Los trabajadores, especialmente de tecnología, serán uno de los grupos laborales más atractivos para la inversión extranjera si se suscribe el TLC.
Notables diferencias reinan en los criterios de expertos, sindicalistas, empresarios y negociadores sobre el impacto que tendría el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos si es aprobado por la Asamblea Legislativa y el Congreso de EE.UU.
El sector empresarial y los negociadores gubernamentales consideran imposible que el Código de Trabajo sea modificado en la práctica y que más bien existen requerimientos que obligarán al país a cumplir todos los extremos de las leyes vigentes.
En cambio, algunos representantes sindicales estiman que en la praxis geopolítica sí se darán relaciones injustas, mientras, algunos académicos hallan aspectos a favor y en contra en el aspecto laboral.
¿BENEFICIOSO O NO?
Gabriela Llobet, Viceministra de Comercio Exterior y negociadora por el país en los temas laborales y de ambiente del TLC, afirmó que el convenio comercial será de gran beneficio para el país tomando en cuenta que habrá una importante generación de empleo. Esta sería regulada con detalle por el texto negociado que está disponible en la página de Internet: www.comex.go.cr (Ver nota aparte: ¿Qué dice el texto?)
En este punto coinciden el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), Marco Vinicio Ruiz, y el especialista en derecho laboral, Óscar Bejarano.
Para Mauricio Castro, abogado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) no se puede analizar el empleo en este tratado solo desde la perspectiva del texto dado a conocer en Internet. Más bien se debe examinar desde las relaciones geopolíticas existentes que determinarán la realidad más allá de lo negociado.
Algo similar interpreta el presidente del Partido Acción Demócrata (PAC), Ottón Solís, quien desaprueba los términos y la forma en que fue negociado el acuerdo.
La expectativa del efectivo cumplimiento de las cláusulas que hablan de una debida regulación de multas que puedan ser interpuestas por las partes -los Estados negociadores-es uno de los tópicos que más inquietud causa a Alexánder Godínez -doctor en derecho del trabajo y coordinador de la Maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad Estatal a Distancia -UNED-, así como Patricia Rodríguez -quien tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad Harvard y es profesora en la UCR y en la UNED.
Estas opiniones se dan cuando el principal sindicato de los Estados Unidos, AFL-CIO, publica en su sitio en Internet que el TLC (conocido también como CAFTA por sus siglas en inglés) es una amenaza ante una eventual pérdida de trabajos en ese país. Lo anterior se daría porque importantes empresas se vendrían a Latinoamérica para reducir costos de operación y pagar salarios más bajos.
Además, se vislumbra un panorama «movido» políticamente, porque un tratado comercial con Australia se acordó la semana pasada con lo que se elimina la posibilidad de que el CAFTA pudiera ver atrasado su trámite en el congreso estadounidense.
El ascenso del precandidato demócrata John Kerry – eventual contendor del Presidente George Bush en la contienda electoral de noviembre próximo-jugaría un papel determinante si el tratado con Centroamérica llega después de dichos comicios para su discusión en el Congreso.
El panorama es complejo tomando en cuenta que el acuerdo comercial deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que lo ratifique el Presidente de la República, Abel Pacheco.
PIEZAS EN MOVIMIENTO
Como en una partida de ajedrez, las relaciones obrero-patronales así como el sistema de seguridad social y de trabajo que han caracterizado al país se reforzarán a criterio de los negociadores del gobierno. Pero el sector sindical considera que será todo lo contrario y llevará al desmantelamiento de una estructura la que hizo a Costa Rica un país diferente.
Gabriela Llobet es una convencida de que «el TLC obligará a garantizar que se aplique la ley, no a cambiarla. Se trata de una armonización».
Para la representante, se lograron acuerdos recíprocos y eventuales sanciones para la empresa que viole la legislación laboral de un país, «por un monto que llegaría a los $15 millones que serán invertidos en la nación «incumpliente» que comenzó el conflicto entre las partes».
Este mecanismo de resolución de conflictos implicará tener -dijo la funcionaria- tres expertos independientes que resolverán el asunto. «Son expertos contratados quienes no constituyen un órgano supranacional», aclaró la funcionaria.
«No se está creando un órgano superior comunitario, sin un procedimiento sobre la resolución de disputas con especialistas independientes de ambas partes».
No obstante, el abogado Mauricio Castro de la ANEP consideró que esto no es cierto porque en la práctica habrá presiones políticas como parte de una estrategia establecida desde hace 20 años para modificar en el Tercer Mundo el sistema de protección laboral.
Para este representante, el capítulo sobre trabajo no está bien negociado, como lo han afirmado los jerarcas de Comercio Exterior y más bien traerá serias consecuencias que ponen en riesgo la estabilidad laboral.
«En primer lugar hay una invisibilización de los costos productivos. Costa Rica compite con salarios más altos como los del Primer Mundo. Ante esto, las empresas nacionales se venden al capital extranjero, se cierran las compañías –porque prefieren hacer inversiones bursátiles– o se convierten al sector económico formal para competir con esas asimetrías», especificó.
Estos cuestionamientos, dijo Castro, fueron planteados ante los negociadores del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y el Ministerio de Trabajo, pero nunca fueron analizados en las mesas de discusión.
