotocopiadoras?

-Sí, porque el ánimo de lucro hay que buscarlo en el usuario y no en quien presta el servicio. Así lo explica el RDA y la CIPPI. Si la persona promueve la reproducción de una obra, por ejemplo, mediante su fotocopiado, y lo hace con fines académicos y no para salir a venderlas, su actividad está protegida por la excepción académica, y quien le presta el servicio no incurre en ninguna falta o delito. Es fundamental comprender el concepto de “usos debidos” establecido en la normativa que rige esta materia. El artículo 54 de la ley actual se deriva del segundo párrafo del numeral 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que establece la excepción académica. Las prácticas de la población docente y estudiantil de reproducción no sólo de material bibliográfico, sino visual y audiovisual, están protegidas por la excepción académica.

¿Es deseable desde el punto de vista de fomento del desarrollo y la movilidad social, establecer limitantes de tipo penal a la transmisión de conocimiento?

-No hay limitantes de tipo penal a la transmisión de conocimiento. La normativa que regula la propiedad intelectual y establece sanciones en caso de violaciones, tiene una excepción, la denominada excepción académica prevista en el numeral 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.