Unas 300  familias fueron desalojadas con violencia de la Finca El Aguacate en Liberia, el 22 de julio. Los propietarios cerraron todos los accesos al terreno. (Foto: Fabián Hernández)

En medio de violentos disturbios entre un grupo de pobladores  y un contingente de al menos 50 efectivos policiales, más de 300 familias de la finca El Aguacate en el barrio Guadalupe de Liberia, protagonizaron  el 22 de julio un nuevo episodio en la historia de los desalojos en Costa Rica.

El día de los hechos, vecinos del barrio Guadalupe reportaron  una “desmedida movilización de varias unidades de la Fuerza Pública, entre las cuales se encontraba un helicóptero, dos autobuses de la Unidad de Intervención Policial, así como un autobús con miembros de la seguridad privada”.

Durante los acontecimientos se reportaron más de 130 detenidos, los cuales fueron liberados horas después con medidas cautelares.

Por su parte, la delegación de la Policía de Liberia negó haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza y afirmó que el despliegue de efectivos durante el desalojo fue necesario, para  “aplacar la furia y las piedras que los afectados lanzaron contra los oficiales”.

Dionisia Ruiz : “Lanzaron gases lacrimógenos dentro de las casas, golpearon a la gente y se la llevaron hasta la finca, para decir que se habían metido”. (Foto: Fabián Hernández)

En una visita de UNIVERSIDAD a la finca, tanto sus ocupantes como vecinos de casas aledañas, denunciaron que el hecho produjo decenas de heridos, entre ellos niños, menores de edad y mujeres embarazadas, afectados por los gases lacrimógenos y los golpes, catalogando el desalojo como “un ataque militar”.

“Hubo exceso de agresión de la policía, hubo arrestos masivos y allanamientos arbitrarios a casas de gente vecina que nada tenía que ver con esto; no respetaron niños, ancianos ni mujeres”, denunció Edén Pereira, uno de los detenidos.

“Las medidas cautelares impuestas nos impiden acercarnos a menos de un kilómetro; es una estrategia para desarticular el movimiento”, criticó Pereira.

Mientras tanto, el director regional de la Fuerza Pública de Liberia, Francisco Cordero, alegó que ellos “actuaron de acuerdo al principio de legalidad y contaban con una orden escrita” del Juzgado penal de Liberia.

“Teníamos el reporte que los ocupantes portaban armas de fuego, pero estas no fueron ubicadas, aunque nosotros también sufrimos violencia de parte de estas personas, y tuvimos dos oficiales heridos”, argumentó Cordero.

“Hay muchas familias que han sido engañadas por una persona que les ofrece tierras que supuestamente están desocupadas y les cobra hasta ¢20.000 por familia, prometiéndoles lotes; esta es una finca que tiene dueño y nosotros acatamos la disposición de la jueza Xinia Lobo”, afirmó.

La finca El Aguacate ha sido ocupada desde el 2011 por un grupo de trabajadores de la zona, quienes aducen que “ha estado ociosa desde hace muchos años”, por lo que decidieron trabajarla para el cultivo de tubérculos, maíz y  culantro, entre otros productos.

Según afirman, la propiedad tiene más de 800 hectáreas de extensión, de las cuales únicamente 69 están inscritas. Sostienen que la propiedad ha estado desocupada por 40 años, por lo que reclaman el derecho de posesión para cultivarla.

“QUEREMOS CULTIVAR”

“No somos precaristas, queremos sembrar”, expresó Julio Avilés, uno de los ocupantes de la finca.

“Fui arrestado sin orden ni documentos; no somos precaristas, porque no hay propiedad privada inscrita”, reclamó Avilés.

“No hay propiedad inscrita”, reiteró Geovanny Rivera, un hombre de 35 años que se quejó de haber sido golpeado por la policía, a pesar de haber sufrido un derrame cerebral.

