Acreditación es el gran pendiente de la educación superior

Las universidades estatales son las que concentran la mayor cantidad de carreras acreditadas en el país. (Foto: archivo)La acreditación de la calidad en los

Las universidades estatales son las que concentran la mayor cantidad de carreras acreditadas en el país. (Foto: archivo)

La acreditación de la calidad en los contenidos que ofrecen las universidades públicas y privadas en el país, sigue como una gran tarea pendiente para la educación superior costarricense, si se considera el bajo porcentaje de carreras que cuenta con este sello de calidad.

Los datos del último informe del Estado de la Educación muestran que en los 13 años de funcionamiento del Sistema Nacional de Acreditación (Sinaes) se logró la adhesión al sistema de solo un tercio del total de universidades existentes en el país.

En cuanto a carreras, dicho estudio señala que actualmente solo el 5,7% de los programas académicos que se ofertan en las universidades están acreditados, de los cuales la gran mayoría se concentra en las universidades estatales.

Mientras el Sinaes realiza esfuerzos por mejorar sus métodos y atraer a más instituciones hacia la acreditación, la Universidad de La Salle tiene presentado un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad en contra del sistema, que ha abierto la discusión sobre la pertinencia del actual modelo que vela por la calidad.

CALIDAD ESTATAL

Según las cifras del Estado de la Educación, para el 2011 se contabilizaron en el país un total de 62 instituciones de educación superior: 5 universidades públicas, 52 privadas y 5 instituciones internacionales.

Pese a ser solo 5 universidades estatales, estas concentraron en el 2011 el 47,6% de los estudiantes inscritos en la educación superior del país, que según el dato numérico del informe fueron 195.364, aunque las cifras solo agrupan a las universidades públicas y a 41 centros privados.

En lo que corresponde a carreras, se contabilizaron 1165 (26 más que en el 2010), de los cuales 616 fueron aportadas por las universidades estatales, mientras que las restantes 549 corresponden a los centros de enseñanza privada.

De estos programas, hasta marzo del 2013 el Estado de la Educación contabilizó 68 acreditados y 34 reacreditados, provenientes de 11 de las 19 universidades que integran el Sinaes.

El 73,5% de las carreras acreditadas y el 64,7% de las reacreditadas pertenecen a las universidades que conforman el Consejo Nacional de Rectores (Conare), pues la Universidad Técnica Nacional aún está en proceso de integrarse a esta agrupación y al Sinaes.

Las carreras de Ingeniería (23,5%) y Educación (22,1%) son las que concentran la mayor cantidad de carreras acreditadas, seguidas por Recursos Naturales (13,2%), Ciencias de la Salud (13,2%), Ciencias Económicas (10,4%) y Ciencias Sociales (10,4%).

“SINAES ES EL RITEVE DE LA EDUCACIÓN”

Para el vicerrector académico de la Universidad de La Salle, Rafael Ángel Pérez, el “monopolio” de la acreditación que se ha creado para el Sinaes y los altos costos de estos procesos, son los responsables de la baja acreditación de carreras en el país.

Es por esto que La Salle presentó este año una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (IV) contra la ley del Sinaes, pues consideran que las universidades deberían tener la posibilidad de escoger en qué agencia acreditarse.

“Nosotros habíamos acreditado dos carreras con otra institución (el Sistema de Acreditación de la Enseñanza Superior Universitaria Privada de Costa Rica, Supricori), pero eso no nos lo acreditó el Sinaes, lo que significa que en Costa Rica solo el Sinaes puede acreditar”, afirmó Pérez.

Esa universidad también alega que hay una “discriminación negativa”, al existir un beneficio de mayor puntaje para las personas graduadas de carreras acreditadas en los concursos públicos, que en este momento −dada la escasa acreditación− se reduce a un grupo muy pequeño.

Otro de los argumentos en contra del actual sistema de acreditación es el costo, ya que   según Pérez, el acreditar y mantener acreditada una carrera es muy caro para universidades pequeñas, a pesar de que en el caso de la Universidad de La Salle, se trate de una institución sin fines de lucro.

