Tribunal ambiental podría quedar paralizado varios meses si la Sala Constitucional ordena suspender audiencias.

El profesor de derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica, Álvaro Sagot, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, para solicitar que las audiencias del Tribunal Ambiental Administrativo sean públicas.

La acción presentada por Sagot y las alumnas del curso de derecho ambiental, Esther Badilla y Karina Rodríguez, fue acogida el pasado mes de octubre, sin que hasta el momento el Tribunal Ambiental haya recibido una aclaración de qué debe hacer con las audiencias.QUE SEAN PÚBLICAS

Sagot explicó a UNIVERSIDAD que actualmente el reglamento que rige el Tribunal Ambiental establece que las audiencias son privadas, es decir, que solo pueden participar las partes involucradas, lo cual considera una limitación al derecho que tienen los ciudadanos a seguir los detalles de los juicios.

“Tanto en el antiguo local como en el actual, la sala de juicios del Tribunal Ambiental es pequeña, incómoda y sin espacio para recibir a más gente que las partes, lo cual consideramos incorrecto, pues el tema ambiental es de claro interés público”, afirmó Sagot.

“Cualquiera debería tener derecho a presenciar los juicios, como sucede en las instancias penales y otras, y no ser un derecho reservado”, acotó.

En la acción presentada, el juez del Tribunal Ambiental, José Luis Vargas, aseguró al cierre de esta edición (22 de noviembre), que la Sala Constitucional no ha respondido a la solicitud de aclaración que le han formulado sobre este tema.
Sin embargo, dicho tribunal sí recibió la recomendación de la Procuraduría General de la República (órgano defensor del Estado) de suspender todas las audiencias, hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva la acción presentada por Sagot.
Vargas indicó que el Tribunal continuará con las audiencias mientras no reciba la aclaración, ya que son muchas las que tienen pendientes de aquí a que finalice el año.

“Estamos realizando de una a dos audiencias diarias de aquí a diciembre, y seguiremos mientras esperamos que nos aclare la Sala; pero, si nos prohíben hacer las audiencias, definitivamente nos paralizarían”, afirmó Vargas.
Para Sagot, la Sala Constitucional fue muy clara al acoger la acción presentada, e indicó que lo que no puede hacer el Tribunal Ambiental es llevar los juicios hasta el final.

«En los procedimientos en que se discute la aplicación de lo cuestionado, que no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Lo único que no puede hacerse en dichos procesos donde se discuta lo cuestionado, es dictar sentencia», dice el documento.

“Nos parece que el que se suspenda eso no limita a que se tomen medidas cautelares; la resolución de la Sala Constitucional dice que no pueden llegar al dictado final, pero no impide darle trámite”, explicó Sagot.

El académico reconoció que la acción presentada podría generar atrasos en los procesos que lleva adelante el Tribunal Ambiental, pero aseguró que esto más bien debe servir para hacer presión, y que la Sala resuelva lo antes posible.

El Tribunal Ambiental tiene diversos procesos pendientes, entre los que se encontraría la eventual acusación contra Autopistas del Sol, por los daños ambientales a la zonas de protección valorados en ¢581 millones, tal y como lo publicó UNIVERSIDAD semanas atrás.