CUMPLIMIENTO POR VERSE
Otros aspectos mencionados por Mauricio Castro se relacionan con:
* Concesiones hechas por EE.UU. dentro de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) para reducir o eliminar ciertos aranceles a productos y servicios de Costa Rica. «Este sistema sirve como una presión para amenazar a los países con sanciones comerciales si no cumplen algunas peticiones».
«Estados Unidos, muy hábilmente, obliga a subir estándares laborales para que, al parecer, se cumplan las leyes de cada país latinoamericano.
Lo anterior implica el cumplimiento de algunos convenios «que los mismos Estados Unidos no han ratificado como el de trabajo forzoso y libertad sindical. Tampoco ha suscrito dos acuerdos que tienen que ver con la no discriminación», aseguró Castro.
«Si una empresa incumple con esos estándares y se declara competencia desleal -que puede llegar a una sanción de $15 millones- será pagada por el país al que pertenece la compañía y no propiamente por ésta».
* Otro aspecto que es rechazado por la ANEP es el planteamiento de la cooperación en materia laboral. «Estos programas asistencialistas no tendrán impacto en el cumplimiento de derechos. «No nos resolverán asimetrías de producción. Si se pretende reforzar la inspección de trabajo, no se gana nada si las microempresas no están en capacidad objetiva de competir».
Ante estas proyecciones, el sindicato aseguró que se debe crear un arancel costarricense que piense esa diferencia en términos de costos de producción.
Y, aunque parezca obvio, exigen que se «sancione a las personas correctas y cada parte cumpla con los estándares».
FUERTE CONTRASTE
La Viceministra de Comercio Exterior hizo hincapié en que «los sindicatos gringos ahora están menos felices y los más felices son los de aquí. Pregúntele a Manuel Hernández de la Confederación Rerum Novarum y a Ólger Chávez de la Asociación de Empleados del Banco Nacional (ASEBANA)».
Estas organizaciones sindicales se muestran más favorables ante estos temas que la ANEP.
Igualmente, el abogado laboralista Óscar Bejarano considera que el TLC favorecerá el desarrollo de un ambiente de trabajo más competitivo en el país y descartó que se dé alguna incompatibilidad o injusticia porque los términos en que está redactado este convenio no implican atropello legal alguno.
Marco Vinicio Ruiz, presidente de la Unión de Cámaras, se mostró optimista frente a los cambios que se darían con la suscripción del tratado y dijo que lo conveniente es mantenerse vigilante frente a cualquier irregularidad.
Con una posición un poco más sigilosa que la ANEP pero apuntando hacia un tema en común, el también letrado en este tema, Alexánder Godínez, afirmó que «existe el compromiso de que los principios contenidos en la declaración de 1998 tengan correspondencia con las leyes nacionales. Esto implicaría que el país acelere el cumplimiento de la aplicación de recomendaciones hechas por expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el capítulo laboral».
Hizo hincapié en que la central sindical AFL-CIO «tiene como principal punto defender a los empleados estadounidenses».
Sobre este aspecto, la especialista Patricia Rodríguez aseguró que esta organización quiere «poner un importante obstáculo para evitar que se vayan empleos de EE.UU. al Tercer Mundo».
La AFL-CIO expone en su página de Internet algunos puntos que consideran se están vulnerando con el CAFTA, entre los que se encuentran:
* Transparencia: Este acuerdo está siendo negociado con un pequeño grupo que no pertenece a la sociedad civil.
* Derechos laborales: La firma de este TLC debilitaría los derechos de trabajo en Norteamérica e impactará los bajos niveles laborales.
* Agricultura: Millones de pequeñas familias de agricultores en EE.UU. y América Central serán las perdedoras frente al CAFTA, como ha sucedido con sus similares de México, Estados Unidos y Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
* Ampliación de privilegios corporativos: Este tratado ampliará los derechos de las compañías privadas para demandar a los gobiernos ante potenciales pérdidas de ganancias.
El convenio es usado para forzar a los gobiernos a pagar grandes sumas o solo aprobar legislación en favor de lo comercial.
* Menor valor a los servicios públicos: Por 10 años este tipo de servicios han sido muy cuestionados. El CAFTA propondría establecer reglas que puedan hacer imposible a los gobiernos centroamericanos dar preferencia a los proveedores públicos de servicios. Hay gran oposición a privatizar más servicios en energía, agua, salud y educación en toda Centroamérica».
Texto comprometedor
A grandes rasgos, el capítulo 16 del Tratado de Libre Comerio (TLC) detalla algunos aspectos de protección y compromiso laborales de las partes que se detallan de seguido:
* Compromiso de los negociantes para asumir la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales de Trabajo y su Seguimiento (1998).
* La partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales compuesto por representantes de las partes a nivel ministerial, quienes podrán ser representados cuando sea necesario por sus designados de alto nivel.
* Se crea un Mecanismo de Cooperación Laboral y Deesarrollo de Capacidades que operará bajo un marco de respeto a la soberanía nacional y a los requerimientos internos de cada parte.
* En caso de conflicto, las partes consultantes harán todos los esfuerzos para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria del asunto y podrán requerir asesoría o asistencia de cuaqluier persona u organismo que estimen apropiado con el fin de examinar plenamente el asunto de que se trate.