“Tenemos dos años trabajando esta tierra; no es justo que nos golpeen al querer trabajarla”, expuso Hildegardo Espinoza, otro de los detenidos.

Mientras tanto, Francisco Baltodano Cortés aseveró a UNIVERSIDAD que la finca El Aguacate le pertenece, pues es una herencia que le dejó su padre.

Baltodano adujo que  los pobladores han sido “estafados por  alguna gente que trata de venderles la idea que la finca está desocupada, cobrándoles dinero y creándoles falsas expectativas”.

“La finca perteneció a mi padre, Gustavo Baltodano Estrada (conocido en la zona como Calá) y al morir, yo quedé como propietario registral de la misma”, advirtió.

Con documentos en mano, Baltodano Cortés accedió a una breve entrevista en una acera cercana al Parque de Liberia; no fue posible convencerlo para que se dejara tomarle una fotografía y puso como justificación “tener miedo”, por haber recibido amenazas contra su vida.

Mostró copia de un plano catastrado, en el que se indica que la propiedad está registrada a nombre de su abuelo Enrique Baltodano Briceño, con una extensión de 320 hectáreas.

“Esta finca la trabajó mi padre con gran cariño, quien a su vez la heredó de mi abuelo; los problemas  de esta gente siento yo que terminaron de acelerar su muerte”, acotó.

“No es cierto que la finca esté desocupada ni que tenga más de 800 hectáreas; teníamos ganado, pero esos precaristas se metieron y se comieron más de 20 vacas; además, nos destruyeron un cultivo de sandía con un valor de ¢4 millones”, lamentó Baltodano.

Aunque dirigentes comunales han comparado este caso de la finca El Aguacate con casos similares en fincas ubicadas en Upala y Pijije de Bagaces, consideran que en este caso es diferente, ya que tanto él como sus hermanos siempre han estado al cuidado de la finca.

“El latifundio  roba espacio”

La tenencia de la tierra es una constante en Guanacaste; es un fenómeno alimentado por el latifundio que siempre ha estado presente y que le quita espacio para cultivar al pequeño y mediano productor, afirmó a UNIVERSIDAD Carlos Cabezas, secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT).

En una conferencia de prensa realizada un día después de los hechos, Cabezas y el dirigente comunal Carlos Coronado, adujeron “intereses” políticos detrás del desalojo, dado que “la finca cuenta con importantes nacientes de agua”.

“El Ministerio de Seguridad, al que pertenece la Policía, representa una actitud colaboracionista con los empresarios, al margen de la legalidad; esta actitud nos señala una falta de sensibilidad del Gobierno con relación al problema de la tenencia de la tierra”, reprochó Cabezas.

A su parecer, el desarrollo de grandes complejos inmobiliarios y hoteleros en Guanacaste, así como la acción de las políticas neoliberales del Gobierno, hace que el tema de la tierra opere de acuerdo con “los vaivenes del mercado”.

Según Cabezas, el derecho de posesión en tierras ociosas está salvaguardado en la legislación costarricense.

En su opinión, “hay una gran deuda social del país con los campesinos; este tema se le ha dejado a las estructuras de poder”.

Historia de desalojos:

Marzo 2012: Un tercer desalojo ocurrido en la finca Medio Queso, en el cantón de Los Chiles –zona norte− generó disturbios entre los campesinos, la Fuerza Pública y miembros de seguridad privada.

Enero 2013. Un grupo de trabajadores de la empresa Matas de Costa Rica se enfrentaron con la Policía de Siquirres y de la seguridad privada. Se reportaron al menos 6 heridos.

Julio 2013. Más de 300 familias fueron desalojadas de la Finca El Aguacate en Liberia.  Los vecinos reportaron varios golpeados, así como mujeres y niños afectados por los gases lacrimógenos. Hubo más de 130 detenidos y al menos 47 tienen medidas cautelares. Este es el tercer desalojo ocurrido desde setiembre del 2012.