“En una universidad como la nuestra, de 1100 estudiantes, el costo de la acreditación nos llevaría a elevar el costo de matrícula en casi un 50%, pese a que tenemos una política de mantener esos costos bajos. No tememos a la acreditación, pero nos preocupa que el Sinaes sea el único ente que pueda acreditar”, expresó.

En su alegato ante la Sala IV, la mencionada universidad afirma que acreditar sus 11 carreras ante el Sinaes tendría un costo de $126.300 para un periodo de 3 años, y a esto hay que sumar $19.000 anuales por el mantenimiento de la acreditación, lo cual consideran privativo para sus presupuestos.

La acción de inconstitucionalidad y el recurso de la Universidad de La Salle fueron acogidos para estudio por la Sala Constitucional, y en las coadyuvancias ha puesto de frente a las universidades públicas y privadas que integran y apoyan al Sinaes, con las universidades privadas que objetan el actual sistema.


Sonia Marta Mora, presidenta del Sinaes:

“La educación es nuestra marca país y no es algo que podamos dilapidar”

Sonia Marta Mora, presidenta del Sinaes, rechazó que la acreditación en el país esté en manos de un monopolio, como argumentan algunas universidades privadas. (Foto: Sinaes)

Si bien reconoce que el actual Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) requiere ajustes− que ya están en marcha−, para la presidenta de esta entidad, Sonia Marta Mora, el país no puede darse el lujo de perder la garantía que representa la acreditación en Costa Rica.

Mora asegura que ya se han realizado evaluaciones al sistema de acreditación, lo que ha motivado el que se analicen algunos ajustes que permitan a más instituciones educativas acercarse a la acreditación.

Para esto, el Sinaes trabaja en una simplificación de sus procedimientos, que no implique desmejorar la calidad, y ha emprendido una campaña para que la población entienda mejor la acreditación y sus beneficios.

“El ciudadano tiene pocos instrumentos para saber si lo que dice la publicidad de una universidad es cierto o no. La acreditación explicita parámetros y procedimientos, convoca a pares independientes y emite un certificado que asegura que hay armonía entre lo que la universidad ofrece y lo que realmente pasa en las aulas”, afirmó.

Para Mora, el costo no debería ser una excusa para no acreditar carreras, pues en su criterio, una universidad seria debería contemplar esta inversión en sus presupuestos, dado que la acreditación en muchos casos implica inversiones de mejora en infraestructura, equipos y personal docente, todo en beneficio de los estudiantes.

Pese a esto, el Sinaes viene valorando la aplicación de mecanismos que reduzcan aún más los costos de acreditación: como descuentos si se inicia el proceso en varias carreras, o la acreditación conjunta de carreras que sean semejantes.

También se valora la utilización de fondos del Sinaes para apoyar a las instituciones en este proceso, el cual −según asevera Mora− es asumido en dos terceras partes del costo por el sistema en la actualidad.

Sobre los argumentos planteados por la Universidad de La Salle, rechazó que el Sinaes sea un monopolio, en vista de que la ley permite la existencia de otras agencias de acreditación, siempre que no tengan estándares menores a los de la agencia oficial estatal, para así evitar el surgimiento de acreditadoras que sean complacientes.

Mora también criticó que existe un intento de confundir la acreditación del Sinaes con las autorizaciones de funcionamiento que da el Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup), por cuanto sus ámbitos son totalmente distintos.

“Acreditarse no es pagar para tener un pequeño diploma, sino tener a su haber una asesoría de altísimo nivel, con pares internacionales y un plan de mejora que las universidades ven como una gran oportunidad”, aclaró Mora.

La presidenta del Sinaes también defendió el derecho que tiene el Estado costarricense a privilegiar a los profesionales formados en carreras cuya calidad ha sido certificada, lo que no significa que los graduados de otras carreras sean descartados del todo en las contrataciones.


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