Acciones legales y sociales acompañarán proceso de Orlando Barrantes

Dirigente se encuentra hospitalizado por problemas de salud.

El proceso judicial que enfrenta el dirigente campesino Orlando Barrantes −que lo mantiene en prisión preventiva durante seis meses, luego de ser condenado a 12 años de cárcel− es visto por diversos sectores como una condena totalmente injusta, por lo que se están organizando una serie de acciones legales y sociales.

Barrantes fue condenado el pasado 16 de setiembre, junto a Iván Angulo Vargas, regidor municipal de Pococí, bajo el cargo de secuestro extorsivo en el 2000, y se les aplicaron los seis meses de prisión preventiva hasta que la sentencia quede en firme.

Durante 15 años, el dirigente social ha sido expuesto a tres juicios, pues en el año 2000 siendo dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores (Conatrab) –organización que agrupaba a los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón− el sindicato bloqueó la ruta 32, debido a que el gobierno no resolvía sus demandas; luego de enfrentamientos entre campesinos y policías, fueron retenidos oficiales de la Fuerza Pública.

A Barrantes y Angulo se les ha acusado todo este tiempo de ser responsables de influir en los participantes para que cometieran dicho acto.

De acuerdo con Azucena Barrantes, hija del dirigente, en el tema legal los abogados están trabajando en la definición de estrategias, a la espera de que la Sala Constitucional resuelva el hábeas corpus presentado por los diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Gerardo Vargas, del Frente Amplio, para que los condenados se puedan defender en libertad.

Las pruebas presentadas por los demandantes son las mismas del juicio anterior. Lo que pasó es que ahora los condenaron, y recientemente salió a la luz pública que el tribunal penal estuvo conformado por una secretaria administrativa que se acaba de graduar de abogada y no tiene ninguna experiencia legal, por una jueza que tiene una plaza de fiscal y el presidente del tribunal que es un juez agrario.

Por otra parte, se conformaron comisiones de trabajo para impulsar iniciativas de apoyo al proceso, entre ellas de comunicación, que se hace cargo de la información en las redes sociales y la comisión de legal. Para este miércoles se organizó una marcha desde Guadalupe hacia la Casa Presidencial y desde las 6 de la mañana en la zona de Siquirres.

Apoyo sectorial

Para Carlos Cabezas, de la Central General de Trabajadores (CGT- Costa Rica), este juicio fue injusto por varias razones: los jueces responsables de la sentencia basaron su decisión en los testimonios infundados y contradictorios de dos de los policías retenidos y no tomaron en cuenta las manifestaciones de los otros policías, del jefe de la Fuerza Pública, otros testigos y el entorno y ambiente donde se sucedieron los hechos.

“Condenamos el caso como una farsa, absurdo, disparatado y sin justificación; el Poder Judicial se ha quitado la careta, alejándose de los principios que enarbola, demostrando más bien su interés y complicidad en darle escarnio, a manera de ejemplo, contra dirigentes populares”, reprochó Cabezas.

Por su parte, en la asamblea del Partido Frente Amplio emitieron una resolución de apoyo al dirigente campesino, en la cual condenan la medida de cárcel provisional y la condena en sí, por responder a una intención política de amedrentamiento a las dirigencias de movimientos populares.

En la resolución de su asamblea determinaron sumarse a la campaña de solidaridad y divulgación sobre la situación de Barrantes, hasta que recupere su libertad y sea declarado inocente de todos los cargos, así como denunciar el injusto encarcelamiento en todos los espacios y organizaciones internacionales con las que el partido tenga relaciones.

“Para nosotros este caso roza los límites de lo personal, porque hemos visto como se ha convertido en un juicio político; son 15 años de persecución y como costarricenses debemos estar preocupados por el futuro del país y la libre expresión. Es importante que pongamos atención a lo que está sucediendo, nos mandan un mensaje clarísimo, quien se manifieste por los derechos puede ir a la cárcel y eso es gravísimo”, concluyó Azucena Barrantes.

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