Las mujeres que caminando esta semana por San José sean víctimas de acoso sexual, deberán enfrentar un complejo proceso burocrático para establecer su denuncia y tendrán la certeza de que su agresor recibirá solamente una multa económica.
En la actualidad, el Código Penal de Costa Rica considera que el acoso sexual es una contravención y no un delito. Una contravención es cualquier acción que quiebre la ley y ponga en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerada de menor gravedad que un delito.
Esta pena de días multa variará según dos factores: cuántos días asigne el juez y cuál es el valor económico de un día multa. Cada caso se analiza por aparte, tomando en consideración los ingresos de cada persona, con la salvedad de que cada día multa no podrá exceder un 50% del ingreso diario del sentenciado.»¿Qué es lo que la norma nos está diciendo? Que esto no es tan grave como para que haya una sanción ante una conducta como el acoso», explicó la abogada Larissa Arroyo, especialista en derechos sexuales y reproductivos.
Desde hace varios meses, un colectivo de activistas contra el hostigamiento y el acoso sexual barajan opciones para cambiar esto dentro de la legislación costarricense, elevando los improperios y los gritos a media calle a delito mediante una nueva ley.
El pasado martes 13 de octubre, este colectivo de agrupaciones realizó una actividad en la Asamblea Legislativa para iniciar con la mesa de trabajo que trabajará este proyecto de ley que logre incorporar las regulaciones sobre el acoso sexual callejero.
El grupo, todavía autodefinido simplemente como una «unión de colectivos feministas» pero que esperan presentar formalmente su nombre a finales de este mes, apuntará hacia el Código Penal como el principal instrumento para encontrarle una solución jurídica al vacío existente.
«Estamos preparando la mesa de trabajo para ver cuáles diputados van a estar con nosotros, que venimos desde la sociedad civil», explicó Tatiana Saprissa, vocera del colectivo.
La discusión sobre el acoso y la violencia sexual ganó relevancia la semana pasada, luego de que el joven Gerardo Cruz denunció el acoso callejero de un hombre que grababa bajo la falda a una mujer que caminaba por San José y, tres días después de divulgar el video por redes sociales, recibió dos puñaladas sin indicios de mediar un intento de asalto.
La reacción en cascada inició justo cuando Cruz intentó visibilizar la violencia sexual callejera y encontró eco en redes sociales, personalidades públicas y muestras de apoyo en las afueras del Hospital Calderón Guardia, donde fue atendido el joven.
«Esto ya lo estamos trabajando desde hace algunos meses, pero los hechos de los últimos meses actualizaron el tema y se le ha estado dando más visibilidad aunque por un motivo lamentable», explicó Saprissa.
El acoso sexual callejero es un problema ampliamente extendido por la sociedad costarricense. Según datos de la Encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva del año 2010, más de siete de cada diez mujeres ha experimentado «piropos», expresiones orales de violencia sexual o miradas insinuantes en la vía pública y en el lugar de trabajo o de estudio.
A nivel más amplio, la última encuesta especializada sobre violencia contra las mujeres (llevada a cabo en 2003) mostró que el 57,7% de las mujeres encuestadas reportó haber sido víctima de al menos un incidente de violencia física o sexual en algún momento de su vida desde los 16 años.
¿Qué es lo que se está diciendo? Que esta problemática no es tan grave como para que haya una sanción ante una conducta como el acoso.
Larissa Arroyo, Abogada especializada en género
Cárcel como extremo
«La idea no es enviar hombres a la cárcel, porque por miedo a la cárcel nadie deja de hacer cosas y no es una medida de conciencia», apuntó Saprissa.
¿Qué pasaría si una persona resulta culpable de acoso sexual si esto fuera un delito en vez de una contravención? Eso dependerá de la redacción del proyecto de ley y del texto que finalmente apruebe la Asamblea (si llegara a hacerlo) pero involucraría un medida de «dos pasos».
En primera instancia, el delito tendría una pena que se traduciría en encarcelamiento. Sin embargo, las activistas prefieren que los jueces tengan la opción de dar medidas alternas al cumplimiento de la sentencia en prisión, como sensibilización.
«A la persona en sí que cometa el delito, la pena pondría algún tipo de trabajo comunal, de ayuda o cooperación con algún centro de mujeres que tenga que ver con el tipo de crimen», explicó Saprissa.
Sin embargo, las activistas tienen claro que como con cualquier otro delito, si hay agresores reincidentes deberán pasar tiempo en prisión.
En la actualidad, el Código Penal incluye las palabras o actos obscenos, los tocamientos y el exhibicionismo en el artículo 385, donde reciben el mismo tratamiento que quien se presente borracho en un lugar público.
Para la abogada Arroyo, el tema de la prevención de la violencia y el manejo por parte de las autoridades es fundamental y esto debería estar contemplado en cualquier modificación que se haga.
«Es necesario hacer sensibilización y capacitación al Poder Judicial, no solo a los jueces que verán los casos sino también a los policías que están en la calle», apuntó la abogada.
Marchas reclaman desde las calles respeto a mujeres
Entre el viernes y el domingo pasado, dos marchas tomaron las calles de San José exigiendo un alto a la violencia contra las mujeres en Costa Rica y acciones más puntuales de las autoridades para garantizar espacios seguros.
Con el lema de «¡Alto al acoso callejero!» un movimiento liderado por distintos colectivos feministas convocó el viernes por la noche a decenas de personas por la Avenida Segunda y los bulevares de la avenida Central y la avenida Cuarta.
Como parte del recorrido, las manifestantes llegaron hasta las instalaciones del Diario Extra, ubicado en San José centro, para reclamar por la utilización del cuerpo de la mujer en las páginas del periódico.
«La Extra no identifica que poner una mujer en hilo puede afectar a tal punto para llegar al femicidio. Habría que hablar no solo de una reforma al acoso callejero, sino una reformación al sistema jurídico para que los medios de comunicación tengan un límite para eso», explicó Arroyo.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) presentado el 8 de octubre analizó las políticas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en Costa Rica y determinó que las políticas han sido hasta ahora insuficientes.
Mediante un comunicado tras el informe de la CGR, el Instituto Nacional de las Mujeres explicó que «el informe de la Contraloría incluye en su análisis una actualización de 20 indicadores (de 49 en total) en el que muestra 13 indicadores con avances y sólo 7 con desmejoras, es decir, no es un análisis del cumplimiento del plan en su totalidad».
Las manifestantes recordaron que durante el 2015 han muerto 15 mujeres víctimas de femicidio.
El domingo se realizó otra marcha, en apoyo al accionar de Gerardo Cruz y también exigiendo un alto a la violencia contra las mujeres en el país.
0 